Uribe renuncia a su escaño en el Senado colombiano tras su arresto domiciliario

Pareciera esto como una final de la Champions, en la que algunos jugadores aceptan jugar con VAR mientras otros rechazan el recurso, pero además varias pelotas van rodando por la cancha al mismo tiempo. En otro punto de este veloz y complicado escenario jurídico le fue negado a un copartidario del exsenador el recurso de habeas corpus que interpuso ante la justicia en Montería –zona donde está la hacienda de Uribe Vélez, donde reside- para que le fuera concedida la libertad inmediata. Y en jugadas previas fuera de la cancha, seguidores del exsenador interpusieron el viernes pasado 280 tutelas y se esperan otras 200 esta semana, generando más carga y presión sobre la Corte Suprema.

Confundidos, los colombianos ya no saben dónde trazar la línea que separa los hechos jurídicos de los hechos políticos , característica de la manera como se llevan este perfil de casos en la justicia colombiana. Como se sabe, el infierno jurídico está en los detalles, más que en los titulares, que mueven opinión y generan presión, pero no necesariamente aclaran el futuro del hoy excongresista.

Lo que sigue, que se espera sea rápido, es que la Corte Suprema defina si, a pesar de haber renunciado a su curul, ésta aún tiene competencia sobre el caso y mantiene la medida de detención domiciliaria sobre Uribe Vélez o, si pierde el fuero alegando que los hechos que se le imputan sucedieron sin relación con su rol de senador, por lo cual el asunto pasaría a la justicia ordinaria.

Esa era la jugada esperada por los detractores del expresidente y trazada dentro de la estrategia jurídica de su equipo de abogados: llevar el caso a la Fiscalía, en manos de Fernando Barbosa, un alfil del presidente Iván Duque y destacado miembro del Centro Democrático que pasó de ser consejero presidencial al cargo que hoy tiene, lo que le podría significar un tratamiento más equilibrado, a juicio de los uribistas, o amañado, si se le pregunta a sus detractores. Como sea, abre otro curso para su proceso y lo dejaría en libertad para defenderse y hacer política desde la banca.

Para el constitucionalista Héctor Riveros : «La discusión jurídica es técnica y hay que esperar lo que diga la Corte. Hay dos interpretaciones en torno a si los hechos que investiga tuvieron que ver con el ejercicio de la función del entonces senador Uribe. Sin embargo, esto más que un mecanismo jurídico de defensa es una estrategia política de desinstitucionalización y amenaza al poder judicial.

El expresidente Uribe cree que, si la Corte decide mantener la competencia, eso le permite llevar la tensión con la Suprema a su máxima expresión alegando que es una persecución en su contra , que aun renunciando a su fuero insiste en mantener su competencia. Eso se traslada de inmediato a una denuncia penal ante la Comisión de Acusaciones del Congreso, denunciando a los magistrados por prevaricato y usurpación de competencias, llevando así el debate al escenario puramente político, sacándolo del espacio jurídico. Esta tensión llevaría la situación a un punto de desestabilización que empieza a ser grave para el sistema político colombiano en general, para la estabilidad de los negocios y para el país.