Trump desmonta los grandes acuerdos comerciales con EE.UU.

No será por falta de reiteración. Donald Trump empieza a llevar a la práctica la máxima que proclamó bajo la cúpula del Capitolio el pasado después de jurar su cargo el pasado viernes: «Comprar americano y contratar a americanos». Con la determinación de «beneficiar a los trabajadores», un mensaje paternalista que tampoco va a abandonar, Trump excluye a Estados Unidos del que iba a ser el mayor acuerdo comercial del mundo y a abrir el mercado norteamericano a Asia, un espacio que suprimía las barreras al 40% del tráfico de productos y en el que se encuentran aliados asiáticos tradicionales como Japón. En el fondo late también el combate de Trump a la competencia desleal que a su juicio protagoniza China, lo que podría conducir a una guerra de aranceles. Aunque el gigante asiático decidió excluirse del Transpacífico, el acuerdo estaba llamado a intentar incorporarlo en el futuro.

Minutos después, ante una docena de directivos de compañías, entre ellas Ford y Dell Technologies , el presidente reiteró con vehemencia su intención de penalizar a aquellas empresas que «pretendan fabricar en el exterior, contratando a trabajadores no americanos». Para ellas, como ha repetido recientemente con advertencias concretas desde su cuenta de Twitter, «implantaremos un alto arancel a la importación».

En un manifiesto intento de mostrar a los ejecutivos una de cal y otra de arena, por lo que suponen de pérdida de competitividad para las compañías sus medidas proteccionistas, Trump también comunicó a los ejecutivos su intención de reducir la tasa del impuesto de sociedades, actualmente en el 35%, que podía quedar en «el 15 o el 20%», aunque advirtió que su equipo trabaja en coordinación con la mayoría republicana en el Congreso.

Pese a las diferencias de criterio entre el presidente y el partido que lo sustenta, la ruptura del Acuerdo Transpacífico ha sido aceptada por los republicanos, en una primera muestra de que el partido conservador va a comulgar con ruedas de molino en algunas iniciativas de Trump, a cambio de compensaciones del presidente en otros asuntos. Es el nuevo signo de los tiempos. Las encuestas avalan hasta el fuerte cambio de opinión de sus votantes en los últimos dos años, que ya durante la pasada campaña electoral consideraban «perjudiciales para Estados Unidos» los grandes tratados de libre comercio, con un 68% frente a un 24% (Pew Research Center, octubre de 2016). La división es mayor entre los demócratas, prácticamente al 50% entre quienes apoyan y quienes rechazan estos grandes acuerdos, como se puso de manifiesto en las primarias entre Hillary Clinton y Bernie Sanders , al igual que Trump, combativo activista en contra el Acuerdo Transpacífico.

Pero los republicanos renuncian a la liberalización impulsada por el gran referente del partido, el presidente Ronald Reagan (1981-1989). Fue él quien suscribió, en 1988, el otro acuerdo de libre comercio que va a impugnar Trump, el Nafta. Aunque en este caso no para romperlo, sino para renegociarlo. Tanto el primer ministro canadiense, Justin Trudeau , como el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, se han mostrado ya dispuestos a abrir el melón del pacto norteamericano de libre comercio. Trudeau dio su visto bueno el domingo por teléfono. El ministro de Exteriores de México, Luis Videgaray, visitará mañana la Casa Blanca para emprender las primeras conversaciones con Trump. El presidente estadounidense exige más protección para Estados Unidos de un acuerdo que considera que ha beneficiado mucho más a sus dos socios que a su país, como recalcó en la campaña.

El nuevo mandatario norteamericano suscribió ayer otras dos órdenes ejecutivas, entre ellas la que implica una congelación de la contratación de funcionarios del Gobierno Federal , otra de sus promesas electorales. Quedan excluidos los miembros del ejército, que Trump pretende reforzar. Aunque había barajado otorgar la excepcionalidad a los sectores de seguridad y los servicios sociosanitarios, finalmente han sido incluidos en la congelación. La otra orden firmada por Trump prohíbe el uso de fondos públicos para financiar a los movimientos proabortistas en el extranjero.