Terrorismo yihadista en tiempos de coronavirus

Evidentemente su capacidad actual, sobre todo si pensamos en las redes más potentes de ese entramado de decenas de grupos violentos que se sienten inspirados por una versión extrema del islam, no es la que tuvieron en su día Al Qaida, cuando gozaba de un santuario tan renombrado como Afganistán (1996-2001), o Daesh, cuando logró instaurar un pseudocalifato en parte de Siria e Irak (2014-2018). Pero conservan la capacidad y la voluntad suficientes, tanto en su núcleo duro como mediante sus franquicias regionales y los individuos y grupúsculos que se sienten inspirados por su ideología extremista en muchas partes del planeta, para seguir adelante con su envite criminal.

Por eso ahora, cuando la experiencia acumulada enseña que no hay solución militar ante una amenaza de este tipo y quedan más claros los reiterados errores cometidos en Afganistán, Irak y tantos otros escenarios -jugando con un fuego que se ha vuelto en no pocas ocasiones en contra de sus promotores occidentales (sea con los muyahidín o los talibanes en su día o con el propio Abubaker al Bagdadí más recientemente)- debería quedar claro que es necesario modificar el rumbo. Un rumbo que, sin olvidar el necesario componente militar, debe ir acompañado por otros de carácter socioeconómico y político en un esfuerzo multilateral de largo aliento. El problema no es solo que los medios militares sean incapaces de solucionar un problema como el que plantea el terrorismo, sino que nunca se ha activado una respuesta que vaya más allá de atender a los síntomas más visibles de la amenaza, para centrarse en las raíces del problema. Y eso significa ofrecer a los yihadistas un potentísimo banderín de enganche, derivado de las penosas condiciones de vida (tanto en términos de bienestar como de seguridad) de muchas personas que no pueden cubrir sus necesidades básicas y cuyos derechos son sistemáticamente violados. Por eso, si se asume que la vía militar no basta y que la socioeconómica y política nunca se ha llegado a poner en marcha, solo cabe augurar un aumento del problema.

En relación con la primera cuestión (la militar), esto es así porque la pandemia va a detraer recursos militares en muchos escenarios de combate contra el yihadismo violento. Así lo estamos viendo ya en Afganistán, donde Washington trata desesperadamente de encontrar una salida mínimamente digna del pantano donde lleva metido desde octubre de 2001 (con el resto de los aliados poniendo pies en polvorosa). Y lo mismo ocurre en Irak o en África, con una clara reducción de los efectivos allí desplegados para instruir a las fuerzas armadas y de seguridad locales, con el objetivo de capacitarlas para poder garantizar la seguridad de sus respectivos territorios, y, simultáneamente, de los encargados de la lucha contraterrorista contra los grupos allí activos.

Pero es que tampoco parece previsible que, precisamente ahora, cuando la demanda para atender preferentemente las necesidades propias es más perentoria, se vaya a producir un incremento en el nivel de implicación diplomática y política para mediar o facilitar procesos de paz, o un aumento en los magros volúmenes de los programas de ayuda al desarrollo, de acción humanitaria o de atención a las demandas más básicas de unas poblaciones demasiado a menudo desatendidas por parte de unos gobiernos incapaces o escasamente inclinados a poner a sus conciudadanos como prioridad de sus agendas. Eso significa que lo que no se ha hecho durante estas últimas décadas va a seguir siendo una asignatura pendiente que contribuirá de manera decisiva a seguir alimentando el caldo de cultivo del que se nutre el extremismo violento. Y, visto desde el otro lado del espejo, eso supone que los yihadistas se verán menos constreñidos para continuar con sus planes tanto en los países donde tienen más presencia como en los occidentales (por cierto, no han recibido ningún mandato ni recomendación de no pisar Europa por culpa del coronavirus).