Las sombras del sistema penal mexicano: denuncias por torturas y varios años sin juicio

Guerrero tiene poco más de 30 años, estudiaba en la Facultad de Filosofía en la UNAM y enseñaba ajedrez. También defendió hasta su arresto los derechos de la población agrícola. Este joven fue detenido el 19 de mayo de 2013 por la policía en circunstancias « muy excepcionales y feroces» y se le tuvo incomunicado por unas 30 horas, según denuncia el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas . Todavía sin respuesta, este organismo instó el pasado diciembre al Gobierno mexicano a liberar al joven mexicano y a compensarle por el tiempo que lleva en prisión tras haber sido detenido de forma arbitraria bajo torturas.

«Mi hermano se encontraba conduciendo su auto en la Ciudad de México cuando desde una camioneta blanca empezaron a disparar. Pensó que era un asalto, algo muy común en México, por lo que corrió a refugiarse a un centro del distrito. Huyó hacia la patrulla de la policía federal y, creyendo que estaba a salvo, empezó a mandarle mensajes a mi madre», cuenta Manuel Guerrero, que recientemente ha estado en Madrid después de reunirse en Bruselas con varios europarlamentarios para denunciar lo que le ocurre a su hermano y a tantos otros en México. « Lo detuvieron sin orden de detención ni nada . Tampoco le explicaron los motivos del arresto», añade. Según el grupo de trabajo de la ONU que ha estudiado su caso, «al Sr. Guerrero le habrían dislocado un pulgar; le habrían amenazado con violarlo sexualmente; intimidado con armas de fuego y cortado reiteradamente la respiración con una bolsa de plástico en la cabeza».

Como ya hicieron los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, familiares y representantes de activistas presos han viajado durante 18 días por Europa, pasando por Bruselas, Ginebra, Berlín y Madrid, para buscar mayor visibilidad internacional y apoyo sobre sus casos que en México. El profesor indígena Damián Gallardo estuvo incomunicado las mismas horas que Guerrero, vive en su mismo módulo de la prisión de Puente Grande, Jalisco , y sufrió un trato parecido por un delito que no se ha demostrado. No conoce a su juez tras más de tres años y medio encerrado. Como Guerrero, se le ha acusado incluso delante de las cámaras de televisión de estar al frente de una banda criminal y de haber secuestrado a las hijas de un importante hombre de negocios de la región mexicana de Oaxaca.

«Acusaron a Damián de secuestrar a dos niñas, sobrinas de Gerardo Gutiérrez, coordinador empresarial de la región, un hombre muy importante por su poder económico y político. En 41 meses que lleva preso el Estado mexicano no ha podido demostrar que es culpable», cuenta a ABC Yolanda Barranco, maestra, integrante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y esposa de Gallardo. Denuncia que su marido, defensor de los Pueblos Indígenas y hablante de la lengua Ayuuk, fue detenido cuando preparaban una fuerte movilización contra la reforma educativa de Peña Nieto 2013. «En Oaxaca tenemos 77 presos y tenemos compañeros que llevan más de una década encarcelados», asegura. Cuando fue detenido Damián , dice, estaban en casa durmiendo y aparecieron policías sin orden judicial y sin identificarse. «Luego supimos que se trataba de una operación conjunta del cuerpo estatal y el federal. En agosto de 2014 el Grupo de Trabajo contra la Detención Arbitraria de la ONU saca una opinión sobre su caso, diciendo que su arresto es ilegal y arbitrario, y pidiéndole a Peña Nieto su libertad». Oaxaca es uno de los estados más pobres de México, donde, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 59.7% de su población vive en situación de pobreza.

Cerca de 23.000 presos esperan sentencia tras ser acusados por delitos federales. Son los presuntos culpables, como se les conoce en México, especialmente tras el documental ( Presunto culpable ) ganador de un Emmy como mejor trabajo de investigación en 2011. Estos olvidados de la justicia representan el 50.3% de la población penitenciaria federal, según datos de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS). « La tortura es sistemática en las detenciones de los presos . No sé si en el caso de Enrique sucedió porque era un activista o solo porque lo confundieron y necesitaban a un detenido para que los policías federales tuvieran ya a uno por el secuestro de Oaxaca», señala a ABC la periodista mexicana Claudia Solera .

Su periódico, el diario Excélsior, abrió en portada hace un mes con la situación de estos presos sin sentencia. En el Nuevo Sistema de Justicia Penal, que entró en vigor a nivel federal el pasado 18 de junio, los jueces están obligados a liberar al inculpado si han transcurrido dos años sin una sentencia, explica en el artículo. Pero este cambio no ha beneficiado a Enrique ni a Damián porque «deberán concluir su proceso con el sistema vigente con el que se inició su juicio», expresó José Ramón Cossío, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Tanto Enrique como Damián sufrieron golpes, asfixia, amenazas físicas, sexuales y psicológicas para aceptar que participaron en el secuestro de unos niños. Por la magnitud de la denuncia, se les envió a un módulo donde conviven con presos del narcotráfico, cuenta Yolanda. En 2006, la Procuraduría General mexicana contabilizó 23 denuncias por torturas, en 2014, esta cifra subió a 2403, recoge Amnistía Internacional en La epidemia de la tortura , que señala a los agentes estatales por utilizar estas «prácticas de forma habitual para extraer "confesiones", fabricar cargos y causar sufrimiento a ciudadanos y ciudadanas». La reportera de Excélsior comenta que tras la guerra contra el narcotráfico se ha incrementado la tortura y la policía federal es el cuerpo del que más torturas se han registrado».

«Actualmente tienen su litera, pero por mucho tiempo no tuvieron ni cama, durmieron cerca del suelo… Ahora al menos, después de tanto tiempo, están pintando, escribiendo historietas para niños o haciendo ensayos. A Damián no le dejaban ni leer al principio», relata Yolanda. Esta semana el Observatorio para la Protección de los Defensores de DD.HH. ha denunciado la denegación de acceso a tratamiento médico por parte del personal del centro de reclusión en contra del Sr. Enrique Guerrero Aviña, así como informaciones sobre su detención arbitraria, hostigamiento judicial, tortura y malos tratos en su contra.

Isabel Arvide, conocida analista mexicana de seguridad nacional y militares, considera que la raíz del estado de México es la corrupción y la impunidad. «Por si alguna razón te llevan a la cárcel lo normal es que pases muchos años ahí antes de juicio, necesitas mucho dinero para tener un buen abogado. Esto nos lleva a que las cárceles estén saturadas: nos sobran 50.000 reos », explica. «El gobierno busca con estas detenciones asustar a los activistas, poner un ejemplo y llevarlo a una cárcel de alta seguridad. Nuestras cárceles van contra la dignidad humana, representan un castigo muy fuerte».