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El Senado polaco rechaza la reforma judicial

Con 51 votos en contra y 48 a favor, el proyecto de ley regresará ahora a la cámara baja

Senado de Polonia, hoy durante la votación de la reforma judicial EFE
Rosalía Sánchez

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El Senado de Polonia ha rechazado esta tarde la polémica reforma de la Justicia, presentada por el partido del Gobierno, Ley y Justicia (PiS), que contempla un nuevo régimen disciplinario más duro contra los jueces del país y que ha sido condenada por las instituciones europeas.

Con 51 votos en contra y 48 a favor, el proyecto de ley regresará ahora a la cámara baja. Allí el PiS tiene los votos necesarios para sacar adelante el proyecto cuya «suspensión temporal» ha pedido la Comisión Europea, debido a que permite que jueces de tribunales ordinarios sean investigados, procesados y sancionados por las decisiones judiciales que hayan podido tomar y no garantiza la independencia ni la imparcialidad de la Sala que examina los casos, formada únicamente por magistrados designados por el Consejo Nacional para la Judicatura, a su vez designado en decisión política por el Parlamento polaco.

La reforma reduce además la edad de jubilación de los magistrados del Alto Tribunal de 70 a 65 años, una jubilación forzosa que se aplicará de manera retroactiva a los jueces y que permitirá al PiS eliminar a una serie de magistrados críticos con este partido. El PiS, por el contrario, considera la reforma un avance necesario, puesto que describe el sistema judicial vigente como un resto «corrupto» y «poco funcional» del pasado comunista de Polonia.

En una opinión urgente publicada ayer por la Comisión de Venecia, órgano consultivo en cuestiones constitucionales, el Consejo de Europa se pronunció sobre las enmiendas a las leyes sobre el poder judicial que a su juicio «restringen la libertad de expresión de los jueces e impiden que los tribunales polacos examinen si otros órganos judiciales del país son independientes o imparciales, según la normativa europea».

También afirmó que los jueces polacos «se enfrentan a la difícil situación de ser sometidos a procesos disciplinarios por asumir el Convenio Europeo de Derechos Humanos o las leyes de la UE y otros instrumentos internacionales» y calificó la situación en la que quedan de «insostenible».

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