Proceso a Arabia Saudí, el último sospechoso del 11-S

En medio de un tremendo impacto político, social y económico, una nación herida busca culpables dentro y fuera de Estados Unidos. Sus servicios de inteligencia, con la CIA al frente, son cuestionados. La investigación reconstruye la película hasta hallar a los colaboradores e inspiradores. Brotan innumerables teorías de la conspiración. El país no descansa en paz hasta que en mayo de 2011, ya bajo la presidencia de Barack Obama, un comando de operaciones especiales de la Navy (SEAL) da muerte a Bin Laden en su guarida de Pakistán. Pero Estados Unidos continúa cerrando heridas. En 2014, el flamante One World Trade Center cierra el vacío dejado por las Torres Gemelas.

Hoy, en el simbólico decimoquinto aniversario, Estados Unidos aún intenta deshacer un cabo pendiente, hacer justicia contra el último de los sospechosos de aquella barbarie. Un país aliado pero siempre controvertido, cuna del nacimiento de Al Qaida y de su líder, ha estado en el punto de mira de la investigación criminal desde el minuto uno: Arabia Saudí.

También ha sido requerido por el Congreso, que a pesar del informe final de la investigación, acaba de aprobar una ley para que las víctimas puedan demandarle. Aunque el presidente Obama parece dispuesto a vetarla, en aras de mantener la buena relación entre ambos países, esencial en la lucha contra Daesh y ante el riesgo de actuaciones similares de familiares de víctimas contra Estados Unidos, en aquellos lugares en guerra en los que al país se le acusa de muertes, aunque sean no deseadas.

Que 15 de los 19 terroristas tuvieran su nacionalidad es sólo un dato. Los indicios los aportaron después la CIA y el FBI, situando al régimen saudí en el centro de la diana. Las presiones de los familiares de las víctimas y de la propia Familia Real del país árabe, frente a las reticencias de la Casa Blanca, han llevado finalmente a la desclasificación del informe oficial.

Elaborado en 2002 por la comisión de investigación, participada por congresistas y expertos independientes, el documento de 28 páginas concluye que algunos de los terroristas estuvieron en contacto y recibieron ayuda de «personas que podrían estar conectadas» con el Gobierno de Arabia Saudí. Apunta nexos entre la inteligencia saudí y los secuestradores de los aviones. Incluso, afirma que los servicios de inteligencia estadounidenses llegaron a la conclusión de que el país árabe no estaba interesado en cooperar en la búsqueda de Bin Laden. Pero concluye que no se pudieron verificar esos vínculos.

La primera sospecha consistente llegó con la captura de Abu Zubaydah en Pakistán. Conocido como uno de los hombres de confianza de Bin Laden, al encargado de reclutar terroristas se le interceptaron números de teléfono vinculados con Estados Unidos, uno de ellos el de una compañía asociada a un miembro de la Familia Real saudí, el P ríncipe Bandar bin Sultan.

No era un dato menor. Los investigadores acababan de hallar un vínculo con «el embajador más efectivo de la historia en Washington» según palabras del analista de la CIA Bruce Riedel . No en vano, Bandar, al frente de la legación saudí entre 1983 y 2005, había sido hombre clave para el presidente George H. Bush durante la Primera Guerra del Golfo, en 1990.

La importancia de Bandar para el régimen saudí lo confirmó su posterior nombramiento como presidente de la Agencia General de Inteligencia de Arabia Saudí, la CIA de aquel país. Sin embargo, los investigadores no consiguieron aclarar la verdadera relación entre Bandar y el cabecilla yihadista.

Como tampoco lograron arrojar luz a su relación con Osama Bassnan, un exempleado del Gobierno saudí de quien se sospechó que había ayudado a dos de los terroristas. Y eso que Bassnan, que vivía al otro lado de la calle de dos de los secuestradores durante su estancia en San Diego (California), admitió haber tenido relación con ellos. La desclasificación de un informe que para el ministro de Exteriores saudí, Adel al Jubeir, «exonera» a su país, no ha echado tierra al asunto. Ni siquiera lo haría el veto de Obama a la polémica ley de víctimas, que los familiares contemplan como una victoria.