¿Pagar por ir a la cárcel en Estados Unidos?

El resultado es casos como el de David Mahoney, que debe 21.000 dólares por haber pasado diferentes periodos de encarcelamiento en la prisión de Marion. Desde la adolescencia, su adicción a la cocaína y el crack le llevó al delito: robos, falsificación de cheques… Ha acumulado quince años de problemas con la justicia, pero lleva ya un año rehabilitado. Vive y trabaja en un centro de ayuda a drogadictos, y pese a haber cumplido su condena, la deuda lastra su vida. «¿Por qué seguir tomándola con la gente que más sufrimientos ha pasado?», protestaba recientemente en un acto organizado por la ACLU. Mahoney debía pagar 100 dólares por comisión de reserva cada vez que entraba en la cárcel y 50 dólares por noche. Una pesadilla convertida en hotel . La factura todavía es mayor para otros ex convictos que viven en el mismo centro que Mahoney: Brian Reed debe 35.000 dólares y la suma de las deudas de otros cinco residentes sobrepasa los 100.000 dólares .

La idea de este sistema es que el bolsillo de los contribuyentes sufra menos por los delitos de otros. Pero la realidad es distinta: la mayoría de los que salen de la cárcel no tienen medios para afrontar esas deudas y el dinero no llega a las arcas públicas. Dale Osborne, administrador de la cárcel de Marion, aseguró a la BBC que solo se recauda el 3% de los dos millones de dólares que el programa de ‘pago por estancia’ debería procurar por año. «Si perdiéramos el programa no me va a doler mucho», reconoció. Otros cálculos para todo el estado de Ohio lo sitúan alrededor del 1%. Además, como normalmente las cárceles no tienen medios para recolectar esas deudas, dejan el cobro en manos de empresas privadas , que se llevan comisiones leoninas. En el caso de esa prisión, los pagos los persigue Intellitech Corporation, que se queda con un 70% de lo recaudado. Mientras tanto, los ex convictos, aunque normalmente no pagan, sufren las consecuencias de la deuda, que afecta su historial crediticio y les impide comprar o alquilar una casa, buscar trabajo o matricularse en centros de formación. El caldo de cultivo ideal para que retomen el camino de la delincuencia .

En otras ocasiones, el pagar por estar en la cárcel es un método de supervivencia en la vida carcelaria. California es el estado donde más se ha desarrollado los sistemas de ‘pay to stay’ o ‘pay and stay’: a cambio de dinero, ofrecen a reos de delitos menores mejores condiciones, desde celdas bien equipadas a estar aislados de delincuentes peligrosos . Quienes se lo pueden permitir, acceden a celdas con televisión y otras comodidades y no tienen que preocuparse por cómo defenderse de las bandas criminales que pueblan las cárceles. «Con el permiso de la autoridad penitenciaria, tu condena puede ser cumplida en un entorno seguro, limpio y sin riesgo», dice la página web de la cárcel del Departamento de Policía de la ciudad de Arcadia, aunque el anuncio casi parece de un destino hotelero. En la de Anaheim, hay un buen gimnasio y los presos pueden llevarse sus reproductores de DVD para matar el tiempo. El precio por noche en estas celdas arranca en 100 dólares la noch e, pero algunas son más caras, como la de Redondo Beach, con una tarifa 198 dólares. Solo hay tres hoteles que cobren en toda la ciudad. Al contrario que en los casos de Ohio, aquí se exige pago por adelantado o demostrar capacidad financiera antes de aceptar a los reclusos.

«Es una idea desastrosa», ha criticado Peter Eliasberg, director legal de ACLU en el Sur de California. «Es una bofetada en la cara del concepto de justicia igual para todos. Si es un servicio público, debería ofrecerse a todo el mundo, con independencia de su capacidad de pago».

Para las ciudades, es una manera de recuperar algo de la inmensa factura que supone la población reclusa. La localidad de Glendale obtuvo el año pasado 63.377 dólares con las 268 personas que participaron en su programa de ‘pay to stay’. El problema, a nivel nacional, es que la presión para el sistema penitenciario es insostenible: EE.UU. tiene menos del 5% de la población mundial y casi el 25% de las personas privadas de libertad en todo el mundo.