La Misión de la ONU vincula a Maduro y a altos cargos del Gobierno con crímenes de lesa humanidad

Por primera vez, un órgano independiente de Naciones Unidas vincula los crímenes de lesa humanidad con una política de Estado y exhorta a sus propios miembros a que inicien investigaciones penales contra quienes están señalados en este informe. Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López y Néstor Reverol son nombres claves que se repiten constantemente en el informe que fundamenta sus conclusiones en 223 casos investigados, de los cuales 48 fueron analizados en detalle, y permitieron concluir que son los principales responsables de las violaciones de derechos humanos en el país e invita a las autoridades judiciales a investigar y «determinar su responsabilidad criminal y penal» por crímenes de lesa humanidad.

«El presidente Maduro y los Ministros del Interior y de Defensa tenían conocimiento de los crímenes, dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos en apoyo de los planes y políticas en virtud de los cuales se cometieron los crímenes», reza el documento.

A diferencia de los dos anteriores informes publicados por la Oficina de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet , cuyo objetivo era dar a conocer la situación de Venezuela a los Estados miembros del Consejo de DD.HH.; esta investigación de carácter independiente tenía como objetivos determinar la responsabilildad , el nivel de involucramiento y la cadena de mando en cada una de las áreas exploradas: ejecuciones extrajudiciales, detención y tortura por motivos políticos, violaciones relacionadas con las protestas y el poder judicial comprometido.

Miguel Pizarro, comisionado para Naciones Unidas del gobierno interino de Juan Guaidó, explica que el informe determina «patrones de conducta, cadenas de mando y deja muy claro que Maduro, Cabello, Padrino y Reverol deciden, ejecutan y promueven la violación de los derechos humanos». Asímimo, señala que «es el primer paso para que las víctimas puedan obtener justicia».

El Comisionado, que suscribió cada línea del extenso infome publicado por la Misión, celebra que el documento determina que los derechos humanos «no es una práctica aislada y abusiva de uno o dos funcionarios o una institución, sino que forma parte de una política del Estado, que tiene cadena de mando y línea de responsabilidad y responde a un único objetivo: callar a la disidencia.

El informe comprendido por 443 páginas está sustentado con el testimonio en primera persona de exfuncionarios del régimen en instituciones como el Servicio Bolivariano de inteligencia (SEBIN), con las declaraciones de su exdirector, Christopher Figuera, exiliado en EE.UU., la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM), la Policía Nacional incluyendo al grupo de exterminio FAES, guardias nacionales y militares que fueron víctimas de los atropellos y la política de represión y tortura del Gobierno de Maduro. Así como gran parte de la información de contexto fue recopilada por oenegés venezolanas.

Sobre el punto de las detenciones y tortura, la Misión concluye que tanto el SEBIN como la DGCIM tenían como objetivo identificar a la disidencia política para apresarla y con ello infundir terror en la población. El primero se enfocaría en los civiles (líderes políticos y activistas de derechos humanos) y, el segundo, en los militares capaces de organizarse y fraguar un golpe de Estado. Según el informe, más de 20 nombres fueron registrados de oficiales y funcionarios identificados por las propias víctimas como los responsables directos de las violaciones y los crímenes cometidos contra ellos durante las detenciones, las interrogaciones y la custodia.

En las entrevistas, los expertos pudieron darse cuenta que aunque Diosdado Cabello no figura en la jerarquía del SEBIN era uno de los que daba órdenes al director.

En lo que respecta específicamente a las ejecuciones extrajudiciales llamadas por el régimen de Venezuela «Operaciones de Liberación del Pueblo» (OLP), supuestamente establecidas para combatir el crimen, el informe asegura que dieron lugar a detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales. «La Misión investigó o examinó 140 operaciones, que dieron lugar a la muerte de 413 personas, en ocasiones con disparos a quemarropa».

El Comisionado para la ONU, Miguel Pizarro, resaltó el «Código 80» al que hace mención el informe: una orden que reciben los funcionarios de las FAES para asesinar . «Una fuente con conocimiento interno de las operaciones de la PNB/FAES dijo a la Misión que, después de la verificación de antecedentes, el jefe de la operación en comunicación directa con los superiores podría solicitar y recibir luz verde para matar».

La Misión liderada por portuguesa, Marta Valiñas, planteó la posibilidad de que el próximo 23 de septiembre se renueve su mandato por otro año para seguir llevando las investigaciones que permitan continuar documentando los patrones de violaciones y crímenes del régimen venezolano.