Miles de argentinos se echan a la calle y piden justicia por el brutal asesinato de Lucía Pérez

De momento, la Policía ha detenido a tres hombres por la muerte de Lucía: Matías Gabriel Farías, de 23 años, Juan Pablo Offidani, de 41, -ambos imputados por abuso sexual y asesinato- y Alejandro Alberto Masiel, de 61, acusado de encubrimiento. Tras matar a la muchacha y con la intención de borrar cualquier pista que los pudiera relacionar con el crimen; lavaron su cuerpo, la vistieron con otra ropa y la abandonaron en un centro de salud . Querían hacer creer que había sufrido una sobredosis, aunque la autopsia ha demostrado que no era consumidora. Los médicos no pudieron hacer nada por reanimarla.

Después del caso de Lucía, otras tres mujeres han muerto en Argentina. Un dato que deja entrever, no solo la situación del país, sino la de toda América Latina . Hay una «falta de valorización» de las niñas y mujeres jóvenes, y en ese contexto «vemos que sus cuerpos» son percibidos como «espacios que cualquiera puede vulnerar», afirma en una entrevista con EFE la asesora de Género e Inclusión para América Latina y el Caribe de la ONG Plan International, Emma Puig. Eso lleva «a situaciones como las que estamos viviendo, que son realmente insoportables »: el aberrante asesinato de Lucía Pérez a inicios de este mes, o la violación colectiva, en mayo pasado, de otra joven de 16 años en Brasil, donde además se difundieron imágenes de la agresión en las redes sociales por uno de los involucrados. A esos casos de alto impacto se suma el asesinato en febrero pasado en Ecuador de dos jóvenes turistas argentinas, Marina Menegazzo, de 21 años, y María José Coni, de 22, un crimen por el dos ecuatorianos que fueron condenados a 40 años de prisión.

Plan, una organización no gubernamental presente en 71 países y con más de 80 años de trabajo, está «sumamente preocupada por el incremento de violencia de género y hacia las niñas en diferentes niveles: sexual, feminicidio. Esto atraviesa a toda América Latina y el Caribe y no es nuevo», asegura Puig. La especialista en materia de género sostiene que el fenómeno está muy vinculado tanto la «extrema desigualdad y pobreza » que existe en la región, como «a la falta de reconocimiento de que las niñas son seres humanos que tienen derechos y que tiene cosas que decir».

La situación se expresa de distintas maneras: «Está la violencia sexual, con niñas de 10 años violadas, muchas veces en el seno de sus familias , embarazadas y obligadas a seguir adelante con ese embarazo, a tener un parto que las pone en riesgo y luego la sociedad no se ocupa de ellas ni de sus niños», cuenta Puig.

«Lo vemos también en los casos de violaciones colectivas, como el caso de Brasil, (pero) esto ocurre en todos los países, y está vinculado a la fuerte impunidad que hay», ya que «muchas de las veces no son juzgados» los violadores. La impunidad está ligada a que «muchas de las víctimas sobrevivientes tienen medio a denunciar», o que a «cuando llegan a los servicios públicos no les creen, ya que evidentemente los funcionarios no están formados en temas de género y realmente contribuyen a seguir ejerciendo violencia contra estas niñas». Además, añade la asesora de Plan, cuando la niña víctima «sí denuncia, las penas (contra los responsables) son mínimas, y estos hombres reinciden».