México frena el despliegue de militares ante la avalancha de críticas a la Ley de Seguridad Interior

La Secretaría de Gobernación -Ministerio del Interior- anunció que se han enviado 5.000 elementos de las fuerzas federales en distintos puntos conflictivos del país, pero negó que entre dichos efectivos hubiera miembros del ejército.

La polémica Ley de Seguridad Interior ha recibido numerosas críticas de ONGs nacionales e internacionales, que aseguran que ahonda en la militarización de la seguridad pública y, por ello, limita las garantías de los derechos humanos en México. En otras palabras, ven que es una manera de matar moscas a cañonazos.

El presidente, Enrique Peña Nieto , y su partido, el PRI, han defendido esta legislación porque la consideran una medida de «imperiosa necesidad» para disminuir los altos niveles de violencia. Sin embargo, la decisión de su gobierno de no realizar un primer envió de tropas a zonas conflictivas del país se produce en un momento de precampaña electoral. El próximo 1 de julio, México elegirá un nuevo presidente para el periodo 2018-2022. Peña Nieto no puede presentarse, ya que esta prohibida su reelección. Pero el candidato del PRI, José Antonio Meade , llega a los comicios como el peor valorado entre los tres favoritos a ser el nuevo presidente de la República Mexicana.

Precisamente, seguridad es uno de los temas principales sobre los que gira la campaña electoral, junto con la elevada corrupción que asola el país. El favorito en las encuestas es el populista Andrés Manuel López Obrador , que intentará por tercera vez convertirse en el presidente del país, tras perder los comicios en 2006 y 2012. Y una de las ideas con las que ha jugueteado es conceder amnistía a los líderes del narcotráfico con el objetivo de poner fin a la escalada de violencia, una idea totalmente contraria a la línea dura que propone el PRI.

Por el momento, este despliegue de 5.000 efectivos federales se centrará en los estados norte -Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Colima y Jalisco-, donde el número de asesinatos ha aumentado sensiblemente en 2017 y, además, en puntos específicos como la ciudad de Chilpancingo, en el estado de Guerrero y Cancún, la joya turística de México.