El máximo Tribunal de Perú esquiva pronunciarse sobre la destitución de Vizcarra

El pasado 9 de noviembre, el Congreso destituyó con 105 votos al presidente Martín Vizcarra por incapacidad moral permanente debido a la investigación que le realiza la fiscalía por haber recibido supuestos sobornos cuando era gobernador regional de Moquegua, sur del Perú, en dos obras de construcción.

La salida de Vizcarra y el ingreso de Manuel Merino como reemplazo causó una masiva protesta en el país, que fue reprimida con dureza por la policía y causó la muerte de dos estudiantes, (Jack Bryan Sanchez e Inti Sotelo) y cerca de 200 heridos.

Al quinto día de gobierno, Merino renunció obligado al cargo de presidente interino y el Congreso escogió al ingeniero Francisco Sagasti del Partido Morado. Perú tuvo tres presidentes en una semana y se sumió en una crisis política de un calibre similar a la que se trajo abajo al gobierno de Fujimori, hoy preso por corrupción y crímenes de lesa humanidad.

Los magistrados Augusto Ferrero, Manuel Miranda, Ernesto Blume y José Luis Sardón votaron a favor de que el máximo tribunal peruano no se pronuncie sobre el tema mientras que Marianella Ledesma, Eloy Espinoza-Saldaña y Carlos Ramos votaron lo opuesto.

El pronunciamiento del Tribunal Constitucional se realizó a pedido del entonces presidente Martin Vizcarra (2017-2020) cuando el Congreso aprobó la primera moción de destitución por la supuesta contratación irregular de un rocambolesco asesor del ministerio de cultura llamado Richard Cisneros pero conocido como «Richard Swing».

El primer pedido de destitución de Vizcarra en el Legislativo no consiguió los votos necesarios, es por esa razón, que inmediatamente después se preparó un segundo pedido de destitución que fue presentado por el partido de izquierdas, Frente Amplio, que dirige Marco Arana.

La moción del «Frente Amplio» contó con la estrecha colaboración de líderes políticos en problemas como José Luna y Antauro Humala, ambos detenidos; Keiko Sofía Fujimori con una investigación por lavado de activos a cuestas; César Acuña de Alianza por el Progreso, Virgilio Acuña de Unión por el Perú y Raúl Diez Canseco de Acción Popular, todos dueños de universidades que buscan detener la reforma universitaria en el país andino.

«Lamento profundamente que el Tribunal Constitucional haya actuado de espaldas al país. Millones de peruanas y peruanos reclamando en las calles, vidas entregadas para defender la democracia y para ellos no pasó nada ¡Qué decepción!», dijo en su cuenta de twitter, el exgobernante Vizcarra.

El magistrado del TC, Ernesto Blume, quien voto a favor de esquivar el pronunciamiento sobre la vacancia presidencial, declaró a Radioprogramas de Perú que «el concepto de incapacidad moral permanente no debe estar claro porque es una clausula abierta que habilita al congreso frente a diversas situaciones. La realidad supera cualquier previsión. Pueden darse casos que no suponemos pero que descalifican la dignidad del presidente de la república».

En tanto, la presidenta del TC, Marianella Ledesma lamentó que haya magistrados que «no escuchen a la calle» y que «no puede ser que decidan que acá no pasó nada. Se ha perdido una oportunidad histórica para pronunciarnos sobre la salida del señor Vizcarra. Se debió fijar las reglas de acá hacia al futuro sobre lo que se entiende por incapacidad moral».

«Hemos sido testigos de cómo una interpretación de la incapacidad moral ha generado una crisis. El TC tuvo en sus manos resolver esta ambigüedad. Sin embargo, el pleno decidió en mayoría no decir nada», concluyó Ledesma con indignación.

En tanto, el líder del centrista Partido Morado, Julio Guzmán, dijo que « es inaudito que sacar a un presidente sea más fácil que sacar a un alcalde. El TC perdió la oportunidad histórica de aclarar, de una vez, el equilibrio de poderes y le ha dejado la puerta abierta a los golpistas».

Para el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, que pertenece al centrista Acción Popular, «el Tribunal Constitucional se pone de espaldas a la realidad y renuncia a su rol pacificador». La Defensoría del Pueblo también critico la decisión del Tribunal Constitucional porque «el país reclamaba que cumpla su papel de intérprete final de la Constitución».

La presidenta de Transparencia en Perú, Adriana Urrutia, dijo a ABC que « se esperaba que el TC responda a la demanda en defensa de la democracia. Con esta decisión permite que se siga haciendo uso político de la vacancia por incapacidad moral, legitima y hace vigente el reclamo de una nueva constitución».

Para Urrutia, «la demanda de una asamblea constituyente va a ser un pedido cada vez más escuchado en el debate electoral y va a estar presente en las elecciones del 2021 porque hay detrás un movimiento ciudadano que ha visto que la movilización tiene resultados y que tiene una agenda en construcción, pero que sin duda el tema que los aglutina es la defensa de la democracia».

Por último, la historiadora Natalia Sobrevilla, explicó al ABC que la decisión del TC « da la espalda al país y convierte en una exigencia la elaboración de una nueva constitución que reemplace a la de Fujimori de 1993.

«Se abre las puertas a un nuevo arreglo institucional que resuelva un sistema híbrido que no es ni presidencial ni parlamentario, que no es un problema cuando el mismo partido controla el parlamento y el ejecutivo, pero cuando esto no es así la confrontación está asegurada. [Este conflicto] se resolvió antes con golpes de estado, ahora con el golpe parlamentario», concluyó la también autora de «Los inicios de la vida republicana».