Maduro lanza una nueva ola de detenciones y registros ilegales en Venezuela

ABC observó ayer cómo en la cuarta avenida de Los Palos Grandes, en el municipio caraqueño de Chacao, agentes de la policía política ( Sebin ) y uniformados de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) ingresaron con armas largas pero sin orden judicial en una residencia de la zona y se llevaron detenidos a tres jóvenes.

En la Plaza de Los Palos Grandes los agentes del Sebin se llevaron a otros 12 jóvenes que se reúnen allí cada día para recolectar alimentos, ropa y medicamentos para los activistas que participan en las manifestaciones.

El jueves por la noche los agentes actuaron de modo similar en la sexta avenida de Altamira, donde registraron una de las residencias privadas donde supuestamente la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) se había reunido con las organizaciones políticas y sus asesores. Tras allanar la residencia, se llevaron arrestados a dos asesores de la alianza, Aristides Moreno y Roberto Picón , confirmó Freddy Guevara , vicepresidente de la Asamblea Nacional.

La MUD convocó ayer un «plantón nacional» para protestar por el asesinato de David Vallenilla , de 22 años, que el jueves recibió tres tiros en el pecho y eleva a 75 los muertos en las manifestaciones. En la zona de los Palos Grandes, donde hubo amplia participación, el activista Cipriano Heredia aseguró a ABC: «Solo en la dictadura la Policía allana las residencias y detiene a las personas sin permiso ni orden judicial. Por eso luchamos contra la constituyente de Maduro».

Mientras, Lilian Tintori , esposa del líder opositor Leopoldo López , encarcelado desde hace más de tres años en la prisión militar de Ramo Verde, denunció que su marido no ha podido comunicarse con su abogado en los últimos 78 días y que su familia no ha podido visitarlo desde hace 19. La orden «la dio en televisión Diosado Cabello », indicó Tintori en referencia al primer vicepresidente del PSUV, el partido chavista gobernante.

Para la esposa de Leopoldo López, se trata de una «violación de sus derechos», por lo que hizo una llamada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dependiente de la OEA, para que intervenga en este caso.