Lituania debate levantar una gran valla con concertinas en la frontera con Bielorrusia

El párrafo primero de la norma establece que la construcción sea adjudicada a una persona jurídica en la que el Estado tenga, directa o indirectamente, al menos dos tercios del voto accionarial. El Seimas también decidió que el gobierno proporcionará información al parlamento una vez al mes sobre la aplicación de esta ley.

El gobierno defendió el proyecto como solución a la desesperada. Se necesitan al menos dos años para formar un oficial de policía de fronteras en Lituania, pero Vilna ha diseñado un programa de alta velocidad, de cuatro semanas de duración. Todos los candidatos son bienvenidos, incluso jubilados, y se han rebajado las exigencias de condición física debido a la situación de urgencia. Y aun así los 680 kilómetros de frontera con Bielorrusia han llegado a un punto crítico a causa de la introducción de refugiados durante los últimos meses, y que se ha intensificado este verano. El presidente Lukashenko «utiliza abiertamente a estos refugiados como medida de presión», denuncia el eurodiputado verde Sergey Lagodinsky, que explica que proceden mayoritariamente de Oriente Medio y África, son trasladados en avión hasta Minsk y después, clandestinamente, hasta la frontera.

Los guardias fronterizos detuvieron, solo el pasado viernes a 37, lo que eleva el número total de cruces ilegales detectados a más de 1.500, frente a los apenas 81 de todo el año 2020. Según datos de la UE, se han registrado 4.110 llegadas irregulares desde principios de año, de las que 2.800 procedían de Irak. Se estima que al final del verano habrán cruzado unos 18.000, suficientes para desestabilizar un país de 2,8 millones de habitantes.

El primer paso es una alambrada de púas que ya está siendo desplegada. En una segunda fase se construirá un muro físico metálico de 550 kilómetros de longitud y cuatro metros de altura, según ha adelantado la ministra Bilotaite. Se prevé el despliegue militar en la zona fronteriza y la restricción de peticiones de asilo a embajadas y controles fronterizos, en lugar de cualquier punto del territorio como era posible hasta ahora. El proyecto prevé un coste inicial de 152 millones de euros que correrán a cargo del Estado. La Comisión Europea expresó ayer su apoyo explícito al proyecto, pero declinó participar en su financiación. Los ministros europeos abordarán el asunto el 18 de agosto, en una videoconferencia convocada por Eslovenia, que preside el Consejo este semestre.