La legalización de la represión en Cuba

En la misma línea se ha manifestado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha expresado su preocupación por tipos penales que pudieran emplearse par a criminalizar el ejercicio legítimo de las libertades de expresión, reunión y asociación en Cuba a partir de la entrada en vigor del nuevo CP. Para el organismo, este «mantiene un lenguaje amplio e impreciso para tipificar delitos como el de sedición y contra el orden constitucional y recrudece penas relacionadas con los mismos como de prisión perpetua y muerte».

En opinión del abogado cubano Eloy Viera Cañibe se trata de un CP «peor que el anterior y que responde a una sociedad civil pujante y diversa; viene a legalizar formas de reprimir la sociedad civil», declara a ABC.

La nueva norma ratifica que el Partido Comunista (PCC) está por encima de la ciudadanía e incluso de la propia Constitución, protege a aquellos adeptos que participen en acciones -incluso violentas- contra disidentes, y blinda al castrismo y sus instituciones contra el descontento popular, por lo que representa un retroceso en materia de derechos humanos y una perpetuación del sistema dictatorial.

El anterior CP databa de 1987. La actualización se produce después de un período de constantes protestas soci ales en la isla contra normas y prácticas violatorias de derechos humanos, como las acaecidas el 27 de noviembre de 2020 y el 27 de enero de 2021 frente al Ministerio de Cultura de Cuba y protagonizada fundamentalmente por artistas e intelectuales; así como las masivas protestas del 11 de julio (11-J) de 2021.

El nuevo CP tipifica 37 nuevos delitos relacionados , por ejemplo, con las telecomunicaciones, por lo que la censura y la comisión de delitos se extiende a las redes sociales, ese espacio que, desde la llegada de internet móvil en 2018, ha contribuido a movilizar a la sociedad civil y a generar espacios de debate, denuncias sociales y críticas al poder.

Se mantiene la exigencia de responsabilidad penal a partir de los 16 años de edad cumplidos, se establece como sanción máxima la de privación perpetua de libertad y la pena de muerte con carácter excepcional en el caso 23 tipos penales, tres más que el CP anterior. 

De igual forma, normaliza los actos de repudio , eximiendo de responsabilidad penal a aquellos que los implementan pues obran «en legítima defensa» para impedir «un peligro o daño inminente o actual a la paz pública o a los bienes o intereses sociales del Estado». También elimina cualquier posibilidad de acusar por lesiones a esos individuos; de esta manera, legaliza además las agresiones físicas contra manifestantes pacíficos contra el régimen, como sucedió el 11-J, cuando los «revolucionarios», ante el llamado de Díaz-Canel, respondieron con palos y piedras. En caso de defenderse de la agresión, los violentados pueden incurrir en un delito agravado.

Para Viera Cañibe, lo más peligroso del nuevo CP es que legitima un grupo de prácticas que se habían manejado en la realidad política cubana pero al margen de la ley; por ejemplo, en el artículo 143 se establece la sanción a entre 4 y 10 años de privación de libertad a ciudadanos que, «por sí o en representación de organizaciones no gubernamentales, instituciones de carácter internacional, formas asociativas o de cualquier persona natural o jurídica del país o de un Estado extranjero, apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros, con el propósito de sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional».

Esto «no es otra cosa que la legalización del discurso político entorno al mercenarismo, el que había etiquetado como ilegal conductas que no estaban tipificadas como tal en el Código Penal, como el periodismo independiente y el disenso político», explica el abogado.

Otro de los aspectos más peligrosos de la norma es la inclusión, en la tipificación del delito de «desórdenes públicos«, de la realización de actos «provocadores» en la vía pública. Para Eloy Viera, ahí entraría todo lo que estime o interprete el poder, ya sea una protesta pacífica o un post en redes sociales que busquen provocar algo en el resto, y «la política, en sí, es provocadora». Quienes incurran en este delito pueden ser condenados a entre tres y ocho años de prisión por obstaculizar las vías públicas o por «invadir» instalaciones o edificios.

De igual forma, pueden ser sancionadas a entre seis meses y 2 años de cárcel los «promotores, organizadores o directores de una asociación no autorizada a constituirse», dígase todas las organizaciones de la sociedad civil mínimamente disidentes o partidos políticos, los cuales el régimen se niega a reconocer y que, hasta la fecha, habían funcionado bajo el hostigamiento de la Seguridad del Estado pero sin que constituyera una contravención.

El nuevo CP entrará en vigor a los 90 días de su publicación en la Gaceta Oficial de la República . Viera Cañibe, abogado cubano residente en el exilio, considera que va a ser utilizado tempranamente para intentar asfixiar lo que queda de sociedad civil articulada en Cuba.

La Embajada de Estados Unidos en La Habana condenó la aprobación del nuevo CP por considerar que  «restringe aún más la libertad de expresión, de prensa y de reunión. (…) Mientras aumenta las penas para las protestas legítimas y pacíficas, el nuevo Código reduce las sanciones penales para aquellos que repriman violentamente futuras protestas».

Sin embargo, apenas un día después de su aprobación, la administración Biden dio a conocer un paquete de medidas  que representan un retroceso respecto a varias de las políticas del expresidente Donald Trump. Las medidas de acercamiento, justo en medio del recrudecimiento de la represión, han sido rechazadas por decenas de cubanos dentro y fuera de la isla.

El nuevo CP se aprueba, además, después de que el Estado cubano atravesara, por vez primera en varios años, por serias revisiones en el Comité contra la Tortura y en el Comité de los Derechos del Niño de la ONU . El primero de estos organismos emitió su informe periódico con recomendaciones a Cuba. De igual forma, en la isla de vive uno de los peores contextos represivos de las últimas décadas, con al menos 1.015 presos, la mayoría de ellos tras el 11-J.