La Justicia de Filipinas condena a la periodista Maria Ressa por difamación cibernética

Ressa, de 56 años, dirige desde 2012 ' Rappler ', un portal de noticias crítico con el Gobierno de Duterte y en especial contra su polémica lucha contra las drogas, que según cifras de Naciones Unidas ha dejado hasta el momento un saldo de casi 9.000 víctimas mortales.

La periodista ha sido condenada junto a su compañero de profesión Reynaldo Santos por un artículo publicado por 'Rappler' en mayo de 2012 en el que se relacionaba al empresario y demandante Wilfredo Keng con el tráfico de personas y el contrabando de drogas.

La juez Rainelda Estacio Montesa ha condenado a Ressa y a Santos a hasta seis años de cárcel, con una sentencia mínima de seis meses y un día, al tiempo que ha autorizado a ambos el pago de una fianza. Ambos condenados, que también deberán pagar 400.000 pesos flipinos (unos 7.000 euros) a Keng, han hecho saber que apelarán el veredicto.

En opinión de Ressa, el fallo es un revés para la libertad de prensa y la democracia por lo que ha pedido a periodistas y ciudadanos que mantengan la lucha. «Se trata de que nosotros seamos una llamada de advertencia. Se trata de que os hagamos estar asustados (...) No tengáis miedo», ha defendido la periodista.

«Porque si no usáis vuestros derechos, los perderéis», ha advertido Ressa. «Si no desafiamos el pulso para intentar acabar con los derechos garantizados en la Constitución, los perderemos. No deberíamos ceder nuestros derechos. Lucharemos», ha asegurado.

El artículo en cuestión, del que Ressa no es la autora, se publicó cuatro meses antes de que el Gobierno promulgara una ley contra la ciberdifamación en septiembre de 2012, lo que ha generado las críticas de varias organizaciones de prensa y de Derechos Humanos al considerar que la legislación es un nuevo intento de silenciar a periodistas y críticos de Duterte.

En su decisión, la juez ha sostenido que el veredicto busca «el equilibrio entre la aplicación del derecho de las personas a decir lo que opinan y la protección del derecho de otro contra la difamación de su honor y reputación».

Sin embargo, los grupos de defensa de los Derechos Humanos y la libertad de prensa no lo ven así. «Este es un día negro no solo para los medios independientes de Filipinas, sino para todos los filipinos», ha lamentado el Sindicato Nacional de Periodistas de Filipinas.

Desde Reporteros Sin Fronteras (RSF), su director para Asia-Pacífico, Daniel Bastard, ha criticado la «completa falta de independencia del Ejecutivo del sistema judicial en Filipinas» tras la «extremadamente dura sentencia dictada al término de un proceso kafkiano».

«El veredicto contra Maria Ressa pone de manifiesto la capacidad del abusivo líder de Filipinas de manipular las leyes para perseguir a las voces mediáticas críticas y respetadas, sea cual sea el coste último para el país», ha lamentado el subdirector para Asia de Human Rights Watch (HRW) , Phil Robertson.

También Amnistía Internacional ha pedido que se revoque el fallo, que su director para Asia Pacífico, Nicholas Bequelin, ha tachado de «farsa». En su opinión, «Ressa, Santos y el equipo de Rappler están siendo atacados por su información crítica de la Administración Duterte, incluidas las violaciones de los Derechos Humanos en curso».

El portavoz del presidente, Harry Roque, ha negado que Duterte haya influido en el caso , subrayando que nunca ha presentado ninguna denuncia por difamación contra un periodista a lo largo de su carrera política. Roque ha añadido que no existe «ninguna base» para la advertencia de Ressa que de otros periodistas podrían ir detrás. «Maria Ressa tiene una oportunidad de apelar. Mientras apela, no será encarcelada, le deseamos lo mejor», ha añadido.

Por su parte, Keng ha publicado un comunicado celebrando el veredicto y ha negado que presentara la denuncia con el respaldo de la Administración Duterte. Así, el empresario ha defendido que se vio obligado a denunciar después de que Rappler le negara el derecho de limpiar su nombre después «rogar y rogar».

«Mi denuncia y mi victoria en este caso garantiza que los filipinos que publican falsedades no quedarán sin contestar en esta jurisdicción, sino que serán tratados conforme a la ley», ha añadido.