El primer ministro polaco, Mateus Morawiecki
El primer ministro polaco, Mateus Morawiecki - AFP

La Justicia europea anula la purga de jueces en Polonia

La Comisión de Venecia carga contra el Gobierno socialista de Rumanía

Corresponsal en BruselasActualizado:

El Tribunal Europeo de Justicia anunció ayer que ha ordenado a Polonia que anule las jubilaciones forzosas y los nombramientos de nuevos jueces del Tribunal Supremo, una decisión de altísimo calado que pone al Gobierno nacionalista de Varsovia en una situación muy comprometida. La decisión de la máxima instancia judicial comunitaria responde a una demanda interpuesta por la Comisión Europea, al considerar que esa reforma judicial es contraria a los principios esenciales de la legislación europea.

El Tribunal de Luxemburgo afirma en su requerimiento que la suspensión de los nombramientos y destituciones de jueces debe tener lugar de forma «inmediata» porque de otro modo pueden producirse daños irreversibles a los ciudadanos a través de sentencias que podrían ser invalidadas porque estima que la situación actual no garantiza la independencia judicial.

El primer ministro polaco, Mateus Morawiecki, que se encontraba ayer en Bruselas en la reunión con los líderes de países de Asia (ASEM) dijo que su Gobierno hará «un análisis en profundidad» de una decisión que considera como privisional, porque -es verdad- los jueces no han escuchado todadvía los argumentos de las autoridades de Varsovia. Morawiecki dijo que contempla «varias opciones», pero que en todo caso su gobierno «responderá» a la decisión de los jueces. Desde la capital, el portavoz de la presidencia de la República ha dado a entender que podrían aceptar una reforma de la ley sobre el Tribunal Supremo de la que emanan las decisiones cuya suspensión se exige.

En efecto, la decisión de ayer no es definitiva y los jueces de Luxemburgo anuncian que esta será tomada «más adelante». Pero mientras tanto exigen que los jueces enviados a la jubilación forzosa deben ser repuestos en sus anteriores destinos.

Por otro lado, la Comisión de Venecia del Consejo de Europa ha dictaminado que la reforma judicial de Rumanía no cumple con los preceptos esenciales y que podría favorecer la impunidad de los delitos de corrupción. «Muchas de las enmiendas proyectadas en el Codigo Penal cuestionan seriamente la eficacia del sistema judicial para luchar contra la corrupción, los delitos violentos y el crimen organizado», afirma el informe de este organismo independiente. Rumanía vive una turbulenta situación en la que la primera ministra socialista, Viorica Dancila, se va enredando. El vicepresidente de la Comisión, Frans Timmermans, advirtió que el Ejecutivo comunitario no se andaría con paños calientes si el informe era crítico,, como así ha sido.