Johnson y Varadkar ven una senda hacia el acuerdo para el Brexit

El breve comunicado menciona los temas tratados -mecanismos aduaneros y consentimiento de las instituciones de Belfast- que han sido señalados como problemáticos por la Unión Europea desde que Johnson presentó su propuesta, el pasado día 2. Añaden a esos dos asuntos que debatieron «el potencial para fortalecer las relaciones bilaterales, incluyendo sobre Irlanda del Norte».

Los Gobiernos de Dublín y Londres ya se reúnen en una Conferencia Intergubernamental cuando las instituciones de Irlanda del Norte están suspendidas , como ocurre ahora. Se ven semestralmente con los de Escocia, Gales y otros en un Consejo Británico-Irlandés y una Asamblea de Parlamentarios en cámaras británicas e irlandeses se convoca también periódicamente.

Esta multiplicación de organismos bilaterales es el producto del Acuerdo de Viernes Santo de 1998, que incluyó también un Consejo Ministerial Norte-Sur, más disputado porque los partidarios de la unidad política de la isla irlandesa querían extender las áreas de coordinación y los unionistas norirlandeses, contenerlas en aspectos con obvios beneficios cuando participan los gobiernos de Dublín y Belfast.

La opaca y fría escritura del comunicado -los líderes «acuerdan que pueden ver» un camino hacia un «posible acuerdo»- añade el pasaje misterioso sobre el fortalecimiento de relaciones bilaterales , que no ocuparía el tiempo de los jefes de Gobierno si no hubiesen hablado sobre algún mecanismo de amortiguación de las tensiones que seguirían al Brexit a través quizás del Consejo Ministerial Norte-Sur.

El lenguaje es impenetrable porque las opciones son claras. La necesidad de controles fronterizos se elimina con la permanencia de Irlanda del Norte en la unión aduanera, como quieren norirlandeses opuestos al Brexit (mayoría en la provincia) y partidarios de la unidad política de la isla. La rechazan norirlandeses que desean la salida de la UE y permanecer como parte íntegra de Reino Unido.

La exigencia de Johnson para que las instituciones autonómicas consientan con las regulaciones comunitarias inicialmente y en votaciones cada cuatro años se puede formular de dos maneras, respetando también los mecanismos de gobernación intercomunitaria diseñados en 1998: una formulación que exija asentimiento positivo de las regulaciones daría un veto a los unionistas y el asentimiento pasivo se lo daría a los nacionalistas.