Una investigación periodística cuestiona las pruebas con las que condenaron al expresidente brasileño Lula

Greenwald, el periodista que reveló en 2013 el caso de Edward Snowden , filtrando informaciones confidenciales de Estados Unidos, publicó el domingo un reportaje con fragmentos de diálogos entre el entonces juez y el fiscal Deltan Dallagnol, que sugieren la alteración en fases del proceso de investigación que perjudicarían a Lula.

La discusión del proceso entre un juez y un fiscal, por sí sola, ya sería considerada inconstitucional. Ya los diálogos muestran la parcialidad en el caso tanto del actual superministro del Gobierno de Jair Bolsonaro , como del fiscal. Ambos son vistos como héroes contra la corrupción y fueron los dos principales nombres de la «Operación Lava Jato» , la investigación que llevó a prisión a empresarios y a algunos de los políticos más importantes del país.

Greenwald, que vive en Río de Janeiro, desde donde dirige «The Intercept», tuvo acceso a diálogos de años entre Moro e Dallagnol, además de otros investigadores del «Lava Jato». Según el diario norteamericano, que tiene una edición en portugués, las filtraciones llegaron a través de una fuente no identificada.

En varias conversaciones -la mayoría realizadas por la aplicación rusa Telegram-, fiscales de la ciudad de Curitiba liderados por Dallagnol discuten la forma de evitar una entrevista de Lula a «Folha de Sao Paulo», que podría beneficiar al Partido de los Trabajadores (PT) en la elección de octubre del año pasado.

En notas de prensa separadas, Moro y la Fiscalía de Curitiba, ciudad donde Lula se encuentra preso, manifestaron tranquilidad sobre la legitimidad de sus actuaciones, y expresaron su «preocupación con la seguridad personal y con la fiscalización y manipulación del significado de los mensajes».

«La acción vil del hacker invadió teléfonos y aplicaciones de fiscales usados para la comunicación privada y el interés del trabajo, habiendo incluso una sustracción de identidad de algunos de sus integrantes», subrayó en la nota el Ministerio Público de Curitiba.

Según el diario «O Estado de Sao Paulo», la Policía Federal está investigando hace un mes ataques de hackers contra los móviles de Moro y los fiscales de la operación en Curitiba, Sao Paulo y Río de Janeiro. La semana pasada, el teléfono móvil de Moro, fue invadido.

Los abogados de Lula difundieron un comunicado sobre las revelaciones de Greenwald, argumentando que era la prueba que faltaba para mostrar que el objetivo de los fiscales y de Moro era «político».

«Nadie puede tener dudas de que los procesos contra el expresidente Lula están corrompidos por lo que hay de más grave en términos de violación a las garantías fundamentales y a la negativa de los derechos», señaló la nota de los abogados.

Lula es investigado en varios procesos de corrupción, pero ya fue condenado y cumple pena por el primero de ellos, apuntado como el dueño de un tríplex en el balneario de Guarujá en Sao Paulo.

El caso fue juzgado en tiempo récord, según cálculos realizados por el diario «Folha de Sao Paulo». El plazo de la condena fue de 196 días, 42 de ellos entre la primera fase y la segunda, un récord en la «Operación Lava Jato», donde el promedio de esos procesos fue de un año.

La expresidenta brasileña Dilma Rousseff , destituida en el marco de las investigaciones, declaró en su cuenta de Twitter, que el reportaje deja «explícitas las relaciones ilegales y espurias entre el juez Sergio Moro y los procuradores de Lava Jato, destacándose Deltan Dallagnol», y pidió la «libertad inmediata de Lula» basada en lo que considera un fraude.

El candidato del PT derrotado en la elección presidencial, Fernando Haddad, que forma parte del equipo de abogados de Lula, pidió cautela en su Twitter, pero destacó que Brasil «puede estar delante del mayor escándalo institucional de la historia de la República». «Muchos irían a la cárcel, se anularían procesos y se revelaría al mundo una gran farsa», escribió, recomendando una investigación profunda.

El ministro de la Corte Suprema, Marco Aurelio de Mello, cuestionó ese tipo de comunicación por aplicaciones. «El intercambio de mensajes entre juez y el Estado acusador debe ser en el proceso, con absoluta publicidad», destacó.