La Fiscalía de Ecuador pide ocho años de prisión para el expresidente Rafael Correa

La fiscal general del Estado de Ecuador, Diana Salazar ha pedido ocho años de prisión para el expresidente del país Rafael Correa por el delito de cohecho, dentro del caso «Sobornos 2012-2016». Una trama de corrupción mediante la cual grandes empresas nacionales y extranjeras financiaron al movimiento político Alianza País a cambio de millonarios contratos en obras públicas.

Rafael Correa, quien gobernó Ecuador entre 2007 y 2017, fue acusado «como autor indirecto del delito de control de la organización », es decir, dio las órdenes para que se cometa la infracción sin necesidad de gestionar directamente los sobornos. A los demás funcionarios implicados en el caso (9), ministros y exaltos cargos entre ellos, así como a los empresarios involucrados los acusó de autores directos del delito de cohecho. El constitucionalista y catedrático Rafael Oyarte aseguró a ABC que la pena agravada supondría hasta 8 años de prisión.

Como sanción económica, la fiscal estableció la cantidad de 1.130 millones de dólares ( alrededor de mil millones de euros ), que resultaría de la suma de los contratos recibidos por los empresarios más los sobornos que habrían entregado, que serían 7,5 millones de dólares.

La petición de pena máxima hecha por Salazar causó un gran revuelo en el país. Las redes sociales estallaron al conocer la noticia, acrecentada con comentarios del propio Correa cuando fue presidente.

Christian Zurita, que junto a Fernando Villavicencio y a Cristina Solórzano, sacó a la luz esta trama de corrupción en el portal « Mil Hojas y La Fuente « se mostró exultante. Reveló estar muy satisfecho por lo logrado periodísticamente y por las acciones de una fiscal que tuvo la voluntad de investigar al grupo político más poderoso que gobernó Ecuador. No obstante, advirtió que los procesados tienen herramientas que pueden usar a su favor «en un país democráticamente vulnerable y falto de memoria».

Los otros exfuncionarios acusados como autores directos son el exvicepresidente Jorge Glas (hoy preso por el caso Odebrecht); Vinicio Alvarado, quien fue secretario de la Administración y estratega político; Alexis Mera, exsecretario Jurídico de la Presidencia; los ex ministros María de los Ángeles Duarte, Walter Solís y Viviana Bonilla; el exlegislador Christian Viteri, así como Pamela Martínez y Laura Terán, exasistentes de Correa y quienes se acogieron a la cooperación eficaz, por lo que la pena en su contra se vería reducida en un 90%.

El caso ha desatado comentarios de toda índole. Tales como que la fiscal Salazar comparara a Rafael Correa con el narcotraficante Pablo Escobar , quien en la parte final de su carrera delictiva no tocó la droga pero creó una poderosa red de narcotráfico a su alrededor. También lo comparó con Alberto Fujimori, expresidente de Perú, que sin haber asesinado fue declarado culpable por conformar un comando dedicado a este delito.