La Eurocámara aprueba recortar fondos de la UE a los países que se salten los valores europeos

Para mejorar las herramientas de la Comisión Europea en la vigilancia y control de los países miembros, el Parlamento Europeo aprobó ayer -con 397 votos a favor, 158 en contra y 69 abstenciones- un proyecto legislativo que prevé vincular el reparto de fondos europeos al respeto de los valores europeos, la separación de poderes frente a los que no combatan el fraude y la corrupción , que podrán ver congelados los pagos procedentes del presupuesto comunitario. Hasta ahora, la asignación de los fondos de cohesión se ha basado en las cifras del PIB per cápita en toda la UE, pero la Comisión ahora planea introducir indicadores sociales y ambientales, como el desempleo juvenil y la recepción de migrantes. Bruselas podrá entonces decidir suspender algún pago, o reducir la prefinanciación de proyectos aprobados, y la medida sólo se ejecutará tras recibir el visto bueno del Parlamento y el Consejo. Según fuentes europarlamentarias, los fondos podrán interrumpirse si la Comisión Europea determina la existencia en un país de «deficiencias generalizadas en lo relativo al Estado de derecho» que amenazan la gestión del dinero europeo. Los pagos podrán desbloquearse siempre que la Cámara y los ministros consideren que los gobiernos han corregido las faltas denunciadas. Este reglamento es parte del marco financiero plurianual de la Unión para el periodo 2021-2027.

De acuerdo con el artículo 2 del Tratado de la UE, los Estados miembros de la Unión Europea deben respetar los valores europeos: «La dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías». Hasta el momento, la UE solo ha podido «intentar hacer cumplir formalmente la legislación de la UE (secundaria), pero no el Estado de derecho», escribe Michiel Luining, del think tank neerlandés Clingendael . Con su gran mayoría parlamentaria, Fidesz (el partido liderado por el húngaro Viktor Orbán ) ha cambiado y enmendado rápidamente la Carta Magna para debilitar el Tribunal Constitucional e implementar leyes que entran en conflicto con las esencias de las democracias liberales.

«El respeto al Estado de derecho y los valores fundamentales son los principios sobre los que se construye el proyecto europeo. Ningún gobierno debe vulnerar esos valores sin sufrir las consecuencias», sostiene la europarlamentaria socialista Eider Gardiázabal , coponente de esta propuesta legislativa junto al finlandés Petri Sarvamaa , del Partido de la Coalición Nacional, que forma parte del Partido Popular Europeo. La Comisión propuso un mecanismo por el que «los Estados miembros que no respeten los valores consagrados en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea puedan ser objeto de consecuencias financieras». Las sanciones con respecto a la financiación de la UE incluyen la suspensión de compromisos de pago, interrupción de los plazos de pago, reducción de la prefinanciación, y finalmente suspensión de pagos.

El Gobierno socialdemócrata de Rumanía, país que ejerce la presidencia rotatoria del Consejo Europeo para los próximos seis meses, ha sido acusado por la Comisión Europea de «retroceder» la aplicación del Estado de derecho. En palabras del vicepresidente de la Comisión y candidato de los socialdemócratas europeos para las elecciones de mayo, Franz Timmermans, la reforma judicial liderada por el Ejecutivo de Viorica Dăncilă «amenaza la independencia del poder judicial y la lucha contra la corrupción». En 2012, el Gobierno rumano de Victor Ponta reemplazó al defensor del pueblo y a los oradores de ambas cámaras del Parlamento, trató de subordinar a la emisora pública al Gobierno y limitó la jurisdicción del Tribunal Constitucional.

En las próximas elecciones europeas, los partidos euroescépticos como la Liga (Italia), Agrupación Nacional (ex Frente Nacional, Francia), Fidesz (Hungría), Ley y Justicia (Polonia) y Alternativa para Alemania, entre otros, esperan conseguir grandes resultados electorales con los que poder influir, con sus postulados antiinmigración, desde dentro de las instituciones. «Una mayor representación de estos partidos en la Eurocámara podría afectar la tramitación parlamentaria de este proyecto de reglamento. Sin embargo, creo que seguirá existiendo una mayoría de los grupos europeístas, por lo que confío que el proyecto que examinamos esta semana pueda salir adelante», subraya a ABC el equipo de Gardiázabal, que ha negado que la propuesta considere recompensas para los países más aplicados en el respeto de los valores europeos. Esta decisión, explican desde el Parlamento Europeo, «entrará en vigor a las cuatro semanas a no ser que la Eurocámara por mayoría de los votos emitidos, o el Consejo por mayoría cualificada (que supone que un sólo país no podrá bloquear) modifique la propuesta o la rechace».

Los auditores del Tribunal Europeo de Cuentas aplaudieron el pasado verano este proyecto legislativo, concluyendo que el mecanismo propuesto «es más específico en su objetivo, alcance y medidas que el sistema existente, y más rápido de aplicar». Pero han recomendado a la Comisión que especifique los criterios, el procedimiento y el alcance de las medidas, como qué constituye una deficiencia generalizada en materia de Estado de derecho. En consecuencia, el Parlamento ha ampliado la definición de «deficiencia generalizada» a aquellos casos que «afecten o amenacen con afectar a los principios de buena gestión financiera o a la protección de los intereses financieros de la Unión», explican fuentes europeas.

Como apuntó a este periódico el asistente de Arndt Khon (eurodiputado de los socialdemócratas alemanes) en el Comité de Control Presupuestario, Laurin Berresheim, «las reglas no deberían ser más estrictas para los representantes de determinado color político: sigue siendo una democracia». ¿Está pensado este proyecto para controlar a los gobiernos polaco, húngaro e italiano? Para el equipo de Gardiázabal, la propuesta no va dirigida contra ningún Ejecutivo en concreto. «Hemos comprobado que los mecanismos existentes son insuficientes y lentos. Los nuevos instrumentos propuestos permitirían a la UE suspender, reducir o restringir el acceso a la financiación de la UE de forma proporcional a la naturaleza, gravedad y alcance de las deficiencias en un Estado miembro, independientemente del color político de su gobierno», concluye.