Encuentran 69 cuerpos en una fosa común en México

Las investigaciones comenzaron el 5 de febrero, cuando se encontraron 19 cuerpos en once fosas. En una segunda jornada de trabajo, se hallaron otros 50 cuerpos en 38 fosas . Los cadáveres, en avanzado estado de descomposición, fueron llevados a los forenses para dar comienzo al proceso de identificación. «El ADN se confrontará con el banco de datos que se tiene en la fiscalía del Estado, para que en caso de coincidencia se entregue a los familiares», dijo la fiscalía de Colima en un comunicado.

Colima fue el estado con la tasa de asesinatos más elevada de México en 2018, con un promedio de 81,09 homicidios por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación (Ministerio del Interior). Según esa misma fuente, el año pasado ocurrieron 33.341 asesinatos dolosos en todo México, el año más sangriento en el país desde que se empezó a recopilar datos en 1997.

El Gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lanzó a inicios de febrero un plan de búsqueda para las más de 40.000 personas desaparecidas que hay oficialmente en el país. Para lograrlo, el Gobierno ha creado el Instituto Nacional Forense , que comenzará a funcionar en julio de este año para coordinar todos los servicios que existen en el país. México destinará unos 21 millones de dólares en financiar este plan de búsqueda.

Sin embargo, ninguna institución u ONG conoce con exactitud la cifra real de desaparecidos en México, ya que muchas personas no denuncian la desaparición de un familiar por miedo a represalias por parte del crimen organizado. Ante los cerca de 40.000 casos oficiales, varias ONG calculan que podría haber más de 300.000 desaparecidos por todo el país.

La Universidad Iberoamericana y la Comisión de Defensa y Promoción de Derechos Humanos estiman en un estudio que, entre 2007 y 2016, se han encontrado un total de 1.075 fosas comunes con 2.204 cuerpos. Uno de los casos de desaparecidos que ha gozado de mayor atención mediática fue el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014. Para esclarecer este caso, López Obrador firmó un decreto para repetir la investigación sobre qué ocurrió con los estudiantes la noche del 26 de septiembre de 2014, ya que la ONU concluyó que la primera investigación obtuvo resultados «insostenibles» porque varios de los principales sospechosos fueron sometidos a torturas. Las torturas, según la ONU, provocaron «inconsistencias» en las declaraciones de los sospechosos.