La crisis económica que dejó Correa en Ecuador

El sucesor de Correa tenía necesariamente que aplicar medidas de choque . Moreno las comenzó a adoptar de manera progresiva, pero al final se impuso la conveniencia de un mayor tijeretazo, lo que ha provocado movilizaciones sociales. Negociado un «rescate» de 10.200 millones de dólares en febrero, procedente del FMI y otros organismos internacionales, el 1 de octubre anunció un plan de recortes para ahorrar 2.270 millones de dólares al año, sobre todo retirando el subsidio a los carburantes. Era el decreto número 833 que Moreno acaba de retirar para su reformulación, tras las negociaciones abiertas con grupos indígenas que han liderado las protestas.

Sorprendió que Correa no repitiera su candidatura a la presidencia ecuatoriana en las elecciones de febrero de 2017. Aunque llevaba ya diez años en el poder, finalmente había forzado cambiar la ley para permitir una reelección indefinida, lo que, de todos modos, le estaba suponiendo un peligroso coste político. Puede pensarse que prefirió elegir un sucesor que le guardara el puesto cuatro años y que se dedicara a la ingrata tarea de aplicar los imperiosos ajustes económicos . Luego Correa podría regresar como salvador de la situación, como el presidente de los buenos tiempos, y volver a sumar periodos presidenciales. Ese guion se está cumpliendo (menos en que Moreno vaya a cederle amigablemente el cetro).

La presidencia de Correa coincidió en gran parte con la «década de oro» de la economía de Sudamérica (2003-2013) , empujada hacia arriba por el gran salto de los precios de las materias primas . Siendo la sudamericana una economía fundamentalmente extractiva, el notable aumento del precio del petróleo y de muchos minerales significó una época general de bonanza, independientemente del mandatario que hubiera al frente de cada gobierno. Ese «boom» sustentó el desarrollo y consolidación de los sistemas bolivarianos.

Parte de los enormes ingresos que tuvieron los Estados se destinó a programa sociales, si bien en ciertos países se hizo con criterios de clientelismo electoral, buscando la generación de «voto cautivo». En Ecuador hubo una importante inversión en carreteras, pero fue un gasto que alimentó la corrupción gubernamental ( caso Odebrecht ) y el despilfarro. No hubo una gestión pensando en ahorrar para el momento de vacas flacas y cuando se hundieron los precios del petróleo a mitad de 2014 la situación financiera del Estado se fue a pique.

Los picos máximos en los precios del crudo, primero en 2008 y luego en 2011 tras la superación de la recesión mundial, supusieron para Ecuador un crecimiento del PIB del 6,4% y del 7,9%, respectivamente, cifras realmente elevadas. Pero la caída de los precios redujo el crecimiento del PIB al 0,1% en 2015 y al -1,2% en 2016.

Correa rebajó inicialmente la deuda pública del país, hasta el 16,8% del PIB en 2011, pero desde entonces la deuda no paró de crecer, multiplicándose por 2,5 hasta alcanzar el 45,4% del PIB en el año en que Correa dejó la presidencia (la cifra ha ido aumentando y este año podría acercarse al 50%).

El paro llegó a un mínimo del 3,8% en 2014, pero subió al 4,8% en 2015 y al 5,2% en 2016. Moreno luego lo ha ido bajando (3,7% en 2018), pero dada la inestabilidad abierta se estima que este año volverá a subir.

Y en cuanto al déficit público, este ascendió hasta el 6,7% en 2016; después los recortes del gasto realizados por Moreno lo han ido reduciendo.

Con las arcas estatales vacías y la necesidad de aplicar las tijeras en el gasto, Moreno se vio obligado a los organismos financieros internacionales – FMI, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo –, con los que en febrero de 2019 acordó un plan de rescate de 10.200 millones de dólares (nada menos que casi un 10% del PIB). De esa cifra, 4.200 millones corresponden a un préstamo del FMI, que incrementa la deuda del Estado pero que al mismo tiempo debiera contribuir a la mejora del cuadro macroeconómico y la multiplicación de ingresos. Además, Ecuador ha acudido a los mercados internaciones con una emisión de deuda próxima a los 2.000 millones de dólares.

El auxilio del FMI ha requerido la aplicación de medidas aún más drásticas por parte de Moreno, concretadas en el «paquetazo» anunciado el pasado 1 de octubre, el cual desencadenó la ola de protestas violentas. El paquete pretendía lograr un ahorro de 2.270 millones de dólares al año, la mayor parte del cual debiera venir de la eliminación de subsidios a los carburantes (1.400 millones de ahorro al año) y de otras medidas como el incremento del IVA en una serie productos, flexibilización en la creación de puestos de trabajos temporales, reducción del tiempo de vacaciones pagadas para los empleados públicos y rebaja de aranceles sobre capitales y materias primas.

La eliminación de los subsidios a los carburantes, vigentes desde hace 47 años, suponía un incremento de 0,19 centavos de dólar para el galón (3,78 litros) de diésel y de 0,23 centavos para el de gasolina. La decisión desencadenó la protesta primero de los transportistas y luego la de los grupos indígenas. El Gobierno ha retirado el decreto que incluía esta medida, a la espera de compensar ciertos recortes con algunas ayudas sociales.