Lo que ata el Caribe a Maduro no es el petróleo, sino la droga

A estas alturas diríase que ya no es una cuestión de petróleo. De hecho, todo indica que, debido a la crisis, la petrolera nacional venezolana –PDVSA– solo está enviando a los participantes del programa de Petrocaribe un total de 15.000 barriles diarios de crudo, muy por debajo de los 100.000 barriles diarios que les llegó a suministrar en época de bonanza (una disminución del 85% que dobla la reducción del 40% que Caracas está aplicando a Cuba ).

Tampoco es algo propiamente relacionado con la deuda petrolera, pues los volúmenes más elevados ya fueron cancelados en 2015 cuando el Gobierno de Nicolás Maduro comenzó a sentirse asfixiado financieramente. Así, la República Dominicana canceló su deuda de 4.027 millones de dólares y Jamaica cubrió otra de 3.250 millones (en realidad pagaron con un 52% de descuento, dada la urgencia venezolana). De los países caribeños únicamente Haití sigue atado a Caracas con una enorme deuda petrolera, que ronda los 2.000 millones de dólares.

En las últimas semanas el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, se ha puesto en contacto precisamente con los presidentes de Haití y República Dominicana para conseguir que los dos países voten contra Venezuela en la OEA, de acuerdo con fuentes diplomáticas. Pence les habría amenazado con retirarles las ayudas al desarrollo que reciben de Estados Unidos.

¿Por qué la República Dominicana y Haití a lo más que han llegado es a una abstención? ¿Por qué esos y otros países prefieren perder la ayuda estadounidense antes que enemistarse con Maduro?

«Es sospechoso que esos líderes prefieran perder ayudas oficiales que van a los presupuestos públicos y están escrutadas por el Congreso de Estados Unidos, antes que perder los beneficios que obtienen de su relación con Venezuela, los cuales no están sujetos a supervisión y seguramente acaban en los bolsillos de muchos de esos dirigentes», afirma alguien que colabora con las agencias gubernamentales de Washington en la recogida de información sobre las ya más que acreditadas actividades de narcotráfico del régimen chavista. Ese experto atribuye justamente al negocio de la droga –y a otras actividades ilícitas que lo acompañan– el voto cautivo de los países caribeños.

Se trata de algo quizás más llamativo en el caso de los pequeños estados de la zona este del Caribe. De los seis países independientes de la Organización de los Estados del Caribe Oriental (OECO), cinco se siguen oponiendo a castigar a Venezuela: en la asamblea general de la OEA de la semana pasada tres votaron en contra de presionar a Maduro ( San Cristóbal y Nieves , San Vicente y las Granadinas y la isla de Dominica ) y dos se abstuvieron (tanto Antigua y Barbuda como Granada ).

El creciente uso de esas islas en las rutas del narcotráfico ha sido señalado por Estados Unidos y la Unión Europea, que también señalan la penetración del narcotráfico desde Venezuela a Trinidad y Tobago y a Surinam , dos países que no han pasado de la abstención cuando se ha votado la cuestión de Venezuela en la OEA.

Ya en 2013 el Departamento de Estado norteamericano advirtió que se avecinaba un incremento del tráfico de droga a través del Caribe debido al «efecto globo» : al haber una mayor presión sobre las rutas que van a Estados Unidos a través de Centroamérica (de Colombia la droga pasaba a Venezuela y de aquí volaba principalmente a Honduras para luego entrar en México), parte del tráfico se desviaría hacia el Caribe. Así, en 2014 el tráfico por el Caribe se triplicó . Ese giro afectó especialmente a la República Dominicana, pero también ha sido notorio en el caso del Caribe Oriental.

El informe de 2016 de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, dependiente del Departamento de Estado norteamericano, advertía que esa región «aloja abundantes puntos para el paso de envíos de narcóticos ilícitos provenientes principalmente de Venezuela y dirigidos a Norteamérica, Europa y el propio mercado caribeño». También precisaba que «traficantes con base en Venezuela utilizan muchas de las islas no habitadas de la región para mover los cargamentos de droga a través de la cadena de islas en su tránsito hacia Norteamérica y Europa».

Si bien el informe afirmaba que los gobiernos de la región oficialmente no promueven o facilitan esa actividad ilícita, apuntaba no obstante a la corrupción de funcionarios y de dirigentes como causa de que algunas organizaciones de narcotráfico eludan la aplicación de la ley. Eso mismo había concluido un informe de la Unión Europea de 2014, en el que se responsabilizaba a los gobiernos por su «escaso control de fronteras y débil legislación».

La Unión Europea consideraba «motivo de preocupación» la posible corrupción oficial en la Organización de los Estados del Caribe Oriental, pues «algunos traficantes y organizaciones continúan eludiendo las agencias de orden público a través de sobornos, influencia o coerción». En este sentido llamaba la atención sobre el «riesgo de filtración de traficantes de droga a niveles gubernamentales».

La UE especificaba que San Vicente y las Granadinas no tiene ningún plan antidrogas ni tampoco una autoridad para la lucha contra los narcóticos. Se trata justamente del microestado antillano más cercano a Maduro, a quien se atribuyen diversas inversiones personales en ese país. Inversiones chavistas también se han reportado en San Cristóbal y Nieves.

Además, conociendo la corrupción del régimen venezolano es difícil no ver situaciones de provecho personal en la contribución de Venezuela a la construcción del aeropuerto de Argyle (San Vicente y las Granadinas) y de la planta de llenado de gas en Granada.