El cambio climático y el Tratado de Lisboa, a debate en la UE

A pesar de que faltan menos de cuarenta días para la cumbre de Copenhague y de que cada vez son más las voces, también dentro de la UE, que aseguran que lo único que desbloquearía las negociaciones internacionales sería poner una oferta financiera sobre la mesa, países como Alemania siguen defendiendo que conviene esperar.

En este contexto y en el mejor de los casos, los líderes europeos lo máximo que concretarán hoy en relación a la financiación son tres cifras generales. Según el borrador de conclusiones, está previsto que reconozcan que las naciones en desarrollo precisan un adelanto de entre 5.000 y 7.000 millones de euros anuales para poder elaborar sus planes nacionales de lucha contra el calentamiento global entre 2010 y 2012.

El texto también señala que el recorte de emisiones y la adaptación al cambio climático en estos países costará alrededor de 100.000 millones de euros anuales a partir de 2020, de los que entre 22.000 y 50.000 millones deberían proceder de la financiación pública internacional.

Está descartado que los líderes europeos tomen una decisión sobre los nombramientos de los cargos de alto nivel que creará el Tratado de Lisboa -un presidente estable y un alto representante para las relaciones exteriores- mientras siga sin despejarse la duda sobre su ratificación definitiva en la República Checa. "No tenemos la intención de plantear un debate sobre los nombramientos", aseguró un representante de la Presidencia.

La cuestión podría ser objeto, no obstante, de conversaciones bilaterales, empezando por la que esta noche mantienen en París la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Nicolas Sarkozy, quienes tienen en su mano que prospere o no la candidatura del ex primer ministro británico Tony Blair.

El primer ministro sueco, Fredrik Reinfeldt, pretende concentrar a sus colegas en la búsqueda de una solución a las objeciones planteadas por el presidente checo, el euroescéptico Vaclav Klaus, que siguen retrasando la ratificación plena y la entrada en vigor del nuevo tratado, acordado para modernizar la pesada maquinaria europea. La diplomacia sueca espera que este Consejo Europeo esté en condiciones de tomar las "decisiones políticas necesarias" para asegurar una pronta ratificación del texto en la República Checa, sobre la que también pesa una incertidumbre jurídica.

"Los checos han explicado claramente cuál es su dificultad y nosotros, como Presidencia, estamos tratando de ayudarles de forma tal que el resto de los Estados puedan dar su acuerdo. Ya veremos mañana y pasado si lo logramos", indicó un diplomático sueco. Se trata de ofrecerles garantías de que la Carta europea de Derechos Fundamentales no podrá ser invocada en hipotéticas reclamaciones por los descendientes de los alemanes que fueron expropiados y expulsados del territorio checo de los Sudetes después de la Segunda Guerra Mundial.

La Presidencia sueca no ha precisado qué forma adoptarían esas garantías, pero existe el precedente de las exenciones concedidas al Reino Unido y Polonia, que fueron recogidas en un protocolo con fuerza vinculante. En cualquier caso, la solución del problema checo sólo podrá despejarse a principios de la semana próxima, cuando el Tribunal Constitucional de ese país decida finalmente sobre el recurso planteado por un grupo de senadores euroescépticos.