Bachelet exige a Maduro la liberación urgente de 118 presos políticos por motivos de salud

ABC tuvo acceso al informe oral de unos cinco folios presentado ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra en donde la ex presidente de Chile hace un seguimiento descarnado sobre la crítica situación de los derechos humanos en los planos político, social, sanitario, militar y económico en Venezuela, que en su opinión ha empeorado desde el primer informe de julio pasado.

«Me preocupan el levantamiento de la inmunidad de 5 diputados de la oposición, elevando el total a 30 diputados de la oposición despojados de inmunidad, así como los actos de hostigamiento contra representantes de la oposición, incluido el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó», señala el informe de la Comisionada.

La oficina de la Acnudh en Caracas indica que «hemos recibido denuncias de actos de hostigamiento, amenazas y detenciones por parte de los servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad».

«Reitero mi llamada para que se continúe dando cumplimiento a las opiniones del Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria y, en consecuencia, se otorgue libertad plena al diputado Juan Requesens », señala.

En este mes se inició el juicio por el intento de magnicidio contra el presidente Maduro, por el cual están siendo juzgados 14 hombres y tres mujeres. En las primeras sesiones solo se permitió el acceso de las partes y algunos familiares a la sala de la audiencia. Restricciones similares se presentaron en la primera audiencia de juicio en contra del que era director del despacho de la presidencia de la Asamblea Nacional, Roberto Marrero . Insto al poder judicial a garantizar el derecho a un juicio justo, incluyendo el derecho a la defensa y el principio de publicidad”, añade.

«Mi Oficina ha documentado 118 casos de personas privadas de libertad que requieren de una respuesta urgente por motivos de salud, retrasos judiciales, falta de ejecución de boletas judiciales de excarcelación emitidas y o cumplimiento de las penas».

«Insto a las autoridades a liberar incondicionalmente a todas las personas detenidas por motivos políticos, incluyendo a militares», subraya Bachelet.

«En los últimos tres meses mi Oficina ha realizado 9 visitas a centros de detención, entrevistando a más de 70 personas. Reitero la solicitud de visitar los centros de detención de los servicios de inteligencia civil y militar en el corto plazo», añade Bachelet.

«Me preocupan los llamados por parte de autoridades de alto nivel para seguir armando a las milicias, así como la presentación, ante la (Asamblea Nacional Constituyente ANC, dirigida por Diosdado Cabello) de una propuesta de ley que fortalece e incorpora la milicia nacional a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana», precisa.

En lo social confirmó que «continúan las fallas de los servicios públicos. Mi Oficina realizó una visita a Maracaibo en la que constató las larguísimas colas para comprar combustible y los cortes prolongados y reiterados de electricidad, que además afectan el suministro de agua».

En cuanto a lo económico: «A pesar de que en octubre se decretó un incremento del 375% del salario, éste ha perdido su poder adquisitivo frente a la canasta básica alimentaria en 72,5% desde principios de 2019. El salario mínimo sólo cubre actualmente 3,5% de la canasta básica alimentaria».

La Plataforma de Coordinación de Naciones Unidas para Refugiados y Migrantes de Venezuela «estima que 4,7 millones de personas venezolanas han abandonado el país y proyecta que el número llegue a los 6,5 millones al final de 2020».

Denuncia que «entre el 22 y 23 de noviembre, en la comunidad de Ikabarú, ubicada en el territorio indígena Pemón, (estado Bolívar, sur de Venezuela) fueron asesinadas ocho personas con armas de fuego, incluyendo un sargento de la Guardia Nacional Bolivariana, un indígena Pemón y un adolescente».

«Mi Oficina sigue registrando altos niveles de violencia y la presencia de grupos armados irregulares en el estado de Bolívar, involucrados en la explotación ilegal de recursos naturales en el Arco Minero», relata Bachelet.

«Desde agosto a la fecha, mi oficina ha seguido documentando alegaciones de presuntas ejecuciones extrajudiciales por miembros de las FAES, principalmente en contra de jóvenes varones, en el contexto de operativos de seguridad en barrios marginales».

Recientemente el fiscal general anunció que, de agosto de 2017 a la fecha, 770 funcionarios han sido acusados por violaciones a los derechos humanos, de los cuales 509 han sido imputados, 393 privados de libertad y 131 condenados. Según información compartida con mi Oficina, del total de condenados, al menos 55 oficiales lo han sido por el delito de homicidio en relación con 68 víctimas. Entre los oficiales condenados, 14 eran miembros de la Policía Nacional Bolivariana, sin especificar si formaban parte de las FAES, dice en el informe.

«Reitero mi preocupación por los niveles de violencia que en los últimos meses también ha impactado en líderes políticos locales, como lo ilustran los asesinatos del ex concejal opositor Edmundo “Pipo” Rada y del exgobernador oficialista Johny Yáñez Rangel», concluye.