La identidad cercenada de la República Centroafricana

Crímenes como éste, ocurrido en la República Centroafricana el pasado 12 de febrero, recorren las páginas del último informe de Amnistía Internacional (AI) que denuncia cómo el país africano continúa siendo víctima de la violencia iniciada a principios de 2014 contra la población musulmana. La muerte del esposo de Fatima, un panadero que ejercía de líder comunitario, se produjo en la localidad del Gadzi, en la prefectura de Mambéré Kadei, enmarcada en la amplia franja de República Centroafricana —aproximadamente el tercio occidental—, donde el origen étnico, los antecedentes familiares, o la nacionalidad de ascendencia tienen un impacto significativo en la seguridad de sus residentes.

Para entender el huracán actual, basta echar la vista apenas unos meses atrás . Que nadie diga ahora no fuimos advertidos.

El origen del conflicto se remonta a marzo de 2013, cuando un golpe de Estado del grupo insurgente Seleka (compuesto, en su mayoría, por mercenarios musulmanes de Sudán y Chad) provocó la salida del país del presidente François Bozizé y abrió una crisis política en el país africano. Sin embargo, huidos los soldados de fortuna, fueron las milicias «anti-balaka» (patrullas urbanas que se han tomado la justicia por su mano) quienes dieron la vuelta a la tortilla del crimen clamando venganza contra todo lo que es musulmán.

Ya a comienzos de 2014, la propia AI denunciaba en otro informe cómo las tropas internacionales apenas podían frenar la «limpieza étnica» que se llevaba a cabo contra esta población por parte de los «anti-balaka», a las que acusó de «violentos ataques».

Entonces, entre las principales matanzas, AI documentaba un acción armada cometida el 18 de enero 2014 en Bossemptele (oeste del país), donde al menos 100 musulmanes fueron asesinados, principalmente mujeres y ancianos, entre ellos, un imán de 70 años.

El drama no fue solo humano. De forma paralela, un estudio llevado a cabo por Oxfam y Acción Contra el Hambre denunciaba que la crisis amenazaba con colapsar el sistema económico del país , tras el éxodo llevado a cabo por la población musulmana.

Por aquellos días, el misionero italiano Aurelio Gazzera, quien había salvado centenares de vidas en la ciudad de Bozoum, al noroeste, ya advertía a ABC que el aspecto económico de la crisis no debía ser subestimado: «Casi todos los comerciantes eran musulmanes y, ahora, con su partida, hay dificultades para encontrar géneros importados (aceite, sal, azúcar...) , cuyos precios aumentan rápidamente. Y a cambio, los productos vendidos por la población local (yuca, maní...) pierden valor y el precio cae de forma rápida. Entonces habrá poca disponibilidad de dinero, con todas las consecuencias», aseguraba a este diario.

Ahora, como denuncia AI, el mayor desafío al que se enfrentan estas pequeñas comunidades musulmanas es la falta de seguridad . Los milicianos «anti-balaka», que violentamente expulsaron a decenas de miles de musulmanes del país el año pasado, continúan manteniendo un peso significativo. De igual modo, las comunidades que permanecen deben, implícita o explícitamente, negociar las condiciones de su existencia con el grupo armado.

Y el costo de la supervivencia para los musulmanes en estas áreas es excelso. En algunos lugares, las milicias «anti-balaka» han convertido forzosamente a los musulmanes al cristianismo , o los han puesto bajo intensa presión para ello.

«No tuvimos más remedio que unirnos a la Iglesia Católica . Los 'anti-balaka' juraron que nos matarían si no lo hacíamos», señala un joven de 23 años de la prefectura de Sangha-Mbaéré, antiguo musulmán, en el informe.