Los rohingyas, una de las minorías más perseguidas y desconocidas del mundo

El viacrucis de esta etnia comenzó con la independencia de Birmania en 1948. Los ingleses, que habían colonizado la zona en 1825, trasladaron a los rohingyas de Bengala —un territorio ahora dividido entre Bangladés y la India— a una región occidental y costera birmana, el estado de Arakan. Un territorio «geográficamente un poco aislado» que evita «que haya habido emigración» a otras áreas del país, según explica Daniel Gomà, historiador de la Universidad de Cantabria. Aunque las tensiones con sus pobladores, los rakhina, han provocado estallidos de violencia. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) tuvo que llevar a cabo varias campañas desde los años 70 para proteger a la minoría musulmana.

«La sociedad birmana y las autoriades no consideran a los rohingyas una de las etnias del país», señala el historiador. Gomà también explica que los dirigentes de la nación asiática «siempre les han privado de la ciudadanía, por lo cual son apátridas y carecen de derecho a la sanidad, a la educación o al voto». Regímenes como la dictadura del general Ne Win, a partir de 1962, o la junta militar establecida en 1989 utilizaron a la minoría «para galvanizar a las masas». Como un chivo expiatorio, en definitiva.

La cuestión religiosa también desempeña un rol clave en este rechazo. Birmania es un país de mayoría budista y sus ciudadanos «perciben como una amenaza el islam» practicado por los rohingyas, ya que consideran que este credo «hace proselitismo». Un temor incrementado por su situación geográfica. Esta nación asiática comparte fronteras con Bangladesh, un país musulmán.

Birmania, una nación inmersa en una transición democrática desde 2011, debate ahora si «dan la ciudadanía» a los rohingyas. «Pero ninguno de los partidos dice nada», explica el historiador. Gomà critica esta situación, que considera insostenible. «Étnicamente es una realidad que están allí: o se les expulsa o se les da derechos, pero lo que no puede ser es que no los tengan en un país que aspira a ser una democracia», concluye.