«Algunos testigos de la causa de Kenia en el TPI están desapareciendo»

«Tenemos registrados hasta 16 casos de jóvenes viudas cuyos maridos han desaparecido sin rastro (…) Se aseguran de que no aparezcan los cadáveres. Si no hay cuerpo, nadie investiga (...) Los escuadrones de ejecución suelen arrojarlos a las alimañas para que se deshagan de ellos o los disuelven en ácido», denuncia a ABC el candidato.

El origen de estos disturbios se encuentra en las acusaciones de fraude lanzadas por el actual primer ministro, Raila Odinga, contra el presidente, Mwai Kibaki, tras ser derrotado en unas elecciones en las que partía como favorito.

Precisamente, el pasado año, el Tribunal Penal Internacional confirmaba la apertura de un proceso contra, entre otros, el viceprimer ministro y ahora candidato, Uhuru Kenyatta, por la presunta subvención de las turbas que provocaron incidentes durante la campaña, así como de los ataques que tuvieron lugar en el Valle del Rift, una de las regiones más conflictivas del país. Y para esta causa, los mungiki serían testigos clave: Durante los meses que duró la violencia, el grupo fue utilizado (presuntamente) como «mercenarios» por figuras del Gobierno para llevar a cabo las represalias. De igual modo, el propio TPI asegura que varios miembros de este entramado mafioso celebraron una reunión en la residencia oficial del presidente para trazar los ataques.

Sin embargo, y obviadas estas acusaciones, los comicios de este lunes se presentan como una batalla política entre el propio Odinga y Kenyatta, pese a las cuentas pendiente de este último con la justicia (los últimos sondeos, dependiendo del color, indican leves y oscilantes diferencias en intención de voto, lo que llevaría a una segunda vuelta electoral).

En este sentido, lo reñido de los comicios no ha hecho sino despertar la ansiedad ciudadana de que una nueva ola de violencia vuelva a producirse. Más aún, ante el reciente reagrupe de los mungiki: A finales de febrero, el presidente del Tribunal Supremo de Kenia, Willy Mutunga, aseguraba haber recibido amenazas del grupo delictivo contra su integridad y la de otros jueces.

Mientras, eso sí, los mungiki (convertidos ahora en testigos frente a la clase política que, presuntamente, les subvencionó) continúan desapareciendo: En 2009, la Comisión Nacional de Derechos Humanos denunciaba una operación contra la milicia, en la que 500 de estos jóvenes fueron ejecutados extrajudicialmente por escuadrones policiales.

«¿Quién tiene la capacidad de hacer esto al margen del Gobierno?», se pregunta el candidato Muite. «¿Por qué no se investiga?», añade.