Daniel Sancho, ante su destino: comienza el juicio en Tailandia

Ahora bien, los presupuestos fácticos resultan de sobra conocidos, no en vano este drama entretuvo incontables horas de tertulia televisiva como una de las noticias más comentadas del año. En vísperas de un nuevo capítulo, si los reporteros patrios destacan entre millones de turistas solo es por el inusitado trajín de cámaras, micrófonos y trípodes en un destino paradisiaco acostumbrado al selfi pero no al circo, tan mediático como concurrido: hasta quince unidades informativas corretean por Koh Samui haciendo sus necesidades.

En el tribunal provincial de esta isla, la mayor de las próximas a Koh Phangan y en cuya cárcel Sancho permanece desde hace ocho meses, comenzará la resolución del caso 118/2566, de acuerdo al sobrio bautizo burocrático. El proceso tendrá lugar a lo largo de catorce sesiones en otros tantos días hábiles –interrumpidos por Songkran, el Año Nuevo tailandés– y contará con la participación de medio centenar de testigos, un cúmulo de relatos que dará forma a la sentencia, emitida a partir del 3 de mayo, entre cuatro y ocho semanas después.

La Fiscalía tailandesa acusa a Sancho de tres delitos: asesinato premeditado, destrucción de documentación ajena –el pasaporte de Arrieta– y ocultación del cuerpo. Este se ha declarado no culpable del primero y el segundo pero sí ha reconocido el tercero, penado con un año de cárcel como máximo. El asesinato, en cambio, puede conllevar la sentencia de muerte ante un listado de agravantes que incluye la premeditación, una de las cuestiones clave a dirimir. En la mayoría de los casos que afectan a extranjeros, no obstante, la pena capital suele ser conmutada por cadena perpetua, como sucediera con el asesino y también español Artur Segarra. La destrucción de documentación ajena es castigada con hasta cinco años.

«Estoy convencido de que me van a absolver porque se va a demostrar que fue en defensa propia», aseguraba Sancho semanas atrás durante una entrevista concedida a Efe en la cárcel de Koh Samui. En la conversación el cocinero detallaba también el aspecto de su cotidianeidad entre rejas: duerme en una celda con otros cincuenta presos y mata el tiempo practicando yoga, muay thai y leyendo. «El ambiente es bueno, nos tratan bien y no hay ningún tipo de violencia ni drogas».

«Fue una pelea que yo no empecé y que tuvo un desenlace fatal que yo nunca hubiera querido», añadía, declaraciones que adelantan la estrategia de su defensa. Sancho cuenta con el apoyo del despacho Balfagón-Chippirrás, el letrado Marcos García Montes y el abogado de oficio Aprichat Srinuel –el tercero tras desavenencias con los anteriores–, dado que el proceso requiere de un representante tailandés.

Al otro lado de la sala estará la familia de Arrieta, personada como coacusación y guiada por el despacho Ospina Abogados junto a un equipo local, aunque los padres de la víctima, Leovaldo José Arrieta y Ana Marcela Artega, no intervendrán dado que el tribunal no ha autorizado una declaración telemática desde Colombia. Su propósito consiste en demostrar que hubo premeditación, en línea con el planteamiento de la fiscalía, y aspiran a una indemnización económica de 410.000 euros.

Los abogados del español, por su parte, han apostado por criticar las supuestas irregularidades cometidas por la policía tailandesa durante la investigación para así desacreditar el testimonio inicial de su cliente. Carmen Balfagón ha denunciado en repetidas ocasiones que las fuerzas de seguridad «engañaron [a Sancho] hasta que confesó», haciéndole creer que si lo hacía regresaría a España «en un plazo de cuarenta y ocho horas» y dándole a firmar «documentos falsos» entregados por un agente encubierto por letrado.

Resta otro elemento de discordia: el arma homicida. «Un cuchillo que [...] nadie sabe dónde está y es una pieza que hay que llevar a juicio», incidía García Montes durante una aparición televisiva. Esta arma blanca, descrita como «de pequeñas dimensiones, [y] del ajuar que había en la habitación» donde se produjeron los hechos, vendría a debilitar la hipótesis de la premeditación al no contarse entre los cuchillos que Sancho adquirió con anterioridad en supermercados de la zona.

«Golpeó a Arrieta en una pelea para defenderse de una agresión sexual y no confesó nunca un crimen intencionado, aunque sí se deshizo del cuerpo», resumía. Por todo ello, García Montes auguraba una condena máxima de entre ocho y diez años, por lo que Sancho «podría ser trasladado de vuelta a España en tres o cuatro».

He ahí el horizonte último: una hipotética extradición. España y Tailandia no comparten tratado en esta materia, por lo que penalistas tailandeses consultados por ABC establecen varios requisitos: sería una posibilidad –y nada más que eso– siempre que la sentencia no fuera de muerte, que no cupieran más apelaciones, que Sancho hubiera cumplido un tercio de la misma y que el Gobierno español lo solicitara de manera formal.

Solo entonces la noche del 2 de agosto de 2023 tendrá por fin desenlace, el cual no será sino la respuesta a una pregunta que contiene todo un proceso civilizatorio: ¿Cuál es el precio de una vida? La sangre ya se ha disipado, los periodistas lo harán pronto, pero en realidad el caso Daniel Sancho apenas acaba de empezar. Habrá incluso para quien no acabe nunca.