Vox esconde tras su poder territorial la pérdida de peso en el Congreso

La consolidación nacional de Vox como tercera fuerza política, innegable tras las elecciones del 28M y del 23J, no se ha traducido en una situación de bonanza para el partido, al menos en el Congreso. Aunque en los comicios generales Santiago Abascal mantuvo un suelo por encima de los tres millones de votos, pasó de 52 a 33 escaños. Una merma con dos consecuencias directas sobre su forma de ejercer oposición: si Pedro Sánchez logra ser investido presidente del Gobierno, Vox no podrá presentar recursos de inconstitucionalidad ni mociones de censura. Sus dos cabezas nucleares.

Al margen de las consecuencias prácticas del resultado del 23J, Vox se afana en achicar agua de las lluvias de reproches que siguieron a la dimisión de Iván Espinosa de los Monteros en agosto. El insigne portavoz parlamentario se marchó alegando motivos personales, aunque fuentes cercanas a él hablaron de un alejamiento de la dirección nacional, donde se estarían imponiendo, según su versión, los planteamientos del vicepresidente Jorge Buxadé, mucho más conservador y ajeno al liberalismo económico.

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El Comité Ejecutivo Nacional ha negado siempre la crisis que siguió a la renuncia de Espinosa de los Monteros, pese a que exdiputados como Rubén Manso y Víctor Sánchez del Real elevaron públicamente la voz contra lo que consideran un giro hacia posturas más arrinconadas a la derecha. Ahora, tras el parón estival, la dirección no ve ningún problema y se aferra a su recién conquistado poder territorial. Al de Castilla y León, tras el 28M suma otros cuatro gobiernos.

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, número dos del partido, llegó a afirmar recientemente, en una rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Comité de Acción Política, que la formación atraviesa «la mejor situación desde su fundación». Precisamente, la presencia de Vox en cinco gobiernos autonómicos en coalición con el PP -Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura y Región de Murcia- y su papel clave para la conformación del de Baleares le sirven como argumento.

Así, Vox está en una forma «magnífica», según el análisis de Garriga, por condicionar «seis gobiernos regionales y más de 140 ayuntamientos». Este estado de salud no ha sido suficiente, no obstante, para que en octubre se celebre el Viva, un gran acto del partido que tiene -o tenía- la intención de convertirse en una fiesta anual para simpatizantes y afiliados, con la idea de combinar tiempo entre familiares y amigos con una aproximación a unas afinidades políticas compartidas. La explicación oficial para suspender el evento, que en principio se celebrará en 2024, es el actual contexto político, donde Sánchez parece abrirse a negociar una ley de amnistía para borrar el 'procés' y ganarse los votos de ERC y Junts.

«Hemos vuelto a asistir a un episodio de ciencia ficción y a numerosos relatos, pero estamos en un momento muy grave donde la incertidumbre política es real. Entendemos que la responsabilidad del momento nos hace posponer el acto al que están acostumbrados a más adelante. Que nadie tenga ninguna duda, se va a celebrar», dijo Garriga. El año pasado el Viva22 tuvo lugar un mes después del encontronazo público entre Macarena Olona y su expartido, que le cerró la puerta a un posible regreso por denunciar en este diario «falta de democracia interna».

Ahora, tras el bajón en las elecciones del 23J y la crisis interna vivida el mes pasado, la fiesta se pospone. Mientras, Abascal prioriza la acción de Vox en los gobiernos regionales de coalición. El pasado jueves acudió a la toma de posesión de José Ángel Antelo como vicepresidente de la Región de Murcia, donde los dos partidos de la derecha gobernarán después de haber coqueteado hasta el límite con la opción de una repetición electoral.

En paralelo, en el Congreso, la nueva portavoz de Vox en la Cámara Baja, Pepa Millán, expuso las iniciativas de su partido -que intenta paliar la pérdida de peso con mucha actividad, por ejemplo, para cercar a la vicepresidenta en funciones Yolanda Díaz por reunirse con el prófugo Carles Puigdemont- y adelantó que no van a participar este domingo en la protesta del PP contra la amnistía si esta se limitaba a un acto de partido.

Más allá de que los populares, en vez de tender la mano a Vox para la convocatoria, remarcasen reiteradamente que se trataba de un evento organizado y protagonizado por el PP, lo cierto es que los de Núñez Feijóo, espoleados por el expresidente José María Aznar, estuvieron más rápidos para salir a la calle, donde habitualmente ha sido Vox quien se ha adelantado. Tras una legislatura donde Vox presumía de una triple acción en el Congreso, tribunales y calle, los de Abascal confían ahora su fuerza a su influencia en sus gobiernos autonómicos con el PP, aunque esta semana ha cogido aire con su defensa del español. Por ello, quizás, y como ha podido constatar ABC, la dirección nacional controla con celo cada movimiento, hasta la organización de eventos dependientes de sus consejerías.