Sánchez escribió la carta dos días después de que el juez le comunicara a su mujer que estaba investigada

Tras el alzamiento del secreto que pesaba sobre buena parte del sumario, este martes este diario tuvo acceso al contenido de la causa desde su origen. Y está el auto del magistrado instructor, Juan Carlos Peinado, que admite a trámite la denuncia de Manos Limpias contra Begoña Gómez a partir de una serie de exclusivas que la sitúan recomendando a un empresario en la consecución de dos concursos públicos. Dice que los indicios son verosímiles y «merecen ser investigados», «con independencia» de la fuente de conocimiento del denunciante.

Fechado el martes 16 de abril, el auto «dirige la investigación contra la persona de Begoña Gómez como posible partícipe en los hechos investigados, que pudieran ser constitutivos de un delito de tráfico de influencias y de un delito de corrupción en los negocios». Ordena que «se le dé traslado», pues aunque «en el presente momento procesal, no se acuerde la declaración de la persona investigada, dado que se le atribuye dicha condición procesal», lo ve «necesario» para evitar indefensiones.

Noticia Relacionada

La defensa de Begoña Gómez pide aplazar las testificales de altos cargos de la adjudicataria

Isabel Vega

Pide al juzgado que señale otra fecha por coincidencia con un señalamiento anterior

El oficio del letrado de la Administración de Justicia (LAJ) que materializó esta orden del juez se emitió el 22 de abril y contiene una firma de acuse de recibo. Ese fue el día en que se envió notificación a Begoña Gómez comunicando que un juez de Madrid la tenía por investigada. Era lunes. Al día siguiente, la Fiscalía fue notificada formalmente de la apertura de la causa y las primeras diligencias: citar como testigos a dos periodistas, poner al frente a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y notificar a la afectada.

El miércoles 24 de abril, saltó la liebre cuando 'El Confidencial' destapó la existencia de la causa. Para entonces, la mujer del presidente ya tenía abogado, Antonio Camacho, fiscal y ministro de Interior con Zapatero. Ese día envía un escrito al juzgado: «Habiendo recibido la señora Gómez testimonio de la parte dispositiva del auto dictado por el cual se acuerda incoar diligencias previas y atribuir a mi defendida la condición de investigada, vengo a poner en conocimiento de este juzgado que interesa al derecho de mi representado instar su personación en la presente causa». Esa misma tarde, el presidente del Gobierno anunció en una carta que se tomaba cinco días para reflexionar. En la jornada siguiente, la Fiscalía, que se refiere a Gómez como «denunciada», recurrió la apertura de la causa señalando que el auto carecía «de cualquier razonamiento jurídico sobre si los hechos relatados reúnen, al menos indiciariamente, los elementos de los tipos penales». Aún está pendiente en la Audiencia Provincial de Madrid.

Este es el contexto en el que echó a andar la investigación que ahora tiene una nueva pieza separada, por revelación de secretos en la filtración del informe de la UCO que el juez encargó para aclarar los hechos y que acabó en la prensa cuando en la causa se analizaba a puerta cerrada. Ese informe, en todo caso, no ha encontrado vinculaciones de la mujer del presidente con los adjudicatarios de la entidad pública Red.es que dieron dos contratos a la sociedad a la que ella firmó sendas cartas de recomendación, Innova Next, —del Grupo Barrabés— cuando concurrió en unión temporal con otra empresa (UTE). La Guardia Civil no ha podido acreditar que las cartas existieran porque, dice, le falta documentación, aunque considera plausible que así fuera. En todo caso, refiere que Innova Next recibió adjudicaciones públicas tanto de Red.es como del Ayuntamiento de Madrid y del Consejo Superior de Deportes (CSD), entre otros. El juez ha requerido a la UCO que aporte todos estos expedientes de contratación. No consta que la Fiscalía lo haya recurrido y eso que la relación es tensa porque el instructor puso por escrito que sospechaba de sus «inusuales» visitas al juzgado. En algo están de acuerdo, con todo: un rapapolvo a Manos Limpias por la «descabellada» pretensión, hace unos días, de retirar el pasaporte a Gómez.

Mientras, la Fiscalía Europea se ha interesado en el caso, ante un aviso de la Inspección General de la Administración del Estado (IGAE) sobre la posible concurrencia de fondos comunitarios en aquellas adjudicaciones de Red.es que eran para empleabilidad.

El sumario revela que este organismo pidió al juzgado el 26 de abril información sobre «los hechos y delitos» que están siendo investigados en relación a cuatro contratos de Red.es a la UTE Innova Next-Escuela de Negocios The Valley porque «la Fiscalía Europea podría, en su caso, llegar a ejercer su competencia». Adjuntaba un decreto constatando que ya había oficiado a su vez a Red.es para recabar los expedientes «en un plazo improrrogable de cinco días» y preveía solicitar a la Unidad de Administración del Fondo Social Europeo que chequease si la financiación de los mismos era comunitaria. El instructor contestó casi de seguido que investiga delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios en «la adjudicación» de esos y otros contratos.