PP y Vox entran en el cuerpo a cuerpo con el debate de la inmigración

Pero las medidas de los últimos días –un visado por puntos para decidir qué inmigrantes pueden entrar en España, el retorno de los menores siempre que haya información para devolverlos con sus familias o el endurecimiento de requisitos para acceder a prestaciones de la seguridad social y tener la residencia de larga estancia– han desencadenado una reacción tajante de Vox. Primero, acusando al PP de «copiar» muchas de sus medidas y, segundo, denunciando una «estafa» a los electores porque ponen en duda que realmente las vayan a poner en práctica si gobiernan.

Ezcurra tiene el mandato de Feijóo de elaborar una estrategia sobre inmigración desde hace meses. El PP asumió hace tiempo un endurecimiento en sus posiciones, en línea con lo que han hecho el resto de países europeos. Consideran que el «buenismo» del Gobierno de España con una política de «puertas abiertas» que, en realidad, inauguró Angela Merkel en 2015 con la llegada de un millón de refugiados a su país y que ya nadie defiende, menos aún en Alemania, es «una equivocación» que ha agravado la situación.

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En el otro extremo, los populares quieren alejarse de las posiciones más radicales de Vox –Abascal llegó a decir que había que «confiscar y hundir» el Open Arms– apostando por el concepto de «integración» en todo su plan y favoreciendo a aquellos inmigrantes que conozcan el idioma, respeten la cultura y puedan cubrir vacantes laborales en sectores específicos.

La «proximidad cultural» por la que aboga el PP –priorizando inmigrantes de Hispanoamérica sobre otros– es la medida que más polémica ha generado y, de hecho, Ezcurra tuvo que esforzarse por explicarlo en una rueda de prensa este lunes en Génova. «La cohesión social no significa uniformidad. Lo que decimos es que tenemos vínculos históricos y comunes con algunos países cuyos nacionales se integran de una manera más rápida. Pero apostar por la cercanía no quiere decir uniformidad», repitió ante las dudas sobre si el PP se oponía a la inmigración con otros orígenes, como África.

Vox buscó el cuerpo a cuerpo casi al mismo tiempo con su portavoz nacional José Antonio Fúster desde su sede nacional. Pero incluso Abascal y el portavoz en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, que coincide con Ezcurra en Bruselas, se lanzaron a críticas muy duras contra Feijóo, considerando que su plan es un «paripé» en respuesta al auge de Vox en todas las encuestas. «Son lo contrario a una alternativa. Por eso pactaron hace un año repartir menas e ilegales por toda España», afirmó Fúster, que reprocha al PP defender una cosa en sus papeles y hacer algo muy distinto desde los gobiernos autonómicos. El convencimiento de Abascal es que el PP está emulando al canciller alemán Friedrich Merz, líder de la CDU, que endureció mucho su discurso en campaña para competir con Alternativa por Alemania y, tras las elecciones, volvió a firmar un pacto con los socialdemócratas.

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El partido de Abascal también acusa al PP de contribuir a la «demonización» de Vox por unas palabras de Feijóo en Murcia - «no se trata de echarlos todos al mar», dijo sin citar expresamente a ningún partido- pero en clara alusión a las frases que ha pronunciado Abascal al hablar de hundir barcos y que han sido recriminadas por el jefe del Estado Mayor de la Armada, recordando que el Ejército tiene la responsabilidad de auxiliar y ayudar a los ocupantes de las embarcaciones en el mar. También ha habido reproches de la Iglesia por algunas posiciones de Vox. De hecho, la propia Ezcurra respondía en un mensaje a Buxadé: «Lo que llamáis equidistancia es legalidad y humanidad. Y decir lo contrario es muy poco cristiano».

Hace unos días el partido de Abascal también dio un paso más en su cruzada contra la inmigración ilegal acudiendo directamente al Tribunal de Cuentas para exigir un informe de fiscalización sobre «el gasto directo e indirecto» que todas las entidades públicas dedican a este fenómeno. Lo harán a nivel nacional, a través de la Comisión Mixta del Congreso de los Diputados para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, competente para este tipo de auditorías, pero también desde los parlamentos autonómicos.