Vox quiere que el Tribunal de Cuentas fiscalice el gasto de la inmigración ilegal

Fuentes del partido insisten en que el objetivo es conocer al detalle todo el dinero que, desde cualquier organismo de titularidad pública, se destina a la inmigración ilegal: desde subvenciones y prestaciones de la Seguridad Social o servicios en Sanidad y Educación. Esta decisión implica un paso adelante en la estrategia de Vox con respecto a la inmigración irregular, vinculándola no ya a la inseguridad y a la autoría de agresiones, muchas sexuales, sino al «dispendio público» del Estado que, su juicio, «sigue estando escondido». En Vox reprochan al Gobierno sus ataques de racismo mientras no son transparentes con este asunto.

La primera intervención del curso político de Abascal ayer en la sesión de control al Gobierno fue toda una declaración de intenciones. Preguntó a Pedro Sánchez «cuánto dinero cuesta promover y mantener la inmigración ilegal» y acusó a su Ejecutivo de estar «subvencionando» a ONGs que «colaboran con el tráfico de personas». Justo después zanjó: «La invasión cuesta muy cara». Las palabras empleadas no son casuales y forman parte de una hoja de ruta común de los partidos que integran su familia europea -Patriots- en la que están el primer ministro de Hungría, Víktor Orban, y la líder de Agrupación Nacional en Francia, Marine Le Pen. El término «invasión» forma parte del lenguaje habitual de estos partidos, que defienden desde hace tiempo deportaciones de inmigrantes ilegales fuera de la Unión Europea y alertan -especialmente la dirigente francesa- de «un proceso de islamización» en Europa.

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Vox insiste en que tanto el Gobierno central como los autonómicos del PP se empeñan en «ocultar» el coste de la inmigración ilegal. Citan un informe de la Fundación NEOS, dirigida por Jaime Mayor Oreja, que habla de una cifra que rondaría los 30.000 millones de euros, pero denuncian que han presentado «cientos de preguntas escritas» en el Parlamento, en asambleas regionales y ayuntamientos sin obtener respuesta. La formación de Abascal asegura que la inmigración ilegal también contribuye al colapso de los servicios públicos, las ayudas sociales que no se ejecutan y las listas de espera saturadas. De hecho, el líder de Vox llegó a asegurar ayer, desde su escaño, que «cuesta más un inmigrante ilegal que mantener a un anciano en una residencia».

Como publicó este diario, la formación de Abascal es el único partido que defiende expulsiones masivas en nuestro país -el PP, que ha endurecido mucho su discurso, insiste en que sean individualizadas- y cuestiona abiertamente la supervivencia de los servicios sociales tal y como los conocemos, así como el sistema de subsidios actual. Algunos economistas como Jesús Fernández-Villaverde, que Vox sigue atentamente, defienden la tesis de que el crecimiento de la inmigración hará insostenible el actual sistema del bienestar.

Los menores migrantes no acompañados, que llegan a España sin sus familias, son el otro caballo de batalla político permanente de Vox. Fue ese el motivo por el que rompieron los gobiernos autonómicos con el PP después de que Alberto Núñez Feijóo diera orden a sus presidentes de acatar el reparto pactado con el Gobierno y acoger a los adolescentes que les habían asignado. Poco después, también los dirigentes populares empezaron a poner palos en las ruedas y se negaron a aceptar futuras distribuciones, hasta el punto de que algunas comunidades han llevado al Gobierno a los tribunales. El pacto del Ejecutivo con Junts para establecer los criterios de los próximos repartos cuando una comunidad autónoma esté saturada (que deja a Cataluña y el País Vasco como las comunidades que menos menores extranjeros recibirán) ha enfrentado definitivamente a las administraciones regionales con Sánchez.

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En los últimos días el Gobierno de Baleares ha alzado la voz hasta el punto de hablar de «racismo institucional» por la saturación que sufre su territorio en este momento. Pero Vox mantiene la presión sobre el PP, al que acusa -igual que al PSOE- de permitir que la inmigración irregular siga creciendo y estar contribuyendo al «efecto llamada». Hace solo dos meses la portavoz del área en el partido, Rocío de Meer, abogó por un «proceso de reemigración muy complejo» que afectaría a inmigrantes de segunda generación que no se hayan adaptado a las costumbres de España, o que hayan protagonizado «escenas de inseguridad».