El PP compromete a Bolaños al llevar al Congreso el modelo de CGPJ avalado por Europa

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Nati Villanueva

Reitera que los doce vocales de procedencia judicial deben ser elegidos por la carrera

Salga adelante o no la iniciativa de –pues requiere mayoría absoluta–, el movimiento de los populares compromete la postura del ministro de Justicia, Félix Bolaños, más allá de nuestras fronteras porque los socios de Gobierno tendrán que posicionarse sobre una proposición que pretende despolitizar un órgano que precisamente ayer evidenció sus luchas de poder internas con la rebelión de nueve vocales progresistas contra su presidenta, de ese mismo perfil, por el reparto de las comisiones en el seno del Consejo, en las que se ven infrarrepresentados.

La disposición adicional prevista en la ley por la que PP y PSOE renovaron el CGPJ en julio de 2024 tras años de bloqueo, pacto que selló el propio Bolaños con Esteban González Pons en presencia del entonces comisario de Justicia Reynders– contemplaba estudiar la modificación en el sistema de elección una vez que los vocales del Consejo presentaran una propuesta al respecto en un plazo de seis meses. Aunque el nuevo Consejo cumplió con los tiempos, los vocales fueron incapaces de elaborar una única propuesta, lo que llevó a Perelló hace unos meses a recabar la opinión de la Comisión de Venecia sobre las alternativas de ambos grupos.

El órgano consultivo del Consejo de Europa habló el pasado 13 de octubre, y lo hizo para bendecir la reforma propuesta por los vocales del PP, y eso es lo que ha vuelto a poner en marcha la maquinaria y a legitimar esta modificación legal precisamente conforme a las recomendaciones europeas que se comprometió a acatar Bolaños y de las que ahora reniega.

Según el texto de la proposición de ley, a la que ha tenido acceso ABC, el PP defiende que los doce vocales jueces sean elegidos por la carrera sin intervención parlamentaria (los otros ocho son juristas elegidos por las Cortes, como establece la Constitución). Sería a través del voto personal, libre, igual, directo y secreto, en una única circunscripción para todo el territorio nacional y mediante una lista abierta de forma que todos los jueces y magistrados de todas las categorías judiciales puedan votar y todos los jueces y magistrados que no incurran en causa legal de inelegibilidad pueden ser elegidos.

Serán causas de inelegibilidad que esos jueces o magistrados hayan ostentado un cargo político, para evitar las conocidas como puertas giratorias entre el Poder Ejecutivo y Legislativo y el Poder Judicial, respectivamente. Situaciones como estas han contribuido a sembrar la desconfianza de los ciudadanos en instituciones como la Fiscalía General del Estado o el Tribunal Constitucional (con casos como el de la fiscal y exministra socialista Dolores Delgado en el primer caso o el exministro Juan Carlos Campo en el segundo).

De igual forma entre los ocho juristas no podrán ser elegidos por este turno quienes sean miembros de la carrera judicial, salvo que se encuentren en situación administrativa distinta a la del servicio activo al menos durante los cuatro años anteriores a su elección. Tampoco puedan ser elegidos por este turno quienes, en los cinco años anteriores hayan hecho política desde ministerios, secretarías de Estado, consejerías o hayan sido diputados o senadores. Se trata de esta forma de evitar al máximo la politización del Consejo que se produce cada vez que el órgano se renueva, desde el momento en el que los dos principales grupos parlamentarios se reparten los veinte vocales que forman parte del órgano, en cuya actividad diaria se percibe claramente un funcionamiento en bloques. Precisamente ayer, el que conforman los vocales progresistas se levantó contra la presidenta, Isabel Perelló, del mismo perfil que ellos pero no la candidata que quería Bolaños por el reparto de las comisiones en el seno del órgano.

En un comunicado, nueve de los diez vocales del bloque progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), todos menos el juez propuesto por Unidas Podemos Carlos Hugo Preciado, dan por roto el consenso que ha presidido el primer año de mandato del órgano de gobierno de los jueces. Acusan a la presidenta de haber impuesto «de manera abrupta y deliberada» un cambio de reglas que infrarrepresenta a los vocales de este grupo en las distintas comisiones. Fuentes del CGPJ lo niegan y dicen que la lista de los integrantes de las comisiones tuvo que ser aprobada por todos los miembros del grupo conservador, más Preciado y Perelló, porque la de los nueve progresistas tenía «errores que no fueron subsanados».