Bolaños ni se plantea reformar el CGPJ pese al revés de Venecia

Fuentes de Justicia justifican su negativa a reformar el sistema en que el actual modelo es fruto de un pacto de Estado validado por el 90 por ciento del Congreso y por el Tribunal Constitucional y que cualquier reforma debería tener un consenso similar. «Rechazamos cualquier cambio unilateral, tanto para un sistema corporativo (sobre el que la Comisión de Venecia advierte que tiene un riesgo de politización interna) como para la reducción de las mayorías para nombrar vocales, como pidieron algunos de los socios parlamentarios del Gobierno», apuntan esas fuentes a ABC.

Añaden que «ni en el Consejo General del Poder Judicial, ni en la academia, ni en los partidos ni en la propia Comisión de Venecia (que identifica riesgos de politización en las dos propuestas analizadas en su informe, insisten) existe consenso sobre el modelo de elección de los miembros del Poder Judicial». «Esta falta de consenso no puede nunca solucionarse con reformas unilaterales o condenaríamos a la Justicia a una inestabilidad suicida con modelos antagónicos cada poco tiempo coincidiendo con las mayorías parlamentarias», dicen.

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Lo cierto es que con su negativa el Ejecutivo incumple el mandato de la Comisión Europea y de la proposición de ley con la que en julio de 2024 se puso fin al bloqueo del órgano de gobierno de los jueces. Se hizo mediante una renovación pactada por el eurodiputado del PP Esteban González Pons y el propio Bolaños en presencia de excomisario de Justicia Didier Reynders. En esa proposición de ley se emplazaba al CGPJ recién renovado a que en un plazo de seis meses presentara una reforma del modelo de elección de los doce vocales de procedencia judicial que respondiera a los estándares europeos, un texto, que una vez aprobado sería remitido «al Gobierno, al Congreso y al Senado, con el fin de que los titulares de la iniciativa legislativa la sometan a la consideración de las Cortes para su debate y, en su caso, tramitación y aprobación». La redacción de este párrafo ya suscitó distintas interpretaciones entre los firmantes apenas veinticuatro horas después de estrecharse la mano en Bruselas, por lo que la opinión de la Comisión de Venecia era fundamental para poner blanco sobre negro en este asunto.

Sobre todo porque en esos seis meses de plazo el CGPJ fue incapaz de ponerse de acuerdo con una sola propuesta, por lo que se acabó remitiendo dos textos a la Comisión de Venecia. El dictamen del órgano es claro pues tumba la propuesta del grupo 'progresista' del Consejo que, en la línea del Gobierno, defiende una designación exclusivamente parlamentaria e insiste en que los doce jueces tienen que ser elegidos por sus pares. Ahora bien el órgano consultivo del Consejo de Europa advierte también de la necesidad de garantizar la representación de toda la carrera en esa elección para evitar lo que viene sucediendo renovación tras renovación: que la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura y la tercera asociación de jueces, Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD), acaben acaparando los sillones del Consejo con la consiguiente influencia en los nombramientos de la cúpula judicial que dependen del CGPJ, como denuncian las otras dos asociaciones sin representación en el Consejo, y en detrimento de la mitad de la carrera que no está asociada.

Precisamente la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (segunda en número de afiliados) y Foro Judicial Independiente instaban este martes al CGPJ a que elaboren un nuevo informe que recoja la opinión de la Comisión de Venecia con las correcciones necesarias para garantizar la elección y representación de toda la carrera en la elección de los doce vocales jueces.

Sin embargo, fuentes del CGPJ aseguran que ellos ya han hecho su trabajo, que era elaborar una propuesta, y que ahora es el Gobierno o las fuerzas políticas del Congreso y el Senado los que tienen que dar el siguiente paso.