El juez de Tsunami pide a Suiza que informe sobre la localización de la número 2 de ERC

Isabel Vega

Madrid

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22/11/2023
Actualizado a las 13:55h.

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El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha librado una comisión rogatoria a las autoridades de Suiza para que informen sobre la localización de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que reside allí desde que se fugó de España para esquivar la causa por el procés y a la que imputa delitos de terrorismo como parte de la organización tras la plataforma Tsunami Democràtic.

En un auto al que tuvo acceso ABC, el juez resuelve pedir a Suiza que remita además información asociada a una cuenta bancaria bajo sospecha de haber recepcionado y repartido fondos para financiar las actividades de Tsunami en la organización y planificación de los graves disturbios que se registraron en Cataluña con motivo de la condena del Supremo a los líderes del procés, en el otoño de 2019.

La decisión se firmó este martes, el mismo día en que el juez resolvió que toda la investigación viaje al Tribunal Supremo porque considera que es su competencia a la vista del aforamiento como eurodiputado del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, como el del parlamentario de ERC Rubén Wagensberg, que arrastrarían toda la causa, en línea con lo que argumentaba la acusación que ejerce Dignidad y Justicia.

En el caso de Marta Rovira, el auto razona que es «público y notorio» que reside en Suiza y pide a las autoridades helvéticas que faciliten su localización. Les traslada que está siendo investigada por «un delito de participación en la actividad de una organización o grupo terrorista» y aporta todos los indicios en su contra fruto de las conclusiones de los informes de la Guardia Civil sobre Tsunami, que la sitúan en un papel de coordinación.

En concreto, recuerda que «con alta probabilidad» era la persona tras el apodo «Matagalls» que participaba en distintas aplicaciones de mensajería encriptadas como las halladas en los teléfonos de varios investigados y cita algunas de esas conversaciones, como aquella en la que dice a uno de los presuntos cabecillas de Tsunami, Xavier Vendrell, que se está «reclutando gente». También se la sitúa en una reunión celebrada precisamente en Ginebra en la que se habría planificado el despliegue de actividades de la plataforma.

A lo largo de la exposición razonada, el juez informa a las autoridades helvéticas de la media docena de protestas que acabaron en disturbios graves (desde el asedio a El Prat hasta las movilizaciones en el entorno del Camp Nou, pasando por la huelga general que dejó varios policías heridos graves) y que está investigando como actos terroristas, en tanto que orquestados por una plataforma que describe con el esquema de estructura jerarquizada, con vocación de permanencia en el tiempo y el fin último de subvertir desde las calles el orden constitucional.

Con esta perspectiva, señala la cuenta bancaria a la que según una conversación encontrada en el móvil del asesor de Puigdemont, Josep Lluis Alay facilitó a un tercero para realizar una donación a la 'causa'. Estaba identificado en el terminal como Nicola Ticino, aunque luego la investigación esclarecería que se llama Nicola Foglia, y escribió al historiador presentándose como «expresidente de la juventud socialista».

Era 14 de octubre de 2019 y El Prat estaba asediado. Foglia traslada a Alay que dispone de «bastante dinero» en un banco catalán y que puede financiar la entrega de comida y agua a los manifestantes que colapsaban el aeropuerto. A las dos horas, recibe respuesta a su ofrecimiento: puede hacer una donación a una cuenta en Suiza que está a nombre de Jaume Cabani -imputado como presunto responsable de financiación de la plataforma- y le facilita el Iban, el Swift y la dirección del banco, el CIM Banque Privée SA. Foglia le anuncia que donará 6.000 francos suizos, pero no se ha constatado que lo hiciera.

De ahí la segunda petición que eleva el juez a las autoridades helvéticas: movimientos, transferencias, tarjetas, saldos.. Toda la información de la cuenta de ese banco suizo en las fechas de los hechos y hasta mediados de 2020.

No es la primera vez que lo pide, no obstante. Ya en diciembre de 2019, al inicio de la investigación, pidió a Suiza los datos de esa misma cuenta, pero recibió una negativa por respuesta. Ahora, hay un elemento nuevo: la rogatoria lo es invocando el Convenio del Consejo de Europa para la prevención del terrorismo que Suiza ratificó en marzo de 2021 y entró en vigor cuatro meses después.