El Congreso tramita ya la amnistía y las comisiones del 'lawfare' que pidió Junts

El PP había reclamado la recusación de Galindo en este trámite, precisamente con el argumento de que su neutralidad queda en entredicho no solo por haber tenido un puesto en el Ejecutivo hasta ser nombrado letrado mayor del Congreso, sino porque su pareja, Mercedes Cabrera, se vio obligada a cesar de su cargo como directora general de Relaciones con las Cortes por su designación. Los populares no recibieron respuesta por escrito. La presidenta, Francina Armengol, desestimó su petición de viva voz.

Fuentes populares, molestas con la determinación y el procedimiento de la mayoría de la Mesa, recordaban este martes que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, llegó a reconocer en el Congreso que la ley de amnistía nació en el Gobierno como «proyecto de ley» y que solo se iba a «vehiculizar», a través del Grupo Socialista, en forma de proposición de ley. Con la mujer de Galindo dependiendo directamente de Bolaños hasta su dimisión y el nuevo letrado mayor con cargo previo en el gabinete de Isabel Rodríguez, hasta ahora portavoz del Ejecutivo, en el PP entienden que el secretario general de la Cámara Baja debería haberse inhibido de informar sobre una ley gracias a la que Pedro Sánchez fue investido la semana pasada. No en vano, era una exigencia irrenunciable de ERC y Junts para cederle sus votos.

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Los populares han preguntado sin obtener respuesta, en la reunión de la Mesa, por qué el informe de Galindo no mencionaba que el Gobierno, en la justificación de los indultos a los condenados por el 'procés', sí veía «claramente inconstitucional» la amnistía.

Mientras el órgano de gobierno del Congreso deliberaba sobre la ley de amnistía, muy similar a la que el PSOE rechazó en 2021 porque los letrados de la Cámara Baja sí apreciaban entonces que esa medida entraba «en contradicción palmaria» con la Constitución, Bolaños la defendía en la sede del Ministerio de Justicia. En el Palacio de Parcent, durante el tradicional traspaso de carteras, el nuevo titular del ramo, que suma esa competencia a la que ya tenía al frente de Presidencia, prescribía «convivencia».

Esa, la «convivencia democrática», será, según él, la base sobre la que se asentará la legislatura. Sin citar ni una sola vez la palabra amnistía, esa que tanto le costó pronunciar a Sánchez para conseguir el 'sí' del prófugo Carles Puigdemont, Bolaños pidió un debate desde el «patriotismo», que no «partidismo», y desde la «moderación», que no «exageración».

La Mesa del Congreso, en paralelo, ha aceptado este martes calificar –también con el voto en contra del PP– las comisiones de investigación exigidas por Junts para la constitución del órgano rector de la Cámara Baja, cuando los independentistas cedieron sus votos al PSOE para que Armengol fuese presidenta y no la popular Cuca Gamarra. En concreto, los separatistas pedían una sobre los atentados yihadistas en Barcelona y Cambrils (Tarragona) en 2017 y otra sobre la llamada operación Cataluña, supuestamente montada para desacreditar a políticos separatistas. Ahí es donde los secesionistas tratarán de introducir el concepto de 'lawfare', pactado con el PSOE para la investidura de Sánchez, que viene a reconocer una judicialización de la política para perseguir a adversarios.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha denunciado en rueda de prensa «la anomalía democrática» que supone que la actividad del Congreso, como se ha visto este martes, quede reducida a las exigencias de los socios de Sánchez, con la calificación de la ley de amnistía y de «las comisiones de investigación del 'lawfare'». La número dos de los populares ha anunciado un escrito de reconsideración a la Mesa contra la tramitación de esta ley, al igual que Vox. Este paso abre la vía para, después, recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional. «Aquello que hace dos años era 'claramente inconstitucional' lo sigue siendo dos años después si no ha habido una modificación de la Constitución», ha dicho Gamarra. La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha confirmado por su parte que su partido se querellará contra los letrados y los miembros de la Mesa que votaron a favor de tramitar la amnistía. Empieza así la batalla judicial.