El Gobierno aprueba el mecanismo para comenzar los traslados de menores inmigrantes a la Península
El Ejecutivo asegura ahora que reubicará más de 3.000 niños tras año y medio de espera
El inicio del reparto de los menores de Canarias se retrasará un mes más
En la sala de prensa del Palacio de la Moncloa se volvió a escuchar este martes a la ministra portavoz, Pilar Alegría, durante la comparecencia posterior al Consejo de Ministros, pronunciar su ya famosa consigna «partido a partido», que en lenguaje monclovita suele ... significar «tranquilidad, quedan mucho trabajo y negociaciones por delante».Alegría lo hizo en referencia a la posibilidad de aprobar unos Presupuestos Generales de cara a este ejercicio que comienza, -algo que no pudo hacer el Ejecutivo el año pasado- pero que también se puede aplicar a la gestión de una de las grandes asignaturas pendientes del Gobierno para este nuevo curso político, el traslado extraordinario a la Península de los menores no acompañados hacinados en Canarias.
Este asunto, el del reparto de los más de 3.000 niños sin referentes parentales que continúan bajo la tutela del Gobierno canario, es algo que mantiene en vilo al Gobierno insular de Fernando Clavijo (Coalición Canaria), ya que es una medida que siempre se ha planteado como urgente y que, sin embargo, acumula una demora de algo más de un año, pero la aprobación del nuevo mecanismo para la declaración de contingenica migratoria aprobado este martes vía real decreto podría ser la penúltima estación de este largo vía crucis. En palabras de Alegría, se trata de una medida para «garantizar la acogida digna» de estos menores a la espera de una solución.
Este nuevo decreto, uno de los muchos que se han tramitado para articular el reparto extraordinario de los menores, delimita la «capacidad ordinaria» de cada comunidad autónoma, es decir, cuántas plazas estructurales debería tener disponible cada territorio para acoger a infancia inmigrante. Este número es el punto de partida para que una región que triplique esa «capacidad ordinaria» de acogida pueda declararse en situación de contingencia migratoria.
Canarias exige el cumplimiento del decreto y avisa: «Le puede pasar a otro territorio»
De acuerdo al decreto, Canarias tiene una capacidad ordinaria de 737 plazas y atiende a algo más de 5.000.
Una vez adquirida esa condición, comenzarán los trámites para que sea la subdelegación del Gobierno en dicha comunidad la que elabore el expediente de reubicación de los niños y determine cuál será el territorio de destino que, tal y como dispone el decreto, deberá «adoptar las medidas necesarias al fin de garantizar la adecuada atención integral de las personas menores de edad y su acogimiento».
Máximo de menores
inmigrantes que puede
acoger cada comunidad
TOTAL
16.016
Andalucía
2.827
Cataluña
2.650
Madrid
2.325
C. Valenciana
1.767
886
Galicia
Castilla y León
783
Canarias
737
País Vasco
731
C.-La Mancha
692
Murcia
517
Aragón
441
Baleares
406
Extremadura
344
Asturias
331
Navarra
223
Cantabria
194
La Rioja
107
28
Melilla
Ceuta
27
Fuente: Ministerio de Juventud e Infancia / ABC
Máximo de menores inmigrantes que puede
acoger cada comunidad
TOTAL
16.016
Andalucía
2.827
Cataluña
2.650
Madrid
2.325
C. Valenciana
1.767
886
Galicia
Castilla y León
783
Canarias
737
País Vasco
731
C.-La Mancha
692
Murcia
517
Aragón
441
Baleares
406
Extremadura
344
Asturias
331
Navarra
223
Cantabria
194
La Rioja
107
28
Melilla
Ceuta
27
Fuente: Ministerio de Juventud e Infancia / ABC
Es en este último punto, el de la tramitación de los expedientes, donde la celeridad está una vez más en tela de juicio. Fuentes del Gobierno consultadas por ABC aseguran que a partir de este jueves, tras la entrada en vigor del decreto «estará todo dispuesto legalmente para que comiencen los traslados», que, según estas mismas fuentes son «inminentes». Sin embargo, en el Gobierno canario no son tan optimistas y calculan que hasta finales de septiembre no empezarán a salir menores camino de la Península, lo cual no deja de ser un mes más en el que las Islas tratan de hacer frente en solitario a las demandas de miles de menores.
En pie de guerra
Como nunca llueve a gusto de todos, las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular tampoco recibieron con especial entusiasmo las nuevas noticias sobre el reparto de los menores.
Según la «capacidad ordinaria» establecida este martes, Andalucía deberían tener 2.827 camas disponibles, Madrid 2.325 y la Comunidad Valenciana 1.767. Estos tres territorios son precisamente los que más menores recibirán cuando comiencen los traslados, a pesar de llevar insistiendo durante meses en que sus sistemas de acogida ya están al límite de su capacidad. El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras del Gobierno de la capital, Jorge Rodrigo, avisó este martes que la Comunidad de Madrid recurrirá este nuevo decreto, como ya ha hecho con todos los anteriores, al considerar que «rompe la igualdad entre las comunidades autónomas» y que se ha hecho sin «total transparencia». De igual forma la vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad del Gobierno de Castilla y León, Isabel Blanco, avanzó que recurrirá la norma porque «invade competencias autonómicas y es una imposición».
La batalla entre las once comunidades autónomas del PP y la Administración central se trasladó a los tribunales cuando Aragón decidió impugnar el decreto que reforma el artículo 35 de la ley de extranjería ante el Tribunal Constitucional, algo que el resto de barones populares terminaron haciendo. A la espera de que resuelvan todos estos recursos, el Gobierno termina ya de perfilar los ultimos flecos de un reparto que, con demoras y sin fechas, parece que sigue su curso. Como diría la ministra Alegría, «partido a partido».
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