El inicio del reparto de los menores de Canarias se retrasará un mes más

Las distintas fuentes consultadas por este periódico, directamente relacionadas con los trámites del reparto, admiten que no será hasta finales de septiembre cuando, en el mejor de los casos, «saldrán los primeros veinte o treinta niños».

El Consejo de Ministros de hoy aprobará el Real Decreto de Capacidad, cuyo objetivo es arbitrar el mecanismo para que las comunidades que estén en una situación de contingencia migratoria puedan expresar que están en un número que triplica la capacidad ordinaria de menores no acompañados acogidos.

Tras recibir luz verde por parte del Gobierno, la previsión es que mañana miércoles el Real Decreto sea publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de cara a que entre en vigor el día 28, fecha en la que Moncloa pretendía iniciar la derivación.

A partir de ese trámite formal, las autonomías que estén en una situación de contingencia migratoria dispondrán de tres días para comunicarlo formalmente al Ejecutivo y solicitar la adopción de medidas extraordinarias.

Se trata de un paso indispensable para iniciar la derivación de los miles de menores que se hacinan en Canarias, Ceuta y Melilla. La petición deberá ser resuelta por la ministra Sira Rego en un plazo máximo de cinco días.

Cumplimentados esos formalismos, explican las fuentes consultadas por este periódico, se pone en funcionamiento toda la maquinaria recogida en el Real Decreto de Capacidad y el reglamento que lo desarrolla.

Entre otras cuestiones, según el texto, se establece que serán los delegados y los subdelegados del Gobierno, en función del territorio, los que decidan cómo se realiza esa derivación.

La decisión deberá ser comunicada a las autoridades que tienen la tutela de los menores en ese momento, que se tendrán que encargar de su traslado, así como a los menores afectados. Todo en un plazo mínimo de 48 horas antes de su traslado –algo que no se está cumpliendo con la distribución de los solicitantes de asilo–.

A partir de la aprobación de la contingencia migratoria todos los niños que lleguen a los territorios en situación de emergencia tendrán que ser derivados a la península en un plazo máximo de 15 días. Se trata de unas derivaciones 'exprés' en aquellos lugares en los que los servicios de acogida tripliquen su capacidad ordinaria, que empezarán con el desembarco en tierra firme.

En el caso de estos niños, como en el de los menores que ya están en Canarias, Ceuta y Melilla, y que ya forman parte de este reparto ordinario que ejecutó el ministerio con los datos aportados por las autonomías, serán los delegados y los subdelegados del Gobierno los que determinen a qué lugar se trasladan, al margen del esfuerzo previo de cada comunidad. Un hecho que hará que las cifras manejadas hasta el momento se vean alteradas significativamente.

Teniendo en cuenta la mejoría de la mar a partir de este mes de septiembre, tal como indicó el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en una reciente entrevista concedida a ABC, lo más probable es que aumente la llegada de más cayucos a través de la ruta mediterránea. De tal forma que la previsión que manejan las autoridades competentes es que antes de acabar el año las autonomías se tengan que hacer cargo también de centenares de menores recién llegados a territorio nacional.

Las comunidades autónomas de Andalucía y Madrid, según ha podido confirmar ABC, serán las primeras regiones que recibirán a menores incluidos en la distribución ordinaria.

En el caso andaluz, según los datos proporcionados por el Ministerio de Juventud e Infancia a las propias autonomías, los servicios sociales de la Junta de Andalucía se tendrán que hacer cargo de un mínimo de 677 menores. Su llegada a las diferentes provincias de la región será paulatina, aunque a finales de septiembre, como ocurrirá en la Comunidad de Madrid, llegarán los primeros niños.

En el caso madrileño se espera, con cierta oposición del gobierno regional, la llegada de 647 menores. La administración de Isabel Díaz Ayuso, como lo han hecho también Aragón, Baleares o Castilla y León, han presentado varios recursos para que los tribunales decidan sobre la legalidad del reparto unilateral.

Desde el Gobierno insisten en que existen «mecanismos legales» para que las comunidades autónomas cumplan con lo establecido en la Ley de Extranjería, tras la modificación del artículo 35 y con el Real Decreto de Capacidad, que se prevé aprobar hoy martes. «No se puede nadie negar a cumplir una ley», explican fuentes gubernamentales ante las amenazas de distintas autonomías de no aceptar a los niños que les sean derivados.

En los ministerios de Juventud e Infancia y Política Territorial, los dos responsables de esta distribución ordinaria pactada con Junts y que deja al margen de la obligatoriedad de acoger a Cataluña y el País Vasco, afirman que trabajan con un «sistema garantista».

Insisten, además, que es de «obligado» cumplimiento para «todas las comunidades autónomas porque tiene rango de ley», en relación a la modificación del artículo 35 que se aprobó en el Congreso.

Advierten de que esa modificación de la Ley de Extranjería, aprobada en marzo en Consejo de Ministros tras un acuerdo entre el Gobierno y el independentismo catalán, recoge «criterios objetivos indiscutibles», tales como la «población, esfuerzo realizado y también otros parámetros».