El Gobierno fija el reparto de menores de Canarias para el 28 de agosto tras el plantón del PP

Más de una veintena de comunicadores se agolparon este jueves a las puertas del Ministerio de Sanidad y Derechos Sociales a la espera de que se confirmara lo inevitable, que la Conferencia Sectorial de Infancia se había cancelado porque los consejeros autonómicos del ramo del Partido Popular decidieron plantar al Gobierno y dejar de ser partícipes de las negociaciones para la reubicación de estos menores. Efectivamente, al poco tiempo de acudir al lugar de la reunión, se constató que tan solo los representantes de seis comunidades autónomas (Canarias, País Vasco, Navarra, Cataluña, Asturias y Castilla-La Mancha) y de la ciudad autónoma de Ceuta estaban presentes. Entonces fuentes del Ejecutivo confirmaron que la sectorial se cancelaba por falta de ‘quorum’.

Estaba previsto que la reunión comenzase a las 9.30 de la mañana en el madrileño paseo del Prado y al término -los cónclaves de este tipo suelen alargarse varias horas- la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, hiciese unas declaraciones, algo que finalmente se precipitó por la suspensión del encuentro. Visiblemente frustrada, Rego salió a atender a los medios de comunicación para declarar que «las deudas racistas del señor Feijóo con el señor Abascal las van a pagar las personas que viven en Canarias».

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Esta prometía ser la última Sectorial de Infancia para tratar este asunto, la duodécima convocada en menos de un año, y probablemente la que más expectación había generado, pues Rego iba a trasladar formalmente la propuesta de reparto, es decir, la cantidad de niños que van a ser reubicados en cada territorio. Había más cuestiones a tratar, pero el propio orden del día «impuesto» por el ministerio fue la gota que colmó el vaso para el PP, que durante la noche del miércoles adelantó a medios de comunicación que iba a plantar al Gobierno. «No acudimos a la sectorial por ser una convocatoria y un reparto ilegales», aseguraron a este medio fuentes de una de las consejerías ausentes.

No era la primera vez que el PP amenazaba con no asistir a la cita, pero sí ha sido la única vez que lo ha hecho. «Ya tenemos un colofón definitivo con esta ‘performance’ del Partido Popular de bloqueo de la conferencia sectorial, en la que además, informo, íbamos a repartir, como cada año, veintidós millones de euros, precisamente para atender a los niños y niñas que llegan a los sistemas de Canarias, de Ceuta, de Baleares y de Melilla», denunció la ministra. Una transferencia que ha quedado en el aire porque no cuenta con el aval previo de la conferencia sectorial. Fuentes del ministerio aseguran que para dar salida a ese crédito ordinario deberán activar otros mecanismos como subvenciones directas para los sistemas de acogida de esos territorios frontera.

A pesar del «boicot», el decreto 2/2025, que establece cómo se llevará a cabo el traslado de los menores a la península, se impone. El propio texto prevé la posibilidad de que la ley siga adelante aún sin lograr consensos en la Conferencia Sectorial de Infancia y el Gobierno ya tiene calendario. La semana que viene el Ejecutivo aprobará el reglamento para el desarrollo efectivo del decreto. Después de unos días de asueto, en el primer Consejo de Ministros tras las vacaciones de verano, el 26 de agosto, se aprobará la tabla con el número de traslados por comunidad y las partidas presupuestarias consecuentes. Un día después de cerrar estos últimos flecos, Canarias se declarará como territorio en situación de contingencia migratoria y, por último, el 28 de agosto empezarán a efectuarse los traslados paulatinamente. «No van a llegar 600 niños del tirón a Madrid», aseguraban fuentes gubernamentales. «Esto es un proceso en el que prima el interés superior del menor. Se les va a entrevistar uno por uno y se van a realizar informes que detallen su nivel de arraigo, cómo llegaron a nuestro país, a dónde van, quizás España es para ellos un lugar de tránsito, si tienen familia en otros lugares...», con todas estas variables en mente, entonces se procederá con el traslado a otro territorio.

Independientemente del ritmo al que se produzca, las once comunidades del Partido Popular han mostrado oposición frontal al reparto de los menores de Canarias porque consideran que es un asunto que viene viciado de inicio al favorecer a Cataluña y País Vasco -que quedaron excluidas de esta distribución- como peaje para poder convalidar el decreto 2/2025 en el Congreso. Tal es la indignación que impugnaron la norma ante el Tribunal Constitucional, que ya ha admitido seis de estos recursos. «Pero una comunidad autónoma no puede ser parte y juez. Presentar un recurso ante el TC no te da el aval para incumplir la ley», manifestó Rego que permanece optimista en poder cumplir el calendario pese al plantón del PP.