García Ortiz, blindado por el Gobierno, se aferra a la toga y se resiste a declarar desde el banquillo

No en vano es la primera vez en democracia que la cabeza del Ministerio Público se enfrenta a una petición de hasta seis años de cárcel y a su inhabilitación, circunstancia que convierte en el juicio del año una vista plagada de particularidades. Entre ellas, el hecho de que se le vaya a permitir entrar al Supremo por la puerta principal; que sea la Abogacía del Estado la que le defienda; que la Fiscalía, encargada de promover la defensa de la legalidad, no acuse, o que García Ortiz pretenda hacer valer su condición de fiscal general para declarar desde estrados y no desde el banquillo, algo que, por cierto, sí se obligó a hacer al juez Garzón en la vista por las escuchas de Gürtel, en la que fue condenado.

Sobre la mesa, la filtración de los correos intercambiados entre la defensa de Alberto González Amador, pareja de la presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso, y el fiscal de delitos económicos Julián Salto en el marco de un procedimiento por presunto fraude fiscal en el que el letrado peleaba por alcanzar una conformidad que evitara a su cliente ir a juicio. Fue el componente político de este expediente, en realidad uno más de los miles que acumula la Agencia Tributaria, y el empecinamiento de García Ortiz «en ganar el relato» al entorno de Ayuso, rival política del Gobierno que le nombró, lo que, según el instructor, llevó al fiscal general a traspasar las líneas rojas del marco de confidencialidad que ha de presidir las relaciones entre abogado y cliente, y a filtrar el correo en el que la defensa de González Amador admitía la comisión de dos delitos fiscales.

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La secuencia en la que la filtración se produjo, reconstrucción que ha sido posible gracias al registro de los dispositivos de la fiscal Pilar Rodríguez, que llegó a estar imputada, junto con el hecho de que García Ortiz borrara las pruebas que le incriminaban son los indicios más potentes que hay contra él, suficientes en todo caso, según el Supremo, para sentarle en el banquillo en este momento procesal. Estas son las claves de un juicio histórico que marcará un antes y un después en una institución bajo sospecha de connivencia con el Gobierno.

La publicación, la tarde noche del día 13 de marzo del pasado año, de una información en 'El Mundo' en la que se señalaba que el fiscal había ofrecido un pacto al novio de Ayuso cuando había sido al revés, llevó a García Ortiz a involucrarse personalmente en un «frenético intercambio de comunicaciones» con el objeto de recopilar los correos electrónicos intercambiados entre el fiscal Julián Salto y el abogado de González Amador. En las conversaciones recuperadas con distintos miembros de la Fiscalía se aprecia el interés del fiscal general por «ganar el relato», por «cerrar el círculo», todo ello con el conocimiento de que la información de esos correos no podía trascender por ser reservada, confidencial y afectar al derecho de defensa. Para conseguir la información solicitada, alrededor de las 21.30 horas de la noche de ese día, García Ortiz contactó con la fiscal provincial Pilar Rodríguez para que esta pidiera a su subordinado, el fiscal del caso, esos correos. Salto se encontraba en un partido de fútbol, del que tuvo que ausentarse para cumplir las órdenes de su superior jerárquica. Una de las cuestiones que tendrá que explicar Ortiz es por qué si se trataba de una actuación «normal», indicó a Rodríguez que le enviara esos correos a su cuenta particular y no al mail de la Fiscalía. Esa cuenta personal fue eliminada posteriormente por el propio fiscal general porque, según argumenta en su escrito de defensa, un informe de la UCO la filtró y empezó a recibir desde ese momento mensajes «incómodos» y «hostiles».

Minutos después de que García Ortiz tuviera en su poder los mails intercambiados entre fiscal y abogado de González Amador, y pasadas las once de la noche, la cadena Ser avanzaba en Hora 25 el correo del 2 de febrero de 2004, el de la autoinculpación del novio de Ayuso en torno al que gira esta causa. Un cuarto de hora después la web de la cadena daba una ampliación en la que se adelantaba que la Fiscalía de Madrid preparaba un comunicado al respecto que sería publicado en las próximas horas, como así efectivamente sucedió. Uno de los argumentos de la defensa de García Ortiz es que ese correo estaba en manos de más personas pero lo cierto es que no es hasta ese momento nadie lo había publicado, una circunstancia que la Sala de Apelaciones no dejó de pasar por alto en el auto en el que confirma el procesamiento del fiscal general.

El tribunal del juicio

al fiscal general del Estado

Mesa

del tribunal

Defensa

Acusado

en estrados

Acusaciones

Fiscalía

Mesa del tribunal

Andrés

Martínez-Arrieta

(presidente de la Sala Segunda)

Susana

Polo

(ponente)

Manuel

Marchena

Juan Ramón

Berdugo

Antonio

del Moral

Carmen

Lamela

Ana

Ferrer

Acusado en estrados

García Ortiz

Defensa

Abogacía del Estado

Consuelo Castro

Iñaki

Ocio

Fiscalía

M. Ángeles

Sánchez Conde

(teniente fiscal)

Francisco J.

Montero Juanes

(Fiscal Superior de Extremadura)

Acusaciones

Acusación particular González Amador

Gabriel

Rodríguez Ramos

Acusaciones populares

Ignacio de Luis

y Pablo Morenilla

(Colegio de la Abogacía de Madrid)

Juan Antonio Frago

(Asociación Profesional

e Independiente de Fiscales)

Víctor Soriano

(Manos Limpias)

Fernando García Capelo

(Foro Libertad y Alternativa, Vox, Hazte Oír)

Marta Castro (Vox) y Javier María Pérez Roldán (Hazte Oír) están bajo la dirección letrada de Foro Libertad y Alternativa

Testigos

40

Entre fiscales, políticos, periodistas

y agentes policiales

Delitos

Revelación de secretos, infidelidad en

la custodia de documentos, prevaricación

Penas

Entre 3 y 6 años e inhabilitación

Indemnización

(pedida por la acusación particular):

300.000 euros

Calendario del juicio

3, 4 y 5, 11, 12 y 13 de noviembre

en sesiones de mañana y tarde

Fuente: Elaboración propia

ABC

El tribunal del juicio

al fiscal general del Estado

Mesa

del tribunal

Defensa

Acusaciones

Acusado en estrados

Fiscalía

Mesa del tribunal

Andrés

Martínez-Arrieta

(presidente

Sala 2ª)

Susana

Polo

(ponente)

Ana

Ferrer

Juan Ramón

Berdugo

Manuel

Marchena

Antonio

del Moral

Carmen

Lamela

Acusado en estrados

García Ortiz

Defensa

Abogacía del Estado

Iñaki Ocio

Abogacía del Estado

Consuelo Castro

Fiscalía

Francisco J.

Montero Juanes

(Fiscal Superior de Extremadura)

M. Ángeles

Sánchez Conde

(teniente fiscal)

Acusaciones

Acusación particular González Amador

Gabriel

Rodríguez Ramos

Acusaciones populares

Ignacio de Luis

y Pablo Morenilla

(ICAM) (1)

Víctor

Soriano

(Manos Limpias)

Fernando García Capelo

(Foro Libertad y Alternativa,

Vox, Hazte Oír) (3)

Juan Antonio

Frago

(APIF) (2)

(1) ICAM: Colegio de la Abogacía de Madrid

(2) APIF: Asociación Profesional e Independiente de Fiscales

(3) Marta Castro (Vox) y Javier María Pérez Roldán (Hazte Oír) están bajo la dirección letrada

de Foro Libertad y Alternativa

Testigos

40

Entre fiscales, políticos, periodistas y agentes policiales

Delitos

Revelación de secretos, infidelidad en la custodia de documentos, prevaricación

Penas

Entre 3 y 6 años e inhabilitación

Indemnización (pedida por la acusación particular): 300.000 euros

Calendario del juicio

3, 4 y 5, 11, 12 y 13 de noviembre en sesiones de mañana y tarde

Fuente: Elaboración propia

ABC

La declaración testifical de la fiscal Almudena Lastra en instrucción, tanto ante el TSJM como después en el Supremo, fue trascendental para el procesamiento de García Ortiz y lo volverá a ser ahora, pues comparece este lunes para ratificar su versión. La mañana del 14 de marzo, horas después de la filtración a la Ser, García Ortiz trató de contactar con ella de forma insistente para que sacara la nota informativa cuya autoría asumiría después el propio fiscal general. «Es imperativo Almudena, hay que sacarla ya», le diría el acusado. Lastra no sólo había reprochado a su compañera Pilar Rodríguez la noche anterior que le hubiera enviado los correos reservados al jefe –«¿Para qué se los mandas? Los va a filtrar»–, sino que, consumada la filtración, y en conversación con García Ortiz, la fiscal superior inquirió al fiscal general directamente: «Álvaro, ¿los has filtrado tú?». «Eso ahora no importa», le contestó el este lunes acusado. También es revelador el testimonio de esta fiscal en lo que se refiere a su negativa a publicar la nota informativa con el sello de la Fiscalía Superior de Madrid porque sabía que su contenido vulneraba el deber de confidencialidad del Ministerio Público, como dejó claro en la fase de instrucción. De igual forma, el jefe de prensa de la Fiscalía de Madrid, testificó ante al juez en instrucción sobre lo excepcional de un comunicado que ya le venía elaborado y las prisas en sacarlo. Llegó a decir que era la primera vez que le pasaba algo así.

Nada más saber que el Supremo asumía su competencia para investigarle por presunta revelación de secretos, en octubre del pasado año, García Ortiz borró todos sus mensajes. Dice la UCO que lo hizo «hasta en dos ocasiones», a lo que se sumó un cambio de terminal una semana antes del registro que el magistrado del Supremo Ángel Hurtado ordenó en su despacho y en el de su subordinada, Pilar Rodríguez. A diferencia del fiscal general, la fiscal provincial no se deshizo ni de su terminal ni de sus mensajes, y gracias a ellos se ha logrado reconstruir en parte los momentos cruciales de la filtración, porque las comisiones rogatorias cursadas al exterior no han arrojado luz sobre este extremo. En el auto en el que la Sala Penal confirmaba los indicios para sentar al fiscal general en el banquillo señalaba que «no puede pasarse por alto» que la actuación el acusado «ha impedido a los investigadores, a pesar de los esfuerzos realizados a tal fin, acceder a toda la información que existía sobre las comunicaciones de los investigados». «Es de común experiencia que un borrado de datos se hace de elementos que puedan resultar desfavorables (...). La desaparición intencionada de pruebas es un potente contra indicio que se utiliza habitualmente por los tribunales». Y es que «si el investigado no tiene obligación alguna de colaborar con la investigación y no tiene por qué aportar pruebas y puede guardar silencio», pudiendo ser utilizada esa inacción para «fundamentar una condena», «con mayor razón ese mismo criterio puede seguirse también cuando el investigado, que puede aclarar los hechos, procede a la destrucción de las pruebas». La defensa del fiscal general, que apenas dedica un folio de su escrito a la eliminación de mensajes y cuenta de correo, justifica su decisión de borrado en la necesidad de preservar datos de carácter personal.

García Ortiz justifica la difusión de la nota informativa en que la institución tiene la obligación de salir al paso de informaciones «inveraces» que el propio fiscal general califica de «bulos». Para la Sala Penal eso es irrelevante porque «para realizar la réplica informativa no era preciso revelar información reservada». «Las noticias que circularon y que sirvieron de contexto previo para la reacción de la Fiscalía no justifican la comisión de un delito. En otras palabras, no se puede revelar un dato confidencial para rebatir un hecho que se considera incierto», apuntan los magistrados. De lo que no hay duda es de que la nota de prensa de la Fiscalía «contenía información sensible relativa a aspectos y datos personales de un ciudadano, que habían sido aportados con vistas y a los efectos de un ulterior proceso penal, en el curso de unas conversaciones privadas entre su letrado y el fiscal encargado del caso, sujetos a los criterios de reserva y confidencialidad por parte de la Fiscalía, que han de presidir este tipo de conversaciones». Como cabeza del Ministerio Público, el fiscal general sabe que el cumplimiento del protocolo de conformidad suscrito por la Fiscalía General del Estado y el Consejo General de la Abogacía lleva aparejado un deber de discreción, «por razón del cual no es tolerable divulgación alguna a terceros sin autorización del interesado, cuya reputación bien pudiera verse perjudicada por esa revelación».

Aunque es especialmente revelador el episodio de la visita a la notaría del exportavoz socialista madrileño Juan Lobato y el uso político que desde Moncloa se quiso hacer del correo del abogado de González Amador (exhibiéndoselo a Ayuso durante una sesión de control parlamentaria), el Supremo no ha podido establecer que hubiera una filtración a dos bandas en la que estuviera involucrada Presidencia del Gobierno. La UCO sí lo vio claro al concluir que Moncloa tuvo acceso a ese mail antes de que se publicara en la prensa, y apuntó a varios cargos en concreto: a la asesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera; al ex secretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés; a la directora de comunicación de la ministra de Vivienda, Laura Sánchez Espada; y al ex director de comunicación del PSOE Ion Antolín. Vallès, Lobato y Sánchez Acera testificarán estos días en el juicio. Esta última, número dos de Óscar López en el Gabinete de Presidencia en el momento de los hechos, confesó en el Supremo que ella también cambió de terminal por lo que no conserva el utilizado durante los días de la filtración. En el auto en el que Hurtado puso a García Ortiz al borde del banquillo llegó a señalar que el acusado recibió «instrucciones» de Presidencia del Gobierno para publicar ese correo electrónico pero la Sala Penal cree que esa afirmación fáctica «no ha sido acreditada con suficiencia por lo que su inclusión (en el relato del juez) era prescindible».

Desde el inicio de la instrucción la teniente fiscal del Tribunal Supremo y número dos de García Ortiz, María Ángeles Sánchez-Conde, ha ido de la mano con la defensa del fiscal general defendiendo idénticos planteamientos que la Abogacía del Estado. Pide la absolución de su jefe al considerar que, lejos de cometer un delito de revelación de secretos, cumplió con su deber y que, además, la información ya era conocida, por lo que no se cometió ningún delito. La postura del Ministerio Público está muy cuestionada no solo porque porque es una subordinada (de ahí el llamamiento al fiscal general a apartarse) sino porque muchos de los testigos que desfilarán por el juicio son fiscales y por tanto siguen manteniendo una relación de dependencia con García Ortiz. Durante el juicio estará sentado junto a Sánchez-Conde el fiscal superior de Extremadura, Francisco Javier Montero Juanes, quien ya se posicionó hace meses sobre la inocencia de Ortiz, aun antes de que el Supremo le abriera causa penal y trascendiera el borrado de sus mensajes. El hecho de que Sánchez-Conde no se apoye en un fiscal del Supremo y se recurra al responsable de la fiscalía extremeña ha sido otro aspecto cuestionado.

En la recta final de la investigación, el pasado mayo, el fiscal general aportó en su descargo un acta notarial de varios periodistas de El País que dicen haber tenido conocimiento de las negociaciones entre Alberto González Amador y la Fiscalía antes de que esa información llegara a manos de Álvaro García Ortiz. El Supremo ha aceptado que declaren como testigos en el juicio a petición de la Abogacía del Estado. El fiscal general trata de demostrar que no hubo revelación de secretos porque el correo de la autoinculpación ya se conocía pero lo cierto es que antes de que lo hiciera la Ser, ninguno lo publicó.