El TS procesa por primera vez en democracia a un fiscal general

El procesamiento, ayer, del fiscal general y de la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por parte del juez Ángel Hurtado abre un escenario insólito y una crisis sin precedentes en un Ministerio Público que el primero se resiste a abandonar y del que la segunda, sin embargo, sí tendrá que salir de forma provisional si la Sala Penal avala la apertura de juicio oral.

Para el magistrado, la instrucción de la causa no ha hecho sino corroborar los indicios de revelación de secretos que ya apreció hace más de un año el TSJ de Madrid, donde esta investigación echó a andar a raíz de la querella presentada por el propio González Amador. Así, cabe presumir, dice Hurtado, que la noche del 13 de marzo de 2024 el fiscal general del Estado facilitó a la Cadena Ser el contenido del correo confidencial con el que se pretendía rebatir la información publicada esa misma noche por El Mundo, una información que sostenía que era la Fiscalía la que había ofrecido un pacto a González Amador cuando había sido al revés. El difundido por la Ser no era un correo cualquiera, insiste el magistrado, pues afectaba a aspectos y datos personales de un ciudadano en una conversación privada entre letrado y fiscal, «sujeta a criterios de reserva y confidencialidad».

Dice Hurtado que con el fin de «ganar el relato», como el propio García Ortiz reconoció en uno de los mensajes enviados a Pilar Rodríguez, se «entró en una dinámica de un frenético intercambio de comunicaciones entre distintos fiscales, principalmente a través del sistema de mensajería mediante WhatsApp, para preparar una respuesta, y dejar bien claro que, a juicio del investigado, la Fiscalía no había ofrecido ningún pacto de tal tipo». Para poder establecer la secuencia temporal y contenido de esas comunicaciones ha sido fundamental, reconoce el magistrado, el análisis que la UCO hizo de los dispositivos de Pilar Rodríguez, quien, a diferencia de su jefe, no borró esos mensajes, pero también las declaraciones de testigos.

La «frenética» secuencia comenzó con una conversación telefónica entre García Ortiz y Pilar Rodríguez minutos después de las 21:29 horas del 13 de marzo, tras la cual, la fiscal «realizó un par de llamadas al fiscal encargado del caso, Julián Salto, para solicitarle, por encargo del fiscal general del Estado que le remitiera inmediatamente los correos electrónicos intercambiados entre él y el letrado de Alberto González Amador, porque iban a hacer una nota para desmentir una información que estaba circulando por la redes, lo que así hizo». Tan urgente era esa recopilación de correos que no dudaron en sacar a Salto de un partido de fútbol.

Entre esos correos que la fiscal jefe remitió a su jefe figuraba el del 2 de febrero de 2024, enviado por el abogado de González Amador al fiscal del caso, con el siguiente asunto «Propuesta de conformidad penal en relación con un delito contra la Hacienda Pública». Ese mail concluía diciendo: «Les comunico que es voluntad firme de esta parte alcanzar una conformidad penal, reconociendo íntegramente los hechos (ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública) así como proceder a resarcir el daño causado pagando íntegramente la cuota e intereses de demora a la AEAT».

Los correos fueron reenviados «inmediatamente» al correo electrónico de García Ortiz, «pero no al oficial, sino al particular, según él mismo le había indicado», y minutos después se facilitaron a la cadena SER «para que le diera publicidad». Se hizo mediante un avance a las 23:25 horas en el programa radiofónico Hora 25 y con su publicación en la web de dicho medio a las 23:51 horas. En esa información se precisaba que la Fiscalía preparaba un comunicado que sería publicado «en las próximas horas», como efectivamente sucedió.

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La nota corrió a cargo de García Ortiz con la documentación de la que disponía y en ella incorporó información de ese correo. Después se la remitió a Pilar Rodríguez, que, «conocedora de su contenido, le dio el visto bueno, sin oposición alguna a su publicación (...)».

Para el juez, la filtración del correo «pone en cuestión el prestigio» de la Fiscalía «con el menoscabo que ello comporta, si ponemos la mira en el cometido y función constitucional que le viene encomendada al Ministerio Fiscal, sujeto en esa función a principios como el de legalidad e imparcialidad». Eso al margen de los «indudables efectos perjudiciales» de la filtración en el fundamental derecho de defensa del afectado. «Todo ello fue asumido por los investigados, desde el momento que, a una información confidencial de la que tuvieron conocimiento por razón de sus respectivos cargos como fiscales, le dan una publicidad que no debió alcanzar, como alcanzó, al salir del ámbito de reserva para el que fue concebida».

No deja pasar por alto el instructor el capítulo del borrado de mensajes por parte de García Ortiz. «Ha hecho desaparecer de sus dispositivos móviles cuanta información pudiera haber en ellos (...) De no ser así se podría haber accedido a una información, presumiblemente relevante, como apunta a ello la propia circunstancia de hacerla desaparecer». De esta forma, añade, ha quedado «frustrada una parte de la investigación que podría haberse acordado y ser útil, sobre el material que se pretendía asegurar (...)».