La juez acepta que PP y Vox sean acusación en el caso Azud bajo fianza de 10.000 euros

No obstante, la magistrada impone dos condiciones a las formaciones políticas: una fianza de 10.000 euros a cada una y un único abogado que represente a ambas, «al defender los mismos intereses». ¿Cuál? El del primer partido que formalice el pago. Un extremo que los populares ya han anunciado que recurrirán, al entender que cada dirección letrada debe tener su propia estrategia.

En el mismo auto al que ha tenido acceso ABC, fechado el 21 de marzo, la juez indica que Vox «deberá exponer, en el escrito que a tal efecto presente, siquiera mínimamente, las razones o motivos que le llevan a personarse».

En ese sentido, a la instructora le suscita «recelo» la «estrecha relación» de la formación de Santiago Abascal con el «principal investigado y eje sobre el cual ha pivotado la totalidad de la causa». Se trata de José María Corbín, cuñado de la entonces alcaldesa de Valencia Rita Barberá, cuando se produjeron los hechos, entre 1999 y 2013.

«Dicha relación, se evidenció cuando se produjeron las imputaciones» de Corbín y su hija, entre otros miembros de su familia, «pues en una información fechada el 4 de abril de 2019, el partido Vox afirmó que ambos «son militantes de base y no están en ninguna de las dos listas ya presentadas: ni de las autonómicas ni de las generales», añade el escrito.

Además, la instructora no pasa por alto que la petición de ejercer la acción popular de los dos partidos se produjo justo tras levantarse el secreto de sumario de una de las siete piezas separadas, la que versa sobre la supuesta financiación ilegal del PSPV, cuyo contenido se ha volcado ahora directamente a la principial. «Ninguno de los partidos ha intentado personarse, por lo menos desde el levantamiento del secreto, personándose en este momento cuando nos encontramos inmersos en pleno período electoral, de lo que podría inferirse los verdaderos motivos de dichas personaciones», señala.

Respecto a los argumentos esgrimidos ante los tribunales por el PP para ser acusación, la resolución pone de relieve que se especifican «de forma escuetísima y se invocan, como objeto de instrucción, una serie de delitos que, teniendo en cuenta la fecha de los hechos, ni tan siquiera las conductas integradoras de los tipos penales invocados eran merecedoras de reproche penal».

Se refiere así a que el delito de financiación ilegal de partidos -citado por los populares- no existía en esa época, puesto que se incluyó en el Código Penal en 2015, y el delito electoral estaría prescrito, por lo que se investiga a los nueve imputados en la pieza que afecta a los socialistas valencianos por presunto cohecho, falsedad documental y fraude en la contratación.

La titular de Instrucción número 13 atiende así al criterio expuesto por la Fiscalía Anticorrupción que, a pesar de tener una posición «nada favorable a la personación en las causas penales de las formaciones políticas», entiende que debe permitirse que PP y Vox ejerzan la acusación popular de acuerdo a la jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, aunque con condiciones: bajo una sola representación jurídica, «debiendo ser la misma dirección letrada al defender los mismos intereses» y previo pago de una fianza para poder ejercer la acción popular que el fiscal del caso, Pablo Ponce, fijaba en la cantidad de 5.000 euros.

«Dicha fianza se juzga proporcional atendiendo a los intereses en conflicto, a la vista de los distintos escritos de las defensas oponiéndose razonadamente a dichas personaciones, y el establecimiento de la obligación de concurrir bajo una sola representación y defensa jurídica evita una hipertrofia acusatoria en el procedimiento», argumenta en su escrito al que también tuvo acceso ABC.

«En el presente supuesto, dos partidos políticos quieren personarse como acusación popular, en una causa que afecta a políticos de distinto signo, incluso en parte del procedimiento a políticos que han pertenecido, directa o indirectamente y han gobernado bajo el signo de uno de los partidos políticos. Lo cual obliga a una especial reflexión sobre su personación», expone el Ministerio Público en su resolución.

Ya el Supremo en la sentencia del Procés se mostró en contra de que los partidos políticos estuvieran presentes en los procesos penales. «No es positivo». Pero la ley lo contempla. En este sentido el alto tribunal lanzó una recomendación para abordar una regulación que «excluya el riesgo de trasladar al proceso penal la contienda política» y ya coincidía en la necesidad de limitar el ejercicio de la acción penal por las formaciones.

Entre los alrededor de sesenta imputados en la macrocausa se encuentran el exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau, pues el Ayuntamiento de la ciudad gobernado por el PP habría sido una de las administraciones en las que más operaciones bajo sospecha se realizaron.

El caso arrancó en 2017 pero no fue hasta dos años más tarde, en abril de 2019, cuando se practicaron las primeras detenciones. La segunda fase de arrestos se produjo en mayo de 2021, cuando se detuvo -entre otros- a Rafael Rubio, quien fue portavoz socialista en el consistorio valenciano durante el mandato de Barberá y, hasta entonces, subdelegado del Gobierno de Pedro Sánchez.

En paralelo, las pesquisas de la Guardia Civil han revelado el supuesto 'modus operandi' de los socialistas valencianos, que motivaron la apertura de una pieza separada, que ya forma parte de la principal por sus conexiones directas: se facturaban gastos del partido a nombre de empresas –entre ellas, las del presunto cabecilla de la trama, Jaime Febrer– que después resultaban adjudicatarias en concursos públicos.

Los investigadores creen que el extesorero del PSPV Pepe Cataluña ejerció un papel crucial, incluso después de abandonar su cargo, en estas operaciones, que tuvieron su punto álgido durante las campañas de 2007 y 2008, con Carmen Alborch como candidata a la Alcaldía de Valencia y María Teresa Fernández de la Vega como cabeza de lista por esta provincia a las generales. Tratan de determinar si la federación valenciana se sirvió de que el PSOE de Zapatero gobernaba a nivel estatal para obtener fondos de forma irregular a través de Acuamed.