La juez de Azud cree que el PSOE valenciano aprovechó el Gobierno de Zapatero para financiarse en 'B'

Pese a que el secretario de Finanzas de la formación se desvinculó formalmente de su cargo en 2004, «seguía obteniendo recursos económicos de financiación necesaria para el partido y habría cobrado para él parte de los sobornos acordados como consecuencia de las adjudicaciones predeterminadas de obras públicas [...] relacionadas con empresas públicas de titularidad estatal en el ámbito del gobierno nacional, habiendo obtenido la mayoría necesaria para gobernar el partido socialista».

Una forma de proceder que se habría prolongado, indica la instructora, hasta 2019 -ya con Ximo Puig en la Generalitat- con la obtención de «favores» por parte de altos cargos del Ejecutivo autonómico. En la pieza número siete de la macrocausa, con nueve imputados, se investigan los presuntos delitos de cohecho, prevaricación, falsedad documental, tráfico de influencias, fraude en la contratación, blanqueo y organización criminal. El de financiación ilegal de partidos no existía en ese momento -se incluyó en el Código Penal en 2015- y el delito electoral estaría ya prescrito.

Al hilo de las prácticas desarrolladas por el Grupo Axis -la compañía inmobiliaria de Jaime Febrer, presunto cabecilla de la trama de mordidas urbanísticas-, la magistrada destaca la operación relacionada con el Programa de Actuación Integrada (PAI) 'El Espartal' de la localidad alicantina de Jijona en 2007, que no se llegó a realizar, pero en la que Cataluña también habría estado involucrado.

A raíz de la documentación manuscrita intervenida, el auto sostiene que Febrer pactó con José Luis Vera, un abogado y exmagistrado «estrechamente vinculado» al PSPV, una comisión de millones de euros -uno para él y otro para el partido- para que ejerciera como intermediario y consiguiera la firma de un convenio entre la sociedad estatal Acuamed y el Ayuntamiento de Jijona que garantizara los recursos hídricos exigidos por ley para desarrollar ese PAI. En ese momento, «comienza el abono de comisiones y sobornos» a Vera en varios pagos -100.000, 563.000 y 261.000 euros- a través de contratos ficticios con sociedades de Febrer.

La parte de la comisión reservada para la federación socialista se habría materializado, según la Guardia Civil, con el abono de facturas del partido a diferentes proveedores por parte de otras empresas. Es la mecánica que se habría utilizado también para pagar gastos electorales de las campañas de Carmen Alborch a la Alcaldía de Valencia en 2007 y de María Teresa Fernández de la Vega como cabeza de lista al Congreso por Valencia en 2008.

Por ejemplo, la juez destaca que la mercantil FACSA, del Grupo Gimeno, pagó 'merchandising' por valor de 70.817 euros para esta última campaña poco después de ser adjudicataria de un contrato con la desaladora de Moncofa por 50,8 millones, tal y como aparece anotado en la «agenda personal» del extesorero socialista.

«La relación personal de dicho empresario -Enrique Gimeno, presidente de la corporación e imputado- aparece igualmente reflejada en el atestado policial en conversación mantenida con José María Cataluña en el año 2019 al objeto de conseguir una entrevista con los máximos responsables de la Agencia Tributaria Valenciana, con motivo de un expediente que tenía en el año 2019 y que finalmente acabo en conformidad», señala el escrito judicial.

Hace referencia a las reuniones que –en base a los mensajes que se intercambiaron entre septiembre y octubre de ese año– Gimeno y Cataluña mantuvieron con la entonces directora general de la Agencia Tributaria Valenciana, Sonia Díaz o con la secretaria autonómica de Modelo Económico y Financiación, Maria José Mira.

Encuentros concertados que habrían sido concertado por el exsecretario de Finanzas del PSPV con altos cargos del Gobierno autonómico. En otra conversación de Whatsapp de 2016 «aparece igualmente Manolo Mata, que ostentaba cargo en el partido socialista , lo que incide en la actual relación personal y de confianza entre ambos para obtener favores frente a la Administración gobernada por el partido socialista y cuyos indicios permiten sostener las medidas de investigación de la unidad policial», añade la juez.

«El contacto es Manolo Mata», le dijo concretamente Gimeno a Cataluña. A lo que este respondió: «Se ha ofrecido él a buscar. No cerréis nada. Ya he hablado con el jefe». Pese a que se desconoce a quién se refieren en este último caso, los investigadores de la UCO y Anticorrupción sí que identifican a Mata como el entonces Vicesecretario General del PSPV-PSOE y diputado y portavoz socialista en las Cortes Valencianas. Ahora, quien fuera mano derecha de Ximo Puig ejerce como abogado de Jaime Febrer. No obstante, él mismo se ha desvinculado de esta mención en los documentos policiales.

Uno de los puntos claves de toda la investigación es la adjudicación en 2007 del tramo E del trasvase Júcar-Vinalopó por parte del Gobierno de Zapatero a la UTE formada por Acciona y Construcciones Luján por 46,1 millones de euros. Un trámite que se realizó a través de la empresa estatal Aguas del Júcar, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente que dirigía Cristina Narbona y posteriormente absorbida por Acuamed.

Las evidencias, indica la instructora, indican que los responsables de la empresa pública -entre ellos, Juan José Moragues, entonces presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar- y de las mercantiles de la UTE se reunieron con Vera y Cataluña, cuyo objetivo era «canalizar el abono de la comisión hacia el PSOE, conforme a la documentación manuscrita de su agenda personal».

Fueron precisamente esos papeles encontrados en la vivienda de Gilet del extesorero los que motivaron la apertura de esta pieza separada. De ellos la UCO extrajo también que se pactó supuestamente una mordida del 6,29% del importe del contrato, que se repartiría entre ambas mercantiles en el mismo porcentaje de obra adjudicada: 70% para Acciona y 30% para Construcciones Luján.

Además, a cambio de la adjudicación «predeterminada», Construcción Luján habría abonado gastos por valor de 120.060 euros al PSPV en la campaña de Carmen Alborch. La titular de Instrucción número 13 pone el foco en los correos electrónicos que se intercambiaron dos directivos de Acciona. Juan José Fernández -director de la zona de Levante y Baleares- y Jesús Alcázar -director general del Área de Construcción Este-. En uno de ellos, el primero «exige» que se les conceda el tramo E y habla de que esa adjudicación «tendrá una contrapartida económica».

Tras la adjudicación provisional, Alcázar remitió otro correo a Fernández solicitando un listado y presupuesto para los regalos de Navidad, que se materializó en una tabla de obsequios por valor de 112.950 euros en la que se había incrementado la cartera de clientes, «incluyendo a Acuamed como prioridad comercial». Una actuación que se repitió en 2008, esta vez con un listado que incluía «los nombres de 73 personas pertenecientes o vinculadas con la administración pública».

En ese sentido, la magistrada apunta en el auto a que «existen sólidos indicios respecto al concierto existente» entre Fernández y Moragues, «siendo un referente en los contactos necesarios para conseguir adjudicaciones publicas predeterminadas al margen de los procedimientos legales de adjudicación dirigiéndose precisamente al funcionario que ostenta la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar, de la mercantil estatal Aguas del Júcar, S.A. y que forma parte del Consejo de la entidad Acuamed».