Caso Azud: los nueve imputados en la pieza que investiga la financiación del PSOE valenciano

Abierta el pasado mes de agosto a raíz de las anotaciones encontradas en la vivienda de Pepe Cataluña, exsecretario de Finanzas de los socialistas valencianos, la pieza -que busca dilucidar si se amañaron contratos para conseguir tres millones de euros con los que sufragar campañas electorales- suma ocho imputados más.

Se trata del promotor inmobiliario Jaime Febrer; José Luis Vera, abogado, exmagistrado y exalto cargo socialista; José María Marugan, exconsejero de Aguas del Júcar; Juan José Fernández, exdirectivo de Acciona; Juan José Moragues, expresidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar; Javier Luján, presidente de Construcciones Luján; Enrique Gimeno, presidente de Facsa; y el constructor Francisco Antonio Gigante.

¿Qué papel habrían tenido cada uno de ellos? Pese a que Cataluña ejerció como tesorero del PSPV entre 2000 y 2004, los investigadores creen que no se desvinculó de sus funciones y actuó como enlace entre políticos y empresarios, pues seguía teniendo un gran poder en el partido. De hecho, la titular del Juzgado de Instrucción número trece de Valencia ha puesto el foco en que el socialista se reunió en numerosas ocasiones con Febrer, presunto cabecilla de la trama, en los meses previos a la campaña de 2007.

Precisamente, se investiga si el PSPV utilizó Acuamed con José Luis Vera como intermediador- para conseguir fondos con los que sufragar sus gastos electorales. En ese sentido, el PAI de Xixona -en el que Febrer tenía intereses empresariales- solo podía llevarse a cabo con la firma de un convenio de suministro de agua con la sociedad pública estatal. A cambio, el promotor habría abonado 484.480 euros a varias firmas de publicidad que trabajaban en actos del PSPV.

En el foco de los investigadores se encuentra también la licitación en 2006 de un tramo del trasvase Júcar-Vinalopó por parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a la UTE formada por Acciona y Construcciones Luján por casi 50 millones de euros. Un trámite que se realizó a través de la empresa estatal Aguas del Júcar, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente que dirigía Cristina Narbona.

De uno de los papeles que se encontraron en casa de Cataluña se extrae que se pactó supuestamente una mordida por valor del 6,29% del importe del contrato, que se repartiría entre ambas mercantiles en el mismo porcentaje de obra adjudicada: 70% para Acciona y 30% para Construcciones Luján. Los investigadores creen que las comisiones ascendieron a a 2,5 millones de euros.

Las defensas de los imputados podrán acceder a partir de este martes a toda la información incluida en la pieza separada, hasta ahora secreta.

La macrocausa de Azud investiga el presunto pago de mordidas a cambio de adjudicaciones de contratos entre 1999 y 2013 en el Ayuntamiento de Valencia y otros municipios valencianos, a través de facturas ficticias, bajo el telón de los presuntos delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo, tráfico de influencias, asociación ilícita y grupo criminal.

Entre los alrededor de sesenta imputados se encuentran el exvicealcalde de la capital (PP) Alfonso Grau o el cuñado de Rita Barberá, José María Corbín. El caso arrancó en 2017 pero no fue hasta dos años más tarde, en abril de 2019, cuando se practicaron las primeras detenciones. La segunda fase de arrestos se produjo en mayo del pasado año, cuando se detuvo -entre otros- a quien fue portavoz socialista en el consistorio valenciano durante el mandato de Barberá y, hasta entonces, subdelegado del Gobierno de Pedro Sánchez.