La juez del caso Azud archiva la investigación para ocho de los imputados

Así, la jueza decreta el archivo parcial de las actuaciones contra dos mujeres hermanas del expresidente de la constructora Secopsa que, según se recuerda en el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, tenían la condición de investigadas para determinar su posible grado de implicación y relación con las contrataciones de los servicios del abogado investigado José María Corbín, cuñado de la de la exalcaldesa fallecida Rita Barberá. En la resolución, la jueza decide el sobreseimiento «al no haber quedado acreditada la perpetración de delitos».

La misma decisión se toma respecto a otras personas inicialmente investigadas. En sendos autos se ordena el archivo parcial de una persona que realizó trabajos de estudios y asesoría para el empresario Jaime Febrer -presunto cabecilla de la trama-; un asesor fiscal; dos trabajadores del entramado empresarial de Febrer; un directivo de Cyes; y otra persona relacionada con una fundación del Arzobispado de Valencia.

Entre los alrededor de sesenta investigados en la macrocausa se encuentra también el exvicealcalde de la capital (PP) Alfonso Grau. El caso arrancó en 2017 pero no fue hasta dos años más tarde, en abril de 2019, cuando se practicaron las primeras detenciones.

La segunda fase de arrestos se produjo en mayo de 2021, cuando se detuvo -entre otros- a Rafael Rubio, quien fue portavoz socialista en el consistorio valenciano durante el mandato de Barberá y, hasta entonces, subdelegado del Gobierno de Pedro Sánchez. Se investigan los delitos de tráfico de influencias, prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, asociación ilícita y organización criminal.

La primera de las siete piezas separadas, cuyo secreto se levantó el pasado mes de abril, reveló el pago de comisiones a cambio de adjudicaciones de contratos entre 1999 y 2013 en el Ayuntamiento de Valencia y otros municipios valencianos, a través de facturas ficticias.

La última conocida indaga en la supuesta financiación ilegal del PSPV. Las pesquisas de la Guardia Civil han revelado el supuesto 'modus operandi' de los socialistas valencianos: se facturaban gastos del partido a nombre de empresas –entre ellas, las de Febrer– que después resultaban adjudicatarias en concursos públicos.

Los investigadores creen que el extesorero del PSPV Pepe Cataluña ejerció un papel crucial, incluso después de abandonar su cargo, en estas operaciones, que tuvieron su punto álgido durante las campañas de 2007 y 2008, con Carmen Alborch como candidata a la Alcaldía de Valencia y María Teresa Fernández de la Vega como cabeza de lista por esta provincia a las generales. Tratan de determinar si la federación valenciana se sirvió de que el PSOE de Zapatero gobernaba a nivel estatal para obtener fondos de forma irregular a través de Acuamed.

Aunque el delito de financiación ilegal de partidos no existía en ese momento –se incluyó en el Código Penal en 2015– y el delito electoral estaría prescrito, la juez sí puede investigar a los imputados –nueve en esta pieza– por presunto cohecho, falsedad documental y fraude en la contratación.