Las causas judiciales que acechan a la izquierda valenciana

El caso Azud investiga el presunto pago de comisiones a cargos de PP y PSOE a cambio de adjudicaciones públicas por parte de una trama que habría operado durante una década en varios municipios de la región, en especial en el Ayuntamiento de Valencia de Rita Barberá.

Los años de pesquisas que acumula el juzgado que instruye Azud derivaron en la apertura de una pieza separada sobre una supuesta caja B de los socialistas valencianos. En el epicentro, el extesorero del PSPV Pepe Cataluña, que, pese a dejar el cargo en 2004, habría seguido tejiendo redes junto a José Luis Vera, abogado y exmagistrado vinculado a la formación.

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La juez cree que, para obtener fondos de forma irregular a través de empresas públicas como Acuamed, el PSOE valenciano aprovechó el poder que tenían los socialistas durante el Gobierno de Zapatero. Entre otras operaciones, el presunto cabecilla, el constructor Jaime Febrer, habría pactado con Vera una comisión de dos millones de euros –uno para él y otro para el partido– para que ejerciera como conseguidor de un convenio entre Acuamed y el Ayuntamiento de Jijona, que garantizara los recursos hídricos exigidos por ley para desarrollar un plan urbanístico que no se llegó a realizar.

La parte de la comisión reservada para la federación socialista se habría articulado, según la Guardia Civil, mediante el abono de facturas del partido a proveedores. Es la misma mecánica que se habría utilizado para que otros empresarios sufragaran 'merchandising' de las campañas de Carmen Alborch a la Alcaldía de Valencia en 2007 y de María Teresa Fernández de la Vega como cabeza de lista al Congreso por Valencia en 2008. Además, la UCO ha puesto el foco en unas facturas no declaradas como gastos por el partido y cuyo pagador se desconoce. Entre ellas, un pedido de camisetas y bolsas para la candidatura de Ximo Puig a las primarias en 2008.

Pero si un caso ha generado un auténtico seísmo en la izquierda valenciana en los últimos meses ha sido el que forzó la dimisión como vicepresidenta autonómica de Mónica Oltra. Está imputada –con otras quince personas– en la causa que investiga la gestión que hizo su Consejería de Igualdad en el caso de los abusos sexuales a una menor tutelada de 14 años por parte del exmarido de Oltra. Él ha sido condenado a cinco años de cárcel, aunque ha recurrido ante el Supremo.

Ahora, el juzgado de Instrucción 15 de Valencia dilucida si Oltra y el resto de los investigados se concertaron para ocultar esos hechos. La exvicepresidenta está bajo sospecha de ordenar la apertura de un expediente para «desacreditar a la menor e interferir en un procedimiento penal en curso en el que su marido era el investigado».

En instrucción judicial se encuentra también el presunto fraude de subvenciones y falsedad documental en las ayudas que las productoras audiovisuales administradas por Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat, y sus socios de la familia Adell Bover recibieron de los Gobiernos valenciano, catalán y aragonés entre 2015 y 2018. Se trata de una instrucción judicial compleja, que está a la espera de nuevos informes que pueden resultar claves.

Otra causa está ya vista para sentencia, que llegará en las próximas semanas. Es el caso Alquería: dirime si el PSPV y Compromís 'enchufaron' a siete afiliados y simpatizantes como altos cargos en la empresa pública Divalterra, de la Diputación de Valencia. La supuesta ilegalidad se cifró en 1,1 millones de euros. Fiscalía y acusaciones piden ocho años de prisión para el expresidente de la diputación y actual alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, entre otros procesados, por prevaricación, malversación continuada, tráfico de influencias y organización criminal.