El constitucionalismo pone deberes a Feijóo para Cataluña de cara al 23J

De cara a las elecciones generales del 23J, ABC pregunta a once entidades constitucionalistas catalanas –de distintos ámbitos, sectores e intensidad reivindicativa– sobre los deberes que les ponen, cada una de ellas, al próximo Gobierno de España. Si aciertan las encuestas –como el 'tracking' diario de GAD3 para este periódico–, será Alberto Núñez Feijóo (PP) el responsable de gestionar estas reivindicaciones. Solo o con Vox. Pero todos los líderes sociales cuestionados en esta ocasión recuerdan que sus exigencias planteadas no van dirigidas a un solo color político.

El hilo conductor de sus demandas es la lengua. El uso libre y no obligatorio de la lengua española o castellana. En igualdad de condiciones a la lengua catalana y su utilización, para la que todos quieren una protección pero no a cambio de perder derechos individuales. Especialmente, en las escuelas, donde el español es «residual», según han confirmado los tribunales. De existir, el hecho diferencial catalán no sería 'la' lengua catalana, sino el bilingüismo.

«Al nuevo Gobierno, le pedimos tres cosas muy concretas: que garantice el derecho a poder estudiar en castellano en todas las etapas del sistema educativo, que cualquier comerciante pueda desarrollar su actividad en castellano sin que se le pueda imponer el uso de ninguna lengua cooficial y que la administración autonómica y la local hagan uso normal del castellano en todas sus comunicaciones y letreros de la misma manera que lo hacen con la lengua cooficial«, resume Ángel Escolano, presidente de Convivencia Cívica Catalana, entidad fundada en 1998 como reacción al pacto del Majestic firmado por Aznar y Jordi Pujol en 1996.

A estos tres puntos, Ana Losada aporta uno más: el reconocimiento como interlocutores a las entidades que dan la cara sin financiación pública. «Hay que dar visibilidad a los catalanes no independentistas y, para ello, es importante tratar a la sociedad catalana como una sociedad adulta, diversa y plural; y dejar de dirigirse a los catalanes como una masa compacta de ciudadanos que aceptan dócilmente los posicionamientos nacionalistas«, señala la presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe. Y añade: «Esa visibilidad también pasa por tener interlocución con los representantes de las asociaciones, no solo en época electoral sino de forma continua, para hacerlas participe de los planes de acción para Cataluña».

La síntesis de la situación la expresa Elda Mata, presidenta de Societat Civil Catalana, asociación nacida en los albores del 'procés' ilegal para hacerle frente ante la pasividad del Ejecutivo: «Es responsabilidad del Gobierno que nadie sea un paria en su tierra». Mata condensa un sentimiento generalizado: «Llevamos 45 años ninguneados por los sucesivos Gobiernos de España y al próximo Ejecutivo le pedimos que no nos desilusione de nuevo y contribuya a poner fin a un régimen iliberal, supremacista y excluyente. Reclamamos también consensos a favor de España. Los grandes partidos deben asumir la perversión de la ideología nacionalista y sus devastadores efectos en la vida de miles de ciudadanos».

A pesar de los años que van desde las primeras desilusiones, asumidas socialmente con cierta resignación, hay jóvenes que se enfrentan cada día al asfixiante radicalismo en ámbitos como la universidad. Júlia Calvet, presidenta de S'ha Acabat!, es una de ellas. No puede asistir para la foto a petición de este diario. Se disculpa y fija las líneas rojas por teléfono: «Principalmente, que el español sea lengua vehicular al mismo nivel que el catalán y que no sea discriminado como si fuera una lengua de segunda. También, es imprescindible que el Estado tenga presencia en Cataluña y que el próximo Gobierno no pacte con los separatistas. Pactar con los separatistas es pactar con los que excluyen a los que nos sentimos también españoles y es no tenernos en cuenta«.

El uso de la lengua común, oficial y mayoritaria en la región es el aspecto nuclear. Todos inciden en ello. También la representante de Docentes Libres para este reportaje, Sonia Sierra, que denuncia la imposibilidad de que los niños reciban la lectoescritura en la lengua materna, si esta es el español. Y hace referencia a los resultados, nefastos, del último informe Pirls en Cataluña. A la cola de España.

Pero advierte otra cosa, con poso político, el adoctrinamiento catalanista: «En España, la educación está en manos de los Gobiernos autonómicos y eso supone que cada uno enseña diferentes contenidos y con diferentes niveles de dificultad como demuestra el análisis de los exámenes de acceso a la universidad realizado por mi compañero Iván Teruel. Esta diversidad, además, propicia que en muchos lugares, los contenidos sean sesgados o directamente falsos. En Cataluña, por ejemplo, se obvia a España o bien se la presenta como una realidad alejada o incluso enfrentada a Cataluña«.

La cuestión del adoctrinamiento escolar no es menor. El presidente de la Asociación por la Tolerancia, Carlos Basté, así lo considera: «El nuevo Gobierno no puede renunciar a la lucha por las ideas, especialmente las de Nación y soberanía, que reside únicamente en el pueblo español y no puede ser cercenada por intereses localistas y con argumentos falsos como el inexistente derecho a decidir«. Basté preside una entidad creada en 1992 como respuesta a las primeras consecuencias de las políticas lingüísticas de la Generalitat. De aquellos polvos, estos lodos.

Siendo el de la lengua el asunto esencial, y el reconocimiento de las entidades, no solo en época electoral, un aspecto trascendental, no son los únicos temas a los que hacen referencia. Josep Bou, presidente de Empresaris de Catalunya, señala que «la estabilidad jurídica y social, generando así el clima de confianza necesario para atraer tanto talento empresarial como nuevas inversiones internas e internacionales» es algo en lo que debe trabajar el próximo Ejecutivo. Eso y «realizar inversiones públicas en infraestructuras básicas como el aeropuerto de Barcelona o la puesta en servicio, sin más dilaciones, del corredor mediterráneo, y una fiscalidad coherente, sin sobresaltos, y homogeneizando el impuesto de patrimonio y sucesiones en toda España«.

En este punto, José Domingo, presidente de Impulso Ciudadano, cita una serie de iniciativas que, con matices, son de consenso. Una ley de símbolos que los refuerce institucionalmente, reformar la Loreg para potenciar la neutralidad institucional de edificios y espacios públicos, actualizar el Código Penal para poder responder a los 'golpes posmodernos', desarrollar una ley para el 155 de la Constitución y, en materia lingüística, por citar solo algunas de las medidas propuestas, dotar de medios a la Alta Inspección de Educación. Al fin y al cabo, añade Domingo: «El peligro independentista en Cataluña no ha desaparecido y el nuevo Gobierno debe impulsar mecanismos que refuercen la autoridad del Estado destinados a corregir la deslealtad constitucional que preside la actuación de muchos políticos nacionalistas«.

Ana María Torrijos (Espanya i catalans) y Eva Higueras (Cataluña Suma) inciden, respectivamente, en lo lírico y lo prosaico, pero siempre importante: «El Gobierno tiene que conseguir que los catalanes se sientan miembros de una comunidad que comparte historia, cultura y lengua: el español« y »tiene que realizar una supervisión de las cuentas de la Generalitat para evitar que el dinero público se utilice para fines independentistas«.

Por último, Andreu Jaume, director del Centro Libre de Arte y Cultura, a quien la llamada de ABC, para la foto, le pilla fuera de Barcelona, firma un epílogo ajustado al sentir general: «El nuevo Gobierno debe dejar de oscilar entre el pacto tácito con el nacionalismo y la reacción tardía y torpe ante sus desafíos. Si no hay una nueva estrategia, sensata, pública, clara y que tenga en cuenta a todo el mundo, volveremos a lo de siempre».