La Generalitat gasta 1.000 millones en dejar vivo el «procés»

Es el sector mimado de la Generalitat, que tiene en TV3 y Catalunya Ràdio sus mayores y más potentes altavoces -pero no los únicos- para difundir las consignas nacionalistas. Este juguete lo ideó y creó Jordi Pujol, y los dos tripartitos de izquierdas de Pasqual Maragall y José Montilla lo consolidaron. Son innumerables las quejas de los partidos de la oposición y algunas asociaciones de periodistas por el partidismo, cuando no sectarismo, de estos dos medios de comunicación.

El ente público que engloba a la televisión y la radio autonómicas es la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), que cuenta con un presupuesto de 253 millones de euros, de los que 240 millones son vía directa de transferencias de la Presidencia de la Generalitat. Para cumplir su función, la CCMA tiene un auténtico ejército: 2.389 profesionales.

Bajo el rimbombante epígrafe de «medios de comunicación social», el Gobierno catalán también cuenta con la Agencia Catalana de Noticias (ACN), con un presupuesto de algo más de cuatro millones de euros, entre cuyos cometidos figura la concepción de hacer frente a la agencia Efe y marcar la línea oficial de la Generalitat distribuyendo, sobre todo a medios digitales, su información en texto, vídeo y foto. La ACN cuenta con 66 personas.

En el entramado de comunicación, la Generalitat también sufraga el Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC), un órgano polémico que, además de regular las licencias radiofónicas de emisión autonómicas y locales, resuelve sobre las quejas presentadas por la mala praxis en TV3 y Catalunya Ràdio. La elección de sus miembros depende del Parlamento de Cataluña, por lo que el control político es total. El presupuesto del CAC es de 5,8 millones.

En el apartado de la comunicación no podía faltar la ayuda económica a los medios privados. Así sobreviven, por ejemplo, gran parte de los diarios digitales en Cataluña, por lo que muchos de ellos se han convertido en los últimos años en auténticos «agitprop» del secesionismo. La Generalitat les riega con dinero mediante dos mecanismos. Por un lado las subvenciones estructurales, que simplemente han de cumplir una premisa: utilizar el catalán o el aranés en sus comunicaciones, lo que supone una discriminación para los medios que lo hacen en español. El segundo sistema de riego de dinero es a través de la publicidad institucional. Para subvenciones, Presidencia de la Generalitat tiene más de 7 millones de euros. Respecto a la publicidad institucional, que depende de Vicepresidencia, en 2018 (último año fiscalizado) se repartieron 32,4 millones de euros. Este año será algo más, pero la cifra final no figura específicamente en el proyecto de cuentas autonómicas, pues se reparte por todos los departamentos bajo el epígrafe de: «Publicidad, difusión y campañas institucionales».

«Las herramientas digitales serán fundamentales para persistir en la nación catalana hasta el día que sea capaz de controlar el territorio físico». Estas palabras las pronunció Jordi Puigneró en octubre de 2018, al poco tiempo de acceder al cargo de consejero de Políticas Digitales y Administración Pública. Ahora, Puigneró es uno de los políticos de JpC que suena para sustituir a Quim Torra, presidente de la Generalitat y condenado por desobediencia por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

El departamento de Puigneró incrementa un 84,1 por ciento su presupuesto entre 2017 (último año con cuentas autonómicas aprobadas y que se fueron prorrogando) y 2020, siendo la Consejería que, proporcionalmente, lidera esta subida de ingresos. Una de las empresas más beneficiadas es la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña (ACS) , que sustituyó al polémico Cesicat -rodeado de escándalos varios: adjudicaciones dudosas, espionajes irregulares...- y que es más conocido vulgarmente como el CNI catalán. Esta agencia tendrá 14,7 millones de euros para gastar a placer.

Pero la joya de este departamento es el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), empresa pública adscrita a la Consejería de Puigneró, que preside él mismo, y que integra todos los servicios informáticos y de telecomunicaciones de la Generalitat. Para este año, el CTTI cuenta con un presupuesto de 530 millones de euros. Toda una apuesta digital, sin duda, y solo sería eso si no fuera porque el CTTI es uno de los focos de investigación judicial que se llevó a cabo para anular el referéndum ilegal del 1-O. El mismo día que se registró la Consejería de Economía y Hacienda, en septiembre de 2017, agentes policiales con orden judicial registraron el CTTI, unos registros que se han producido desde entonces en varias ocasiones. Cualquier independencia digital de Cataluña pasa por este centro de operaciones político.

Aunque de momento no sean más que una ficción para consumo interno, la Generalitat sigue apostando fuertemente por las llamadas «embajadas catalanas». Fueron uno de los pilares básicos en 2017, cuando se intentó que a través de estas terminaciones políticas se consiguiera una mediación internacional para que los independentistas pudieran evitar la Constitución y se reconociera el referéndum del 1-O. El Gobierno catalán mantiene 15 delegaciones abiertas por el mundo que controla desde un departamento que cuenta con un presupuesto para la «acción exterior» y la «cooperación al desarrollo» (desde donde se «compran» voluntades) de casi 73 millones de euros.

Al margen de esta estructura, que imita a un Ministerio de Asuntos Exteriores a pequeña escala y, en realidad, con nulo resultado fáctico, aunque, eso sí, con mucha propaganda en Cataluña, también existe el famoso Diplocat, que al igual que la mayoría de las delegaciones en el extranjero fue cerrado cuando se aplicó el artículo 155 y reabierto nada más llegar Torra a la Generalitat . El Diplocat es básicamente una protodiplomacia y cuenta con un presupuesto de dos millones de euros que se dedican principalmente a «organización de reuniones y conferencias», con el objetivo de tejer una red internacional de personas influyentes que hablen bien de la independencia de Cataluña por el mundo.

Junto con la comunicación, la lengua catalana forma parte del eje central del nacionalismo moderno creado por Jordi Pujol. Si los medios deben ser tratados bien económicamente por la Generalitat, para crear una dependencia, la lengua, solo el catalán, debe estar presente en todos los lugares, al margen de la realidad sociolingüística. Así, aunque la escuela pública (y una amplia mayoría de la concertada) es única y exclusivamente en catalán (como lengua vehicular), esto no es suficiente para el nacionalismo.

Mediante el Consorcio para la Normalización Lingüistica (CNL), con una tropa de trabajadores de casi mil personas, un presupuesto de 32,9 millones de euros y con la excusa de la enseñanza del catalán para adultos, se consigue inculcar unos postulados políticos concretos al recién llegado a Cataluña. Desde la historia tergiversada a la realidad amoldada, el CNL sirve de correa de transmisión del nacionalismo a más de 80.000 personas al año (dato de 2018). Otro pilar en este ámbito es Plataforma per la Llengua, entidad que denuncia y señala a las empresas que usan el español, para que la Generalitat las sancione. Una de sus últimas acciones fue controlar la lengua hablada en los patios de los colegios. La Generalitat subvenciona directamente y sin concurso a esta fundación con 255.000 euros.

Pero cuando la Generalitat se refiere a la lengua catalana también habla de un concepto político: los Países Catalanes. Bajo el epígrafe de: «Subvenciones sin concurrencia del Comisionado de la Presidencia para el Desarrollo del Autogobierno», el Ejecutivo catalán sigue pagando la compra del edificio El Siglo, en Valencia, a la entidad Acció Cultural del País Valencià (ACPV), chiringuito al estilo de Òmnium Cutural que puso en marcha Eliseu Climent en los años 70 y cuyo principal argumento para recibir ayudas fue que es amigo íntimo de Jordi Pujol. Entre sus finalidades: expandir TV3 en la Comunidad Valenciana. Más de 652.000 euros en 2020 para pagar la hipoteca, más otros 265.000 euros para actividades. La Fundación Escola Valenciana, 100.000 euros, la Associació d'Amics de La Bressola (Francia), 400.000 euros y, entre otros, la Obra Cultural Balear, 30.000 euros.