Cataluña dispara un 500% la recaudación por multas a comercios que no usan el catalán

En la misma respuesta, consultada por ABC y firmada por el consejero de Empresa y Trabajo, Roger Torrent, la Generalitat precisa que las sanciones «son por vulnerar los derechos lingüísticos de los consumidores o incumplir las obligaciones en materia lingüística que establece la normativa». Aclara, asimismo, que los importes de las mismas «son una cuestión muy irregular y, en todo caso, debe tenerse en cuenta que algunas se cobran dentro del mismo año, pero otras muchas no y en algún caso se llegan a cobrar mucho tiempo después de ser impuestas». Según las estadísticas facilitadas por la Generalitat, en 2019 se abrieron 86 expedientes, por los que la Generalitat ingresó 25.087 euros; en 2020 se abrieron 46 (96.361 euros), y en 2021 un total de 18 (122.399 euros).

La Generalitat lleva desde 2010 imponiendo sanciones a los comercios que no utilizan el catalán. Lo hace mediante la Agencia Catalana del Consumo (ACA), organismo encargado de hacer cumplir el código de consumo de Cataluña, y amparándose en la Ley del Código de Consumo de Cataluña, que entró en vigor 2010, en época del tripartito de izquierdas.

Actualmente, en plena ofensiva de la Generalitat para impulsar el catalán en el ámbito social y laboral, esta normativa cobra fuerza. Lo hace pese a ser una de las medidas más controvertidas impulsadas por el gobierno catalán. De hecho, según recuerdan desde Impulso Ciudadano, «varios partidos políticos, entre ellos Partido Popular y Ciudadanos, han impuesto recursos y han solicitado formalmente la supresión de las sanciones, la detención de los expedientes en curso e, incluso, la devolución, con carácter retroactivo, de las multas abonadas por este concepto. De momento, propuestas que han caído en saco roto«.

«El impacto de estas multas lingüísticas es mucho más alto de lo que cabría imaginar. Es más, con el paso del tiempo, no paran de crecer, lo que está suponiendo un verdadero quebradero de cabeza para todos aquellos comercios y establecimientos que prefieren usar el castellano o el inglés para tratar a sus clientes. Y es que no hay que olvidar que, dentro de Cataluña, el español y el catalán son lenguas cooficiales«, denuncia Impulso Ciudadano.

Dentro de su cruzada lingüística, el Govern anunció en noviembre de 2022 la puesta en marcha de un centenar de medidas para fomentar la lengua catalana. Una de ellas, ofrecer la posibilidad a los comercios que vulneren los derechos lingüísticos la posibilidad de canjear las multas por cursos de concienciación lingüística. Convivencia Cívica Catalana (CCC), que defiende desde hace años los derechos de los castellanohablantes, denuncia que sea legal multar a los comercios por usar el castellano cuando es lengua oficial en Cataluña. Según un informe hecho público recientemente por la entidad, sólo el 15 por ciento de los comercios en Barcelona tiene el letrero en español.